Acompañado de los Secretarios Generales del SPAUAZ y del STUAZ, el Rector de la UAZ, Francisco Javier Domínguez Garay, aseguró ante los medios de comunicación que “no está en riego la viabilidad financiera” de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tal y como se publica en el periódico El Universal el día 24 de octubre en la nota titulada “Al Borde de la Bancarrota 21 Universidades Públicas”, información atribuida a un diagnóstico actuarial realizado por encargo de la SEP.

  En conferencia de prensa, realizada en la Sala de Juntas de Rectoría, Domínguez Garay refutó las aseveraciones de la reportera Nurit Martínez manifestando que en la nota de referencia no se detalla la situación de cada una de las universidades o  la razón por la que se consideran como insostenibles, agregando que en el caso de esta  Casa de Estudios “no señala los esfuerzos hechos por la institución para la disminución de los pasivos laborales”.

   El Rector argumentó que recientemente la Universidad Autónoma de Zacatecas ha emprendido “tres grandes reformas”, como son la incorporación al régimen de seguridad social (ISSSTE) desde el año de 1991; pasar a la jubilación de 25 a 30 años de servicio y la sustitución de prestaciones, lo que ha significado una disminución de obligaciones y costos de la institución al sistema de pensiones y prestaciones contingentes en más de 18 mil millones de pesos “que representan más de 18 años de subsidio público ordinario para la UAZ (en base al subsidio para este 2010”.

   Recordando la nota periodística, en donde se menciona que, de las 21 universidades en bancarrota, diez están en una “situación financiera insostenible”, debido a la carga que enfrentan por el pago de los trabajadores jubilados y pensionados –entre ellas se señala a la UAZ–, el Rector  reconoció que la institución enfrenta problemas de tipo financiero, “no hay que ocultarlo”, pero “quiero dejar muy en claro que estas insuficiencias son históricas y se deben a la falta de recursos suficientes del subsidio ordinario”.

  Asimismo Domínguez Garay  rechazó que los actuales problemas financieros pongan en riesgo a la Universidad o se deban a falta de planeación y a un crecimiento desmesurado de la planta académica y administrativa, indicado que en los últimos dos años todo aumento de personal tiene un sustento financiero a nivel federal. Como ejemplo mencionó que en el año del 2008 los recursos financieros extraordinarios necesarios para cumplir con los compromisos de fin de año eran de 250 millones, y en el presente año son de 200 millones de pesos.

   Por otra parte, expresó el reconocimiento público a la voluntad manifestada de los Secretarios Generales de los sindicatos universitarios, por continuar buscando junto con la Rectoría “garantizar la viabilidad financiera de la Institución”, Domínguez Garay detalló que gracias a las reformas emprendidas a los contratos colectivos de ambos sindicatos se tuvo un disminución de 18 mil 143 millones de pesos “que representan para la UAZ un ahorro promedio de 75.88 por ciento”, ya que de no haberse efectuado dichas modificaciones los pasivos laborales ascenderían a 23 mil 911 millones de pesos, en la actualidad son de 5 mil 767 millones.

  En el caso del personal académico los pasivos laborales serían de 19 mil 090 millones de pesos, quedando en 4 mil 756 millones. El adeudo con el sector administrativo  sería de cuatro mil 820 millones y  en la actualidad  es de un  mil 011 millones, lo que representa una disminución de tres mil 809 millones, informó el Rector.

   Entre otros datos  que fundamentan los resultados benéficos de las reformas a los contratos colectivos, Domínguez Garay mencionó la reducción paulatina del presupuesto destinado al pago por conceptos de jubilación y pensión de los últimos tres años, no obstante el incremento en número: En el año del 2008 el número de jubilados y pensionados fue de 945 (366 académicos y 579 administrativos); en el 2009 de un mil 004 (380 académicos y 624 administrativos) y en el 2010 el número estimado es de un mil 035 (398 académicos y 637 administrativos). En cambio, los costos respectivos destinados a  este concepto fueron de 152 millones 989 mil pesos (2008); 127 millones 745 mil pesos (2009) y 116 millones 634 mil pesos (2010), “es decir, entre 2008 y 2010 el costo de pensionados y jubilados ha disminuido en 36 millones de pesos”.

  Contando con el apoyo expresado de los Secretarios del  SPAUAZ, Sergio Delgado Rodríguez, y del STUAZ, Rafael Rodríguez Espino, el Rector señaló que la UAZ “continuará haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar la viabilidad financiera de la institución. Pero estos tendrán que darse de manera consensuada con los trabajadores académicos y administrativos y sus organizaciones”.

  Añadió que “es incorrecto que se pretenda hacer descargar el peso y el costo de las reformas sobre las espaldas de los trabajadores, además de los sacrificios que impone un modelo y una política económica que se ha cargado sobre ellos y sus familias”. Asimismo, dijo que “existe una cosa clara para nosotros: no es incrementado las cuotas o colegiaturas para el ingreso lo que resolverá el problema financiero de la institución”.

   Textualmente el Rector dio lectura a algunos de los párrafos del oficio de “Valuaciones Actuariales, S.C.” (despacho encargado del estudio actuarial realizado a petición de la SEP), dirigido a la periodista Nurit Martínez, en el que se le hacen algunas “precisiones”:

“Efectivamente existen universidades que no han logrado la viabilidad financiera perenne de sus sistemas de pensiones, por lo que el Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales continúa estimulando económicamente, de manea anual, a las instituciones que hayan concretado modificaciones a sus esquemas de seguridad social y las incentiva para lograr nuevas reformas”. (Al respecto, Domínguez Garay señaló que por dicho concepto la UAZ recibió 50 millones de pesos).

   El Rector prosiguió la lectura, del documento firmado por el actuario Miguel Aguirre Farías: “En mi opinión, las Universidades Públicas Estatales legalmente no pueden declararse en quiebra o bancarrota como se afirma en el encabezado”.

   Continuó citando el oficio: “El trabajo elaborado por el actuario Carlos Soto Pérez consistió en consolidar los resultados de los estudios actuariales realizados por cada una de las universidades” y  “En su artículo se analiza exclusivamente una pequeña parte de la visión económica pues sólo considera el tema de periodo de suficiencia o años de descapitalización del fondo de pensiones para catalogar a las Universidades de acuerdo con la dimensión de su problemática. Esta interpretación parcial podría sacar de contexto los resultados actuariales”.

   Por su parte, Rodríguez Espino destacó el tercer párrafo del texto de la consultoría actuarial: “Cabe aclarar que cada una de las reformas se concretó en escenarios políticos económicos y sociales diferentes, todos ellos difíciles, sin embargo, aunque los costos políticos para líderes sindicales y rectores fueron altos, finalmente predominó la responsabilidad social de los actores y con sacrificios se modificó la mayoría de los sistemas de pensiones universitarios”.

  Finalmente, el Rector y los Secretarios del SPAUAZ y del STUAZ coincidieron en buscar, en un ambiente de reflexiones, propuestas y dialogo, alternativas mejores para todos,  con el fin de “que la UAZ siga siendo la Universidad de todos los zacatecanos”. No obstante  –insistieron- “jamás se realizará a costa de incremento en colegiaturas” e –incluso- en caso de existir reformas laborales, éstas no tendrían efecto retroactivo.