El pasado 27 de abril, se dio a conocer las cifras de un estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el cual se analiza las condiciones socioeconómicas en las que viven los niños en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los resultados no podrían ser peores para nuestro país, pues la investigación refleja que en uno de cada tres niños mexicanos vive en condiciones de pobreza y marginación.

El estudio también da a conocer que en 17 de las 42 naciones que integran la OCDE la pobreza infantil ha aumentado paulatinamente desde los años 90. La mayor potencia económica mundial –Estados Unidos- ocupa el segundo lugar con el 21.9% de sus niños viviendo en condiciones de pobreza, contrario a ello, los países con menor pobreza infantil son: Dinamarca (2,4%), Finlandia (2,8%) y Noruega (3,4%).

En el caso particular de México, es alarmante la información complementaria que revela el estudio realizado por la UNICEF, ya que según lo dicho por su autora Anna Wright, «el gobierno mexicano no está haciendo prácticamente nada para reducir la pobreza infantil».

Adición a éste panorama desalentador, habrá que sumarle los niños y niñas que viven en la calle a los que son abandonados por sus padres, ultrajados, violados, explotados, violentados, obligados a prostituirse, forzados a realizar trabajos pesados o simplemente se ven en la necesidad de renunciar a sus estudios para contribuir al sustento familiar o a quienes padecen del fenómeno llamado Bullying.

Por lo anterior, me parece de fundamental importancia el programa lanzado el pasado jueves por la diputada zacatecana María de la Luz Domínguez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le Secretaría de Educación y Cultura denominado: 1, 2, 3 Por mis Derechos, que tiene como propósito dar a conocer los derechos de la niñez entre niños de segundo y tercer grado de primaria en los municipios de Zacatecas y Guadalupe, y aunque ésta primera meta es muy limitada, pues el programa debería de extenderse a las escuelas de todo el estado, a niños y niñas que cursen del preescolar hasta los jóvenes de bachillerato, es un buen inicio siempre y cuando se logre cumplir con el objetivo y no solamente sea parte de un discurso con motivo del día del niño.

Es interesante que los encargados de realizar esta difusión sean jóvenes estudiantes de las diferentes universidades que hay en la ciudad capital, porque también servirá para que ellos se interioricen en el conocimiento de los derechos humanos y particularmente de los derechos de los niños, niñas y adolecentes; además tendrán la ventaja adicional de que les será tomada en cuenta como servicio social.

En nuestro país los derechos de los niños se encuentran consagrados en el artículo 4  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Los niños y   las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, situación que a todas luces no se cumple por lo menos para el 27.7 por ciento de los infantes que habitan en nuestro territorio nacional.

Aunque no es el único caso en el que los Gobierno Federal, Estatal, Municipal e incluso los padres de familia no cumplen con lo dispuesto en nuestra Carta Magna, es importante que se inicien programas sociales y se asignen recursos para atender a quienes representan el futuro de nuestro país; así como han surgido programas de apoyo para otros sectores sociales como adultos mayores y madres solteras, también deben existir para ayudar a los niños mexicanos aunque ellos no representen una clientela electoral que reditúe con su voto los recursos destinados por el gobierno.

Es urgente que los responsables de los tres niveles de gobierno establezcan programas que garanticen la alimentación de los niños y niñas en condiciones desfavorables, así como su educación, vivienda digna, atención médica y psicológica, porque desgraciadamente cada día se hace más cotidiano leer, escuchar o ver noticias en las que se informa que son precisamente niños y adolecentes los nuevos integrantes de la delincuencia organizada o común.

Ojalá y programas como el 1, 2, 3 Por mis Derechos sigan surgiendo, pero sobre todo y más importante es que sean ejecutados de manera eficaz, donde los resultados sean medibles y palpables, de lo contrario, sólo se quedará en un catálogo de buenas intenciones como ocurre con el texto del artículo 4 de la Constitución y con la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes.

PUNTO FINAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la ex gobernadora Amalia García debido a las violaciones legales que ha cometido el contralor Guillermo Huizar Carranza, que buscó sancionar “en caliente” a García Medina, sin permitirle siquiera su derecho a la legítima defensa. Fue la ministra Olga Sánchez quien hizo suya la petición de la ex mandataria para que la SCJN conociera del amparo que interpuso para resguardar su derecho a no auto inculparse, por ello el asunto ahora está en los terrenos que Amalia domina a la perfección.

Email: hectoral.22@gmail.com Twitter: @hectoralvagom

*Licencido en Ciencias de la Comunicación y Docente en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas.