Quizá la intención del régimen dominante nunca fue  integrar a los ciudadanos al esquema electoral del país para una democracia real.  O  tal vez fueron los partidos políticos los que terminaron adueñándose de la institución encargada de los comicios en nuestro país. Pero lo cierto es que a 20 años de su creación, el Instituto Federal Electoral (IFE) es un organismo vapuleado, desacreditado y cooptado por el sistema de partidos, en el que no hay lugar para la participación ciudadana.

En las élites partidistas y en los órganos electorales afirman que por supuesto existe la participación ciudadana: el día de las elecciones cuando los mayores de 18 años acuden a emitir su voto y quienes “cumplen su responsabilidad democrática” al participar como funcionarios de casilla encargados de contar los sufragios, y luego resulta que hasta son acusados por los partidos de no contar bien las boletas, como ocurrió en 2006.

Con tan grandes concesiones pareciera que sí, que efectivamente los procesos electorales se han ciudadanizado. Pero si de entrada nos ponemos a ver quiénes son los consejeros electorales  del IFE (y del IEEZ, incluso), lo primero que salta a la vista son los nexos de éstos con los partidos, ya sea por lazos familiares, amiguismos,  simpatías y coincidencias ideológicas. Luego, en el proceso de elección de estos “representantes ciudadanos”  resulta que son los partidos políticos, a través de sus grupos parlamentarios, los encargados de la selección,  por lo que las designaciones son el resultado de negociaciones en lo oscurito para ver quién pasa, pero sobre todo quién les garantiza  la lealtad y la no objeción a las  corruptelas políticas.

Además, ¿no son acaso estos mismos diputados quienes asignan  conforme su criterio los recursos económicos al  órgano electoral y elaboran la  leyes que establecen las responsabilidades de estos representantes ciudadanos?  Lo que ello genera es un IFE supeditado a los partidos políticos que se ve reflejada cuando las decisiones del Consejo General son debatidas y acordadas conforme   a los intereses de la clase política.

Y qué decir de los intereses económicos que imperan en las resoluciones del IFE, pues no sólo sucumbió ante la hegemonía partidista sino a la fuerza del oligopolio televisivo mexicano. Basta con  recordar las endebles propuestas de sanción a TV Azteca y Televisa por las violaciones del año pasado  a la reforma constitucional electoral de 2007  que establecían, en el mejor de los casos, ridículas multas  frente al claro desafío mediático a la ley. Otras  infracciones ni siquiera fueron objeto de debate.

Si alguna vez el IFE fue un organismo ciudadano, muy poco queda de él.  A 20 años de su creación,  la imagen del órgano electoral es la un ente partidizado y parcial, en el cual se privilegian más las lealtades que las capacidades y  la representatividad social. 

No estamos pues tan lejos de los procesos electorales de antaño, esos en donde era la Secretaría de Gobernación la que dirigía los comicios  y la oposición tenía pocas posibilidades frente el partido hegemónico. A estas alturas, el IFE  tampoco pertenece a la ciudadanía sino a una clase  formada por  todos los partidos que, ahora sí, se han repartido consejerías y direcciones en su beneficio. 

La actuación del IFE mucho menos obedece al interés ciudadano, sino al de los intereses económicos y políticos que son los únicos que pesan en este país.