La Legislatura del estado aprobó que se protección a los peregrinos que irán a Villanueva; pedir se investigue quienes agredieron a un payaso y se proteja a los que se dedican a esa actividad y, en otra aprobación, se incluyan recursos para la promoción y desarrollo de actividades turísticas.

Durante la sesión ordinaria de este martes, se conoció, primero  Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y a la Policía Federal para que, con las facultades que les confieren las leyes aplicables a la materia, refuercen el cuidado de las personas que peregrinan hacia Villanueva con motivo de las fiestas patronales de ese lugar.

Exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Zacatecas, a mejorar el acotamiento de la carretera federal 54 para facilitar el traslado seguro de personas que hacen el trayecto hacia Villanueva a pie; y que Protección Civil ponga unidades de auxilio.

La Iniciativa se aprobó con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención.

También considerado como un asunto de urgente y obvia resolución, se aprobó con 21 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, por la que esta Asamblea Soberana emite un atento exhorto, en primer término, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que investigue la agresión que recibió el payaso “Cristalito”, y para que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y la Policía Metropolitana, fortalezcan las medidas de vigilancia en el estado para evitar que sigan sucediendo estos hechos delictivos.

Otro punto aprobado fue que se permita atraer más visitantes y crear más y mejores empleos, fue aprobado por unanimidad de los asistentes, el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Lyndiana Bugarín Cortés, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluyan recursos para la promoción y desarrollo de actividades turísticas, así como para la salvaguarda del patrimonio cultural de la ciudad histórica de Zacatecas, Capital, así como de otros Municipios con vocación turística, en especial, los Municipios de Jerez de García Salinas, Nochistlán de Mejía, Pinos, Teul de González Ortega y Sombrerete.

Se conocieron las iniciativas, primero, del diputado Luis Medina Lizalde, de Ley de Austeridad Republicana del Estado de Zacatecas, que establece la disminución de las remuneraciones de los puestos altos en el servicio público; la eliminación de los bonos y percepciones extraordinarias, la supresión de los servicios médicos privados, de los seguros de separación individualizada y las cajas de ahorro especial para alta burocracia de los tres poderes públicos del Estado, de los órganos autónomos y de las autoridades municipales.

El diputado Osvaldo Ávila Tizcareño, dio a conocer a sus homólogos la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Ordenamiento de la Propiedad y de Asentamientos Humanos Irregulares de Zacatecas, que tiene como objeto social la búsqueda de la regularización de aquellos asentamientos humanos que no cumplen con las disposiciones legales de la materia, otorgándoles las escrituras a los colonos que conforman tales asentamientos.

Con estos instrumentos, no solo se otorgará certeza jurídica de sus lotes, sino también se otorgará la posibilidad de que en ellos puedan construir sus viviendas que de manera posterior serán el único patrimonio familiar que les de protección y la posibilidad del desarrollo como individuos integrantes de una sociedad como la nuestra, en la que la política gubernamental se solidariza con las clases vulnerables y más desprotegidas.

Se propone que un nuevo organismo público descentralizado, en virtud de que nacen otras atribuciones con las que actualmente no cuenta el Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas, la propuesta es que el régimen de fraccionamientos rurales se encuentre bajo la competencia del organismo público descentralizado naciente, denominado Comisión de Ordenamiento de la Propiedad en Zacatecas, (COPROZAC), con el objeto de agilizar los procedimientos y lograr que los detentadores de bienes sujetos al régimen de fraccionamientos rurales obtengan la escritura que les de la calidad de propietarios.

A fin de inhibir la incertidumbre jurídica y de propiedad, que generan los fraccionamientos irregulares, éste convirtiéndose en un gran problema para los municipios que conforman el Estado de Zacatecas, impactando directamente en la administración pública municipal y estatal, la diputada Guadalupe Isadora Santivañez Ríos, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adicionan diversos puntos del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

La Iniciativa propone adicionar la Fracción V del artículo 31 del Código Penal para el Estado de Zacatecas; y el Capítulo II BIS. Delitos contra el Desarrollo urbano y el artículo 165-BIS del mismo, quedando de la siguiente manera:

El pago del valor estimado de las obras necesarias para introducir los servicios básicos, así como el valor de los lotes que eventualmente deban ser desalojados por encontrarse en futuras vías públicas o áreas necesarias para la dotación del equipamiento urbano, y el valor que corresponda a las obras necesarias para dar acceso vial al predio, conforme a lo establecido al artículo 165-BIS de este mismo código.

Se plantea adicionar el Capítulo II BIS. Delitos contra el Desarrollo urbano y el artículo 165-BIS del mismo, quedando de la siguiente manera:

Publicitar, gestionar o promover la compraventa de lotes rústicos o urbanos, que hayan sido fraccionados o divididos sin contar con el permiso de la autoridad administrativa estatal o municipal o sin haber cubierto los requisitos del permiso que se haya obtenido.

El diputado Samuel Reveles Carrillo presentó ante las y los diputados, la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el que esta Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la Comisión de Vigilancia, instruye a la Auditoría Superior del Estado, audite los Informes de Avance de Gestión Financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas correspondientes al año 2015 y el primero del año 2016, e informe a esta Soberanía sobre el resultado de los mismos.

Se contempla además, que la Legislatura de Zacatecas, a través de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, convoque a las autoridades universitarias, al titular del Poder Ejecutivo y a la ciudadanía, a una Mesa de Diálogo por la Universidad que podría llevarse a cabo en el edificio del Poder Legislativo Estatal cuya agenda de trabajo realicen previamente las partes en mención.

La Iniciativa es en correspondencia al apoyo solidario y activo que se ha brindado a la UAZ por importantes sectores de la población, y en particular del Poder Legislativo, por lo que se hace imprescindible que las autoridades universitarias, en todos sus niveles, expliquen el ejercicio detallado de los recursos económicos recibidos tanto del gobierno federal, así como del gobierno estatal vía subsidios aprobados constitucionalmente y los propios obtenidos por concepto de cuotas matriculares y otros servicios ofrecidos por la Institución.

El diputado Santiago Domínguez Luna, hizo uso de la Tribuna para exponer ante las y los diputados, la Iniciativa de Punto de Acuerdo, por el se exhorta al Congreso de la Unión para que en termino de sus atribuciones expida la ley reglamentaria del Artículo 4° Constitucional en lo que respecta al Derecho a la alimentación con la participación de Organizaciones campesinas e indígenas.

Expuso la promovente, que se deben adoptar las medidas necesarias, y en particular medidas legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos, como lo es el de la alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre, reafirmado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, que también instó a encontrar mejores formas de aplicación de los derechos en materia de alimentación, por lo que consideró que para poder avanzar en el derecho a la alimentación es necesario legislar y hacer políticas públicas a favor de los medios de producción.