Los tres poderes de la unión deberían pedir una disculpa pública a la nación, por tener que legislar y debatir sobre cómo pagar por el daño que han causado a las familias mexicanas, por no saber garantizar el bien jurídico tutelado de mayor relevancia: la vida, dijo David Monreal Ávila, Senador de la República, al fijar su postura sobre las reformas a la ley de víctimas.

Es paradójico, dijo «que los tres niveles de gobierno sean quienes generen las víctimas, y sean los mismos quienes paguen con dinero público sus errores, abusos y excesos».

Eso anterior cobra sentido si se toma en cuenta que hay aspectos sumamente abandonados y que deberían ser atendidos, como es el caso de la prevención de delito y una eficaz persecución y sanción de los delitos, pues es más viable estabilizar los cimientos que brinden seguridad a todos los mexicanos, que tratar de subsanar los mecanismos conducentes cuando el daño ya se ha consumado y que en muchos casos resulta irreparable.

Recordó que «México se ha proyectado internacionalmente como un violador sistemático de los derechos humanos». Esto a pesar de ser un Estado que se obliga a observar la mayoría de los instrumentos internacionales en la materia, pero que en la práctica ha sido incapaz de materializar algunas disposiciones que en los mismos se contienen.

Muestra de eso es el lamentable crecimiento de los reportes sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, los cuales incluyen desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y, en el peor de los casos, homicidios, todo ello sucede bajo la impunidad del Estado y con la complicidad de una omisa procuración de justicia.

«Es cierto, las víctimas o sus familiares tienen derecho a recibir al menos, algún tipo de compensación por el daño sufrido, que si bien no vuelve las cosas al estado en que se encontraban, al menos les da una pequeña sensación de justicia, en medio de tanta impunidad y vacío de poder. A pesar de ello el dolor y el sufrimiento de las víctimas son indescriptibles, pero las más recientes reformas aprobadas por el Senado de la República dejan de lado muchos otros vicios que debieron ser tratados con antelación para que no se sigan generando más daños a las víctimas de las conductas antisociales», puntualizó.

Para Monreal Ávila, «la responsabilidad del Estado, y en particular por lo que hace al Poder Ejecutivo, es evidente, pues hasta el momento no se ha podido garantizar la paz social, la vida y la seguridad de los mexicanos.

Es por eso, que la Ley de Víctimas y este dictamen son el símbolo del fracaso de la estrategia y las políticas públicas en materia de seguridad».

Lamentó que a pesar del fuerte reclamo por fortalecer la Comisión de Atención a Víctimas, el Gobierno Federal ha decidido no sacar las manos de este organismo, y ha preferido mantener cierto control en su interior.

No basta con darle un toque ciudadano, es necesario dejarla actuar por sí sola y se debe comprender que la ciudadanía no quiere un organismo que huela a gobierno, porque saben de antemano que los vicios podrían persistir y prolongar aún más la afectación a los sujetos que resintieron el hecho delictivo.

Por eso, las modificaciones aprobadas no terminan de convencer a muchos, pues permite que la Comisión siga manteniendo un perfil allegado al Gobierno Federal, el cual no garantiza confianza ni plena certeza de su actuar en favor de las víctimas.

Se trata de un reclamo social que se realicen todas las diligencias pertinentes, que se diseñen los mecanismos necesarios para atender de raíz una problemática que día con día se configura como una característica de la sociedad mexicana.