Por David Monreal Ávila

• Crimen de Estado y violencia estructural

 El caso Ayotzinapa es emblemático para toda la sociedad mexicana. La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” son desaparecidos, presuntamente por el grupo criminal “guerreros unidos” y miembros de la policía municipal, con posibles nexos que vinculan al Ejército Mexicano.

Al ser servidores públicos los presuntos agresores, este acto se clasificó como crimen de Estado y se inició una averiguación para encontrar a los jóvenes y a los responsables.

Estos alumnos que se preparaban para ser docentes, vivían en un contexto de pobreza y violencia estructural por ubicarse en Guerrero, uno de los 5 estados más inseguros del país y uno de los 3 más pobres. Provenían de distintos municipios y habían logrado cierta organización política; de hecho, fue en el marco de los preparativos de la marcha conmemorativa del 2 de octubre (alusiva a la matanza de Tlatelolco), que sucedieron los trágicos hechos.

Para estos jóvenes el cultivo de amapola y la narcoviolencia eran parte de su día a día, sin embrago se mantenían disidentes y críticos ante la realidad nacional, con una ideología que para muchos podría resultar inconveniente, pues como sucede en muchos otros casos, apuntaban hacia los privilegios y el despojo que determinaba su vida académica, económica y social.

Todavía recordamos la desfachatez del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, cuando dijo: “no puedo permitir que interroguen a mis soldados”, interponiéndose a la investigación; o el cínico “Ya me cansé” del Murillo Karam, en aquel tiempo titular de la PGR.

Tuvo que concluir el Gobierno del PRI y la era neoliberal para que la 4t retomara las investigaciones.

La mañana del 1 de agosto, 2 de los 5 miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegaron a México para retomar las líneas de investigación pendientes en el caso Iguala.

Además, ex funcionarios como el propio Murillo Karam, el ex gobernador Ángel Aguirre, el ex procurador Iñaki Blanco y el entonces secretario de seguridad, serán citados a declarar en las próximas semanas.

Asimismo, como lo dio a conocer el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, “se iniciará una investigación de funcionarios de la Fiscalía General de la República y jueces para deslindar responsabilidades en donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia se favorece el pacto para el silencio e impunidad”.

Esta fecha se hace especialmente sensible por su cercanía con otros 2 días significativos: el caso Rosendo Radilla que el pasado 25 de agosto cumplió 45 años, y el 30 de agosto que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.