Las presiones económicas que enfrenta el gobierno estatal ante al cierre del año, ahogan las finanzas estatales, informó Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas del estado, se enfrentan obligaciones superiores a oos dos mil millones de pesos, y se carece de ingresos para enfrentar la situación.
El gasto en el sector educativo para este mes, noviembre y diciembre es de 949 millones 165 mil 126 pesos, sumados los pasivos anteriores, a eso se suman los recursos para el cierre de organismos desconcentrados del sector educativo, que alcana los 464 millones 913 mil pesos.
Se requieren cubrir ampliaciones irreductibles por mil 98 millones 22 mil 623, y liquidaciones por 30 millones de pesos, que ya son cubiertos desde el mes pasado y en el actual.
A ese adeudo se añaden pasivos contingentes, resultado de las revisiones que han realizado diferentes entes fiscalizadores como la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la del Estado (ASE) así como las secretarías de la Función Pública estatal y federal por cinco mil 994 millones 313 mil 942 pesos.
Miranda Castro refirió que la situación financiera que recibe la presente administración, que inició su gestión el pasado 12 de septiembre, presenta diversas presiones de gasto y ciertas contingencias “sin que exista correspondencia del ingreso”.
Todo eso obliga a realizar gestiones ante el gobierno federal, y a llevar a cabo una reforma hacendaria estatal para el próximo año, eso en la búsqueda del equilibrio presupuestal.
La a deuda pública del estado es de siete mil 698 millones 646 mil 666.65 pesos, distribuida en nueve operaciones bancarias.
El costo de la deuda en la administración 2010 -2016 fue de cuatro mil 2 millones 313 mil 836 pesos, de esos, un mil 379 millones 875 mil 212 pesos fueron para capital, el resto para cubrir comisiones.
El costo alto en el pago de comisiones se debe a que, en su momento, se contrataron préstamos que no tenían que ser aprobados por la Legislatura estatal denominados “cortos”.
Pero reconoció que al no poder ser pagados pagarse, tuvieron que ser integrados a una propuesta de largo plazo, avalada por la Legislatura del estado.