Ante las restricciones que con frecuencia los periodistas enfrentan para informar u opinar sobre asuntos públicos y las agresiones hacia ellos, que se han incrementado en medio del clima de violencia que hoy padecemos, la libertad de expresión es un derecho continuamente vulnerado en este gremio. Por eso son constantes los reclamos para el respeto al libre ejercicio de la libertad de expresión, a la que incluso, se le asignó el 7 de junio como día para su conmemoración.

Sin embargo, la libertad de expresión no es exclusiva de comunicadores y periodistas sino un derecho humano por el que cada individuo puede expresar sus ideas en los diversos conductos, mismo que se ve afectado por la concentración de medios en pocos manos. Y lo que es peor: esta libertad de expresión de los periodistas no sólo es vulnerada por actitudes autoritarias del Estado, sino que en la mayoría de los casos, las restricciones provienen de las propias empresas en las que laboran.

La autocensura de la información se determina con base en los intereses económicos e ideológicos de los dueños, así como en las relaciones de los directivos con el poder político y la esfera social, por tanto la emisión o restricción de alguna noticia, dependerá más de los criterios de publicidad, tiempo aire y posibilidades de impacto de la información.

Asimismo, se olvida que la sociedad tiene derecho a contar con una pluralidad de información, oportuna y veraz, que permita conocer los asuntos de interés general y propicie la toma de decisiones en la esfera que a cada uno corresponde. Por ello es que este derecho universal se transgrede por la concentración de los medios en unos cuantos y la marginación de pequeñas empresas y medios públicos, lo que lleva a que la realidad que los grandes conglomerados presentan sea ad hoc a la ideología dominante y poco tenga que ver con el mundo real.

A final de cuentas, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información se han restringido a las empresas mediáticas, con el argumento del derecho a la propiedad, cuando lo paradójico es que su patrimonio, si se trata de radio y televisión, se basa precisamente en la concesión del Estado para el uso del espectro radioeléctrico, mismo que de acuerdo a la Constitución y leyes reglamentarias, pertenece a la Nación, violentándose de esa manera un bien de carácter general por los intereses de unos cuantos.

En ese contexto, los intentos de regulación del Estado Mexicano se han enfrentado al rechazo de los empresarios mediáticos que arguyen precisamente atentados a la libertad de expresión, usándola a su favor, para continuar concentrando estaciones, acaparar publicidad y presentar al público, en la mayoría de los casos, una programación de poca calidad que más que promover la educación y el conocimiento, enajena al televidente con información manipulada, violencia y pobres contenidos. Eso mientras los dueños censuran a sus propios trabajadores.

El jurista italiano, Luiggi Ferrajoli, ataca la idea de colocar en un mismo cajón a los derechos fundamentales y a la propiedad privada. Es decir considerar a la propiedad privada como un derecho fundamental del hombre y por tanto acotar la libertad de expresión a las empresas mediáticas, que se lo han apropiado como una concesión exclusiva. Por el contrario, la libertad de expresión debe asumirse como un derecho al que cada individuo debería tener acceso sin las restricciones que imponen el dinero o la afinidad política.

Afortunadamente el surgimiento de nuevas tecnologías ha permitido que la sociedad tenga acceso a otras alternativas comunicativas para expresar sus ideas, sus críticas y sus propuestas.

Principalmente el internet, a través de medios que no se rigen sólo por la cuestión económica sino por una vocación para informar, así como las redes sociales,  son nuevos espacios de discusión en los que cada vez más personas  participan y se desenvuelven, lo que contribuye a que poco a poco se dé paso a una real pluralidad de opiniones y a la construcción de ciudadanía.