Los nuevos amagos de linchamiento contra la exgobernadora Amalia García Medina y de miembros de su gabinete, ventilados hoy a través de los medios por parte de Guillermo Huizar, contralor del Gobierno de Zacatecas, confirman la burda utilización de la “justicia” como instrumento para satisfacer las venganzas personales de Miguel Alonso Reyes en contra de su antecesora en la gubernatura del Estado.

Con total descaro y desfachatez, el gobernador de Zacatecas, por conducto de su contralor Guillermo Huizar, hasta hace unos días presidente del Partido del Trabajo en la entidad, ha adelantado que la cacería de brujas contra nuestra compañera continuará por lo menos en los primeros meses del próximo año, pretendiendo sacar raja política de la manipulación de cifras y de la tergiversación de datos que han merecido ya la presentación de una demanda penal por daño moral en contra de los autores intelectuales de dicha falacia.

A más de un mes de que el peón de Ricardo Monreal, convertido ahora en gobernador, revelara supuestas irregularidades durante el gobierno de la exgobernadora, ninguno de los presuntos involucrados en las “investigaciones” ha sido requerido ante las autoridades correspondientes, y la mayoría ni siquiera ha sido notificado de acusación alguna, como es el caso de la propia Amalia García, lo que deja en claro que el priista continuará administrando en los medios de comunicación el caso para satisfacer las aspiraciones de su Jefe rumbo a las elecciones para el GDF en 2012.

Esta campaña de desprestigio contra Amalia García, con la que el gobernador de Zacatecas busca saldar los favores recibidos por parte de la familia y el Partido de Ricardo Monreal durante su campaña a la gubernatura, confirma el acuerdo preexistente entre el PRI y el PT de apoyar, llegado el momento, la candidatura del senador petista al gobierno de la Ciudad de México.

Exigimos a Miguel Alonso Reyes, Guillermo Huizar y Arturo Nahle, gobernador, contralor y procurador de Justicia del estado de Zacatecas, dejar de lucrar mediáticamente y notificar a la brevedad a los “involucrados” en este caso para aclarar ante las instancias pertinentes la serie de mentiras en las que se basa el expediente creado ex profeso para intentar ensuciar la imagen de Amalia García y el trabajo realizado a su paso como gobernadora del estado.

Dichos personajes no pueden continuar medrando electoralmente con un asunto tan delicado como son las finanzas de un Estado. El gobernador y sus alfiles tienen la obligación de responder jurídicamente a la demanda penal interpuesta por Amalia García en su contra, por haber utilizado todo el aparato gubernamental del estado de Zacatecas para difamar y denostar sin ningún reparo a la exmandataria.

Lamentablemente, para infortunio de todos los zacatecanos, la realidad que se vive en la entidad es el avasallamiento de un gobierno que a pocas semanas de haber asumido el poder ya ha dado muestras del fundamentalismo y odio que permeará en el Estado en los próximos seis años.