Por Gabriel Contreras Velázquez

Era un tema que se creía superado, pero la Legislatura del estado ha vuelto a tropezar con sus propios privilegios. Sí, constitucionalmente las y los diputados deberían fungir como “gestores” de las demandas y peticiones de los habitantes de sus distritos; no obstante, ese deber, establecido en el artículo 66, ha deformado en lo que conocemos hoy: representantes populares dedicados a la asistencia social.

No lo fueron siempre así. Hasta antes de la 61 Legislatura, los diputados erogaban alrededor de 70 millones (más menos, de acuerdo a la ampliación anual) de pesos en “servicios generales”, capítulo 3000, de acuerdo a la clasificación del objeto del gasto en la administración pública federal y local.

El presupuesto total que la Legislatura calculaba para la operación de los servicios generales, se dividía entonces de acuerdo al trabajo en comisiones. Esto obligaba, hipotéticamente, a destinar más recursos a las comisiones que mayor productividad mostraban en cada ejercicio legislativo.

No fue sino hasta que Rafael Flores Mendoza, a la sazón diputado por el Partido de la Revolución Democrática en aquella polémica 61 Legislatura, promovió un punto de acuerdo para que un porcentaje del total de recursos que las y los legisladores gastaban en la operatividad de las distintas comisiones (y sus secretarías técnicas), se destinara oficialmente para “beneficencia social”.

Esto obligó a modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que las herramientas legislativas tuvieran cabida, pero ahora en los recursos de cada uno de las y los 30 diputados. De acuerdo a la fracción XV, del artículo 24 de esta Ley, las y los diputados ahora quedaban obligados a: “Presentar el soporte documental que compruebe el ejercicio de los recursos que reciban para gastos de gestión legislativa, administrativa y social”.

De esta manera, los diputados absorbían, personalmente, una buena parte del gasto de los “servicios generales” de la Legislatura. Es una práctica que inició en el año del 2011, cuando los diputados decidieron transferir el 20% del gasto del capítulo 3000, al capítulo 4000: ayudas sociales, donativos, gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, etcétera.

Pero concluiría la 61 Legislatura con una proporción totalmente distinta: 40% destinado a servicios generales, y 60% a lo que ahora se conocen como “herramientas legislativas”.

Para dar una idea de lo que aquello representaba, de acuerdo a la solicitud de información contenida en el oficio UEPLEZ/000487/2014, de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 61 Legislatura, en julio de 2014, se especifica que el concepto de “Gasto Social” de cada diputado ascendía a 133 mil 354 pesos, más 92 mil 242 pesos erogados en “Servicios Legislativos y Administrativos”.

Sin embargo, dicha proporción desaparecería al inicio de la 62 Legislatura, cuando el ex director de administración y finanzas, Javier Albano Bernal González planta la idea en la cabeza de Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval de trasladar el total del gasto al Capítulo 4000. De esta manera, el Poder Legislativo mutó a una nueva entidad de beneficencia pública, dejando para un segundo momento sus tareas naturales (hacer leyes).

Curiosamente, Bernal González aterriza en el Congreso del Estado en marzo de 2014 con la encomienda de suplir el trabajo de Antonio Valadez Briones, entonces envuelto en la controversia que generó un audio donde presuntamente Gobierno del Estado ofrecía a cada diputado 100 mil pesos por la aprobación del presupuesto de egresos 2013, durante el sexenio de Miguel Alejandro Alonso Reyes.

Bernal, maestro en derecho fiscal, con experiencia en auditorías y contralorías de despachos privados, encontró la fórmula para que cada diputado engullera alrededor de 200 mil pesos mensuales, del total del presupuesto de la Legislatura (aproximadamente 72 millones al año). No obstante, la reforma electoral del 2014 se cruzó en el camino de las “herramientas legislativas”.

Con la armonización de la normatividad electoral en Zacatecas, entre 2014 y 2015, se introdujo de forma temprana la posibilidad de que tanto los legisladores como las planillas de los ayuntamientos, pudieran ser electos consecutivamente para un periodo adicional; lo que conocemos hoy como “reelección”.

A diferencia de los legisladores federales, los diputados locales de la 62 Legislatura obtenían una nueva prerrogativa: trabajar con el objetivo de repetir en el puesto. Era cuestión de tiempo para que las “herramientas legislativas” encontraran resistencia con el proceso electoral, ya que, se imaginó, serían factor de inequidad en la contienda.

No tendría por qué serlo, ya que para ello existen topes de gasto de campaña, e hipotéticamente la fiscalización de los gastos de “gestión social” estarían a la mano del Instituto Nacional Electoral, pero fue la resistencia a transparentar íntegramente el destino de los recursos de cada diputado, la que inyectó una dosis importante de desconfianza al ambiente.

Baste recordar, por ejemplo, que en enero del 2017 la diputada Iris Aguirre Borrego terminó de comprometer la efectividad de las “herramientas legislativas” cuando de una “gestión” de 12 mil pesos, buscó obtener a cambio 11 mil 500. La triangulación de dinero se convirtió en una constante.

Fue así como los diputados condenaron, en poco tiempo, un precepto constitucional que no nació para el financiamiento personal.

#Coincidencias: El día de ayer hubo relevo en la Comandancia de la 11ª Zona Militar, con sede en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Deja el puesto el general de brigada Guillermo Almazán Bertotto, para desempeñarse ahora como agregado militar en la Embajada de México, en Washington, Estados Unidos.

Llega a llenar el espacio el general de brigada Rogelio Castellanos Campos, quien recientemente daba órdenes como subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Qué le aportará al Grupo de Coordinación Local de Seguridad? Ahí queda el primer pendiente.

Twitter: @GabrielConV