Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional, dieron a conocer las denuncias de juicio político presentadas por diversos ciudadanos en contra de la titular de una de las dependencias de la administración pública estatal, por incumplir con su obligación Constitucional de comparecer ante la Legislatura del Estado a contestar los cuestionamientos de diputados y diputadas, derivados de la glosa del primer informe de Gobierno del Ejecutivo del Estado.

En un comunicado, se establece que en reunión de las comisiones de examen previo, se determinó admitir a trámite una de las denuncias interpuestas y emplazar a la persona servidora pública denunciada para que para que en un plazo de diez días hábiles rinda un informe circunstanciado por escrito, y exprese lo que a sus intereses convenga.

Agotadas las etapas y trámites correspondientes, las comisiones de examen previo emitirán el dictamen respectivo que habrá de someterse al Pleno de la LXIV Legislatura, y que podrá determinar en dos vías.

La primera, por la absolutoria para que él o la servidora pública continúe en el desempeño de su cargo.

La segunda, si la resolución que adopte la Legislatura fuese condenatoria, el jurado de instrucción ordenará la separación inmediata del cargo y dará vista con el expediente al Tribunal Superior de Justicia, el cual tendrá el carácter de jurado de sentencia y determinará el tiempo durante el cual el servidor o servidora pública permanecerá inhabilitado.

Se añade que el comunicado se emite con fines informativos, y se debe tener en consideración la presunción de inocencia, y nadie puede ser considerado culpable hasta en tanto no se pronuncien en forma definitiva las autoridades competentes.