Referente al Paquete Económico 2016, el secretario habló sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo para una reestructuración financiera de pasivos por 5 mil 700 millones de pesos y de 1 mil 500 millones de pesos para el pago de créditos a corto plazo, utilizados en 2015 para cubrir el déficit de gasto educativo, así como un crédito nuevo por 1 mil 700 millones de pesos para cubrir esa deuda, en 2016.

Destacó que ante la negativa de los legisladores, éstos modificaron y aprobaron un monto para el déficit educativo de sólo 1 mil 350 millones de pesos; así como una deuda adicional autorizada por 700 millones de pesos, contratados durante 2016.

Soto Acosta reiteró que al no contar con las cantidades presentadas por el Ejecutivo, los sectores que se verán perjudicados son los siguientes.

Para el Poder Legislativo se autorizaron 398.5 millones de pesos; es decir, 15.7 millones de pesos menos respecto a la propuesta hecha por el mandatario; mientras que el Poder Judicial disminuye 48 millones de pesos, quedando en 406 millones de pesos.

Los organismos autónomos decrecen 27 millones de pesos, quedando en 2 mil 014.5 millones de pesos, incluyendo el crecimiento propio de la UAZ, respecto a la aportación estatal.

La mayor disminución que se tiene en el presupuesto la absorbe el Poder Ejecutivo, con 427.7 millones de pesos menos, contra la propuesta que originalmente ya había contemplado una disminución respecto a 2015, de 140 millones de pesos.

Dichas disminuciones se observan principalmente al sector Educativo, con un recorte de 323 millones de pesos directamente a gasto operativo, más 450 millones, incluidos en la ley de ingresos como déficit, y 850 millones de pesos contemplados en aportación federal, que se obtienen a partir de gestiones adicionales, consideradas como apoyo extraordinario para cierre de ejercicio 2016.

A la Secretaría de Finanzas se le restaron 20 millones de pesos, que afectarán programas recaudatorios, mientras que a la Secretaría de Salud se le redujeron 22 millones de pesos, lo que implicará no cumplir con la regularización de los trabajadores del sector.

Al DIF Estatal se le restaron 10 millones de pesos que afectarán el desarrollo de algunos programas sociales, y a la Secretaría de Infraestructura se le disminuyeron 20 millones de pesos, recursos que afectarán las obras realizadas por la administración y, por lo tanto, el no pago a listas de raya.

Las previsiones económicas y salariales se vieron afectadas por el orden de los 113.7 millones de pesos, donde se incluye la previsión para contingencias climatológicas, apostándole a que no haya heladas, sequías, lluvias atípicas o cualquier otro evento.

La diferencia entre la iniciativa presentada por el Ejecutivo con respecto al presupuesto de egresos aprobado por la Legislatura del Estado es por el orden de 1 mil 638.2 millones de pesos; sin embargo, Soto Acosta refirió que el incremento no es real.

Lo anterior lo detalló al informar que en la propuesta original se había contemplado un pago por el servicio de la deuda de sólo 446.6 millones de pesos, mientras que en la propuesta de los legisladores se tiene que realizar por la cantidad de 2 mil 362 millones de pesos, al no haberse autorizado la reestructura, así como el total de los ingresos adicionales y cortos plazos contemplados.

En términos generales, la disminución del crédito por 1 mil 700 millones de pesos solicitados, pone en riesgo los compromisos para pagos de adeudos con instituciones como el ISSSTE, ISSSTEZAC y el IMSS.

Finalmente, Soto Acosta aseguró que se reforzará el programa de austeridad, implementado en 2013, para poder cumplir con el presupuesto asignado por parte del Poder Legislativo.