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En los últimos días nuestro país viene siendo objeto de amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos.
La hostilidad económica, política y de derechos humanos emprendidas por el presidente Donald Trump, violenta flagrantemente tratados internacionales suscritos por ambos gobiernos cuyo aval atestiguan el concierto de naciones con voz y voto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Convención de Viena; la Corte Penal Internacional (CPI); la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Estatuto de Roma.
Esta situación de amenaza perturbadora y consistente por parte de un gobierno extranjero y, vecino, mantiene en peligro permanente la seguridad nacional y del territorio mexicano, eleva el riesgo de sufrir violaciones en sus garantías individuales los connacionales con doble nacionalidad mexicana/estadounidense, con residencia legal y bajo la figura de indocumentados en los dominios de los Estados Unidos.
Tal situación crítica se acentúa ante el desprestigio y escasa legitimidad que el titular del poder ejecutivo federal goza entre el pueblo y la comunidad internacional por encabezar un gobierno señalado como uno de los más corruptos del mundo, que lo reduce en confiabilidad y fortaleza para encarar el escenario de amenaza que nos ocupa.
Por tal virtud y, en mi carácter de ciudadano mexicano en pleno goce de mis derechos constitucionales, decreto lo siguiente:
1.- Desplazar a las gloriosas fuerzas armadas hacía la frontera norte y a los intereses estratégicos de la nación para prevenir cualquier agresión por parte del gobierno hostil de los Estados Unidos.
2.- Aplicar una tasa impositiva del 30% a todos los productos que ingresen a territorio nacional con la leyenda: made in usa. Se exceptúan los medicamentos y material quirúrgico adquiridos por hospitales públicos.
3.- Se aplicará una tasa impositiva del 50% sobre la comisión que cobren por cada remesa, a las empresas de envíos de dinero que operen en nuestro país, cuando ésta exceda el 7% entre comisiones, recargos o impuestos sobre la base del envío.
Asimismo, se aplicará el 20% de descuento del IVA que paguen en México, siempre y cuando la comisión o gravamen sobre la suerte principal no exceda del 7%.
4.- Se reduce la franquicia de importación de nacionales a 50 dólares por equipo de transporte (automóvil, autobuses de pasajeros, motocicletas, y bicicletas); peatones con mayoría de edad, que ingresen a territorio mexicano vía terrestre, marítima o aérea.
Se exceptúa a nacionales con ciudadanía o residencia legal en los Estados Unidos, siempre y cuando sea menaje usado. Visitantes y turistas, incluidos aquellos con pasaportes estadounidenses
4-1.- Se ordena la instalación de las oficinas de enlaces y personal de apoyo de los legisladores federales fronterizos para que vigilen las 24 horas, siete días a la semana, el cumplimiento de dicha disposición con apego a derecho. Con cargo a los recursos etiquetados para operar dichas oficinas.
4-2.- Se ordena la transmisión abierta y permanente por internet de los cruces internacionales, terminales aéreas y puertos marítimos por interés de los nacionales para corroborar el honesto desempeño de los funcionarios de la policía fiscal y agentes aduanales.
5.- Se decreta la homogeneidad salarial de todos los empleados en México que trabajen para empresas fundadas o con origen en los Estados Unidos; es decir, la homologación del salario mínimo que pagan éstas en territorio estadounidense.
Transitorios:
A.- Exíjase al congreso federal para que dentro de sus facultades expresas en la carta magna, que por tratarse de una situación de excepción, retire del cargo al titular del poder ejecutivo federal en turno y se convoque a elecciones urgentes antes del 1 de junio del presente.
Dicha medida conlleva la responsabilidad de elegir a un nuevo jefe de la nación con la fuerza de la legalidad y legitimidad, que encare con virilidad, inteligencia y patriotismo la hostilidad del gobierno de Donald Trump.
Cúmplase a la brevedad.
P.D. Ante las amenazas, hidalguía; para el gobierno hostil, la seguridad de nuestras razones e intereses y, para el traidor/corruptor, ni oportunidad de oro, ni puente de plata. Sólo la cárcel reivindicaría la justicia y restauraría el Estado de derecho en México.