Jacobo Cruz Tobón

En octubre de 2022, unos mil comuneros tepehuanos de Durango se reunieron en la localidad San Rafael de las Tablas para invadir tierras agrícolas, ganaderas y boscosas ubicadas en Valparaíso, Zacatecas, que desde hace décadas están en posesión de 300 ejidatarios y 150 pequeños propietarios.

Una vez asentados en ellas, los indígenas duranguenses exhibieron documentos que los reivindican como dueños originales de las tierras; argumentaron que éstas pertenecieron a sus ancestros o’dam (el nombre aborigen de su lengua) y denunciaron que los “mestizos” zacatecanos explotan ilegalmente “sus” bosques, praderas ricas en pastos para ganado y montes de orégano.

Sin embargo, el presidente municipal de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, reveló que si bien es cierto que las tierras se hallan en litigio, los campesinos zacatecanos disponen de documentos oficiales que avalan su posesión legal y aclaró, asimismo, que la mayoría de éstos también son indígenas.

El alcalde solicitó a los gobiernos estatales de Zacatecas y Durango, así como a la Secretaría de Gobernación (Segob), que intervengan pronto para evitar un posible choque violento entre los grupos campesinos; y que resuelvan definitivamente ese conflicto agrario.

La incursión de los tepehuanos en Zacatecas es una de las muchas que han ocurrido en los últimos años; el litigio tiene antecedentes históricos; pero la más reciente se produjo poco después de septiembre de 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó el municipio de El Mezquital, Durango.

En esa ocasión, el mandatario federal, en respuesta a una demanda de los campesinos tepehuanos en esa región, se comprometió a ordenar la revisión de los títulos de propiedad territorial en Valparaíso; “cuenten con nosotros”, les dijo, en caso de que en la demanda se les diera la razón.

Esta expresión –con la que el mandatario soslayó la presencia de varios grupos de la delincuencia organizada que mantienen en zozobra permanente a los pobladores de ambos estados– fue interpretada por los indígenas de Durango como un aval para resolver el litigio por cuenta propia y lo más pronto posible.

Logran acuerdos temporales

El ocho de junio de 2023 hubo una reunión en la que participaron los secretarios generales de Gobierno Héctor Vela Valenzuela (Durango) y Rodrigo Reyes Mugüerza (Zacatecas); funcionarios de las secretarías de Gobernación y Desarrollo Agrario y Territorial Urbano (Sedatu); la Procuraduría Federal Agraria (PFA), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el Registro Agrario Nacional (RAN); los presidentes municipales de El Mezquital, Durango y Valparaíso, Zacatecas y los dirigentes de las comunidades indígenas y campesinas de ambas entidades, la cual debía resolver el conflicto mediante el diálogo y la legalidad.

Al término de la reunión se emitió un acuerdo suscrito el 29 de junio por el alcalde de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, y el abogado de los tepehuanos, Jesús Escobedo Acevedo, cuyo contenido puede ser consultado en la página de Facebook Valparaíso Municipio. El documento consta de cuatro compromisos:

1.- Conducir las acciones de las partes hacia un cauce institucional, con apego estricto a la normatividad aplicable vigente.

2.- La integración de un comité técnico con autoridades de los estados de Zacatecas, Durango, Jalisco y Nayarit para, física y documentalmente, ubicar el territorio reclamado por la comunidad indígena tepehuana, así como conocer los documentos que sustentan la propiedad actual.

3.- Mantener la mesa de diálogo entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y las partes en conflicto de forma permanente, con el compromiso de que la comunicación sea por escrito para debida constancia.

4.- La salida inmediata de los Tepehuanos de los territorios invadidos, así como el compromiso de no realizar incursiones.

En el comunicado oficial, que incluye el acuerdo, se reseña que las autoridades reunidas a principios de junio realizaron un recorrido por la región invadida en octubre de 2022 por los campesinos tepehuanos; también se pudo constatar que éstos se retiraron del área; además, sus actuales posesionarios la retomaron; y con ello se eliminó la posibilidad de violencia entre los involucrados.

Pendiente la solución definitiva

El acuerdo fue, sin duda, un avance importante para evitar el riesgo de un enfrentamiento violento entre campesinos; pero en tanto el gobierno de AMLO no verifique a quienes corresponde el derecho de propiedad histórica de las tierras en disputa, el conflicto se mantendrá latente.

Es decir, aún falta que tal solución temporal sea complemente con una resolución legal, definitiva y pacífica del conflicto con base en la buena disposición de la comunidad tepehuana para lograrla. Este último factor es muy importante, porque la actual situación social, económica y política es demasiado complicada.

Este asunto pone a prueba la capacidad de diálogo y conciliación de los gobernantes morenistas en sus tres niveles, especialmente en el caso del Presidente, quien antes de formular compromisos debería reflexionar en torno a las consecuencias de su demagogia, cuyo objetivo es ganar simpatías y adeptos.

Entre varios antecedentes de este conflicto destaca lo sucedido el siete de noviembre de 2000, hace 23 años, cuando unos mil integrantes de la etnia o’dam, en el municipio de El Mezquital, Durango, armados con machetes y armas de fuego irrumpieron en localidades de la sierra de Valparaíso, Zacatecas, de donde robaron cosechas de orégano.

En esa ocasión exigieron a los campesinos de 13 ejidos de esa región que desalojaran 35 mil hectáreas que –aseguraron– les pertenecían, y exhibieron un título de propiedad fechado en el año 1705 y emitido por autoridades del virreinato de la Corona Española.

Otro incidente similar ocurrió en el sexenio del exgobernador Ricardo Monreal Ávila, cuando comuneros de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, Durango, despojaron de sus tierras, viviendas y ganado a sus vecinos del ejido Bernalejo de la Sierra y de comunidades como Pajaritos, ubicados en Zacatecas.

Éstos opusieron resistencia al principio; pero ante la superioridad numérica de los campesinos tepehuanos, que además contaban con el respaldo del entonces gobernador duranguense Ángel Sergio Guerrero Mier, debieron ceder el terreno para no ser víctimas de la violencia.

Y mientras los ejidatarios zacatecanos explicaban que se habían establecido ahí desde hacía unos 100 años y que no tenían a dónde ir, en 1999 llegó el decreto expropiatorio del ejido por el gobierno del entonces Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).

El decreto fue ejecutado por el expresidente panista Vicente Fox Quesada, quien sucedió a Zedillo en la Presidencia de México en el año 2000; y los afectados recibieron una indemnización económica según la extensión de los terrenos.

Algunos se avecindaron en Valparaíso y Fresnillo y otros se fueron a otras entidades federativas con ese mal recuerdo y el sentimiento de que el Gobierno Federal actuó de mala fe debido a cuestiones políticas ajenas a ellos.

En los campesinos zacatecanos existió la presunción de que el entonces Gobierno Federal del Partido Revolución Institucional (PRI), encabezado por Zedillo, se desquitó con ellos porque Ricardo Monreal había abandonado las filas del tricolor y ganado la gubernatura con las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).