El sistema electoral en nuestro país ha evolucionado a través del tiempo y de una serie de acontecimientos que han permitido avanzar en materia electoral con el propósito de transparentar los procesos y legitimar a las autoridades y representantes del pueblo.

De esta manera ha habido siete reformas en la materia, originadas por experiencias y exigencias de los mexicanos. Después de la revolución en México se instauró un sistema de gobierno que al paso del tiempo se volvió dominante, autoritario, paternalista y único; que para sostenerlo, el grupo en el poder debía controlar las formas de elección y todo lo que ello implica, es decir las elecciones se dirigían desde el Poder Ejecutivo y su Partido Político, limitando por todos los medios el surgimiento de nuevas opciones y propuestas.

La reforma de 1977 impulsada por Jesús Reyes Heroles tenía como esencia que las minorías tuvieran representación política y abrir las puertas a otras formas de pensar y concebir los asuntos de la nación; con la elección proporcional, registro “condicionado” de partidos y su participación en elecciones estatales y municipales fueron elementos iniciales para el desarrollo democrático. En este tiempo los Colegios Electorales (integrado por diputados y senadores) eran los encargados de realizar los cómputos y si se llegara a presentar alguna controversia era resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el Recurso de Reclamación.

En 1986 se instauró una instancia jurisdiccional en materia electoral, el Tribunal de Contencioso Electoral (TRICOEL) que resolvía sobre actos de la autoridad administrativa encargada de llevar a cabo las elecciones, sin embargo los Colegios Electorales seguían teniendo en sus manos la calificación final de las elecciones. La autoridad encargada de realizar las elecciones era la Comisión Federal Electoral integrada en su mayoría por representantes del Partido en el Poder (PRI) lo que ponía en considerable desventaja a las demás fuerzas políticas. Esta Comisión fue la que organizó la elección de 1988 y a la que se le imputa el fraude electoral, circunstancia que motivó una reforma constitucional que estableciera reglas equitativas en las contiendas electorales.

Así en 1990 surge el Instituto Federal Electoral (IFE) como un órgano autónomo constitucional (aunque seguía dependiendo del Poder Ejecutivo) integrado por el Secretario de Gobernación, el Poder Legislativo, los Partidos Políticos y ciudadanos, con atribuciones que establecían reglas un poco más claras y precisas, como por ejemplo, reglas para integrar el Padrón Electoral, el financiamiento a los Partidos Políticos, etc., pero estas reglas siguieron modificándose (1993, 1996…..) con la finalidad de ampliar las atribuciones del Instituto para dar mayor certeza y equidad a los procesos, en cuanto a materia de fiscalización a los Partidos Políticos hubo un gran avance, entre otros. Asimismo en 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral con una sala central y 4 salas regionales en principio, con intervención aún de los Colegios Electorales que seguían realizando los cómputos; en 1993 el TRIFE se constituye ya como un órgano con carácter jurisdiccional que califica la elección de diputados y senadores sustentada en bases jurídicas y no políticas como se venía haciendo en los Colegios Electorales.

Todas estas reformas si bien constituyeron un gran avance en materia electoral, no eran suficientes ante los nuevos escenarios que se presentaban en la vida política del país, así que fue necesaria una reforma de emergencia que garantizara procesos electorales transparentes y confiables que coadyuvaran a la estabilidad del país, en 1994 se modifica la integración del IFE con la representación unipersonal de los Partidos, con derecho sólo a voz y no al voto; se integra además con seis consejeros ciudadanos, sigue presidiendo el Consejo, el Secretario de Gobernación y se mantienen los cuatro consejeros del Poder Legislativo con derecho a voz y voto; la ciudadanización del Consejo General del IFE abona a la imparcialidad en las decisiones que toma este órgano. De igual forma se avanzó en lo relativo a los observadores electorales, pudiendo ser un ciudadano en lo individual o en grupo el que vigile cada una de las etapas del proceso y no sólo la jornada electoral. Con estas reformas se llevó a cabo el proceso en un ambiente de tranquilidad y conformidad entre las fuerzas políticas que contendieron.

Con la finalidad de ir avanzando en la construcción de procesos electorales más equitativos, en 1996 se llevó a cabo otra reforma integral en materia electoral, en la cual se establecía la integración del Consejo General del IFE dejando fuera al Poder Ejecutivo, quedando en manos de nueve Consejeros Ciudadanos (uno de ellos fungía como Presidente) las decisiones de este órgano, además lo integraba un representante del Poder Legislativo por cada grupo parlamentario y un representante de cada Partido Político. Las atribuciones del IFE se ampliaron considerablemente en materia de fiscalización a los recursos de los Partidos Políticos, el IFE podía realizar auditorías, pedir informes, hacer verificaciones, instaurar procedimientos y sancionar. Por su parte el Tribunal Federal Electoral pasa a hacer ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrándose al Poder Judicial con una Sala Superior permanente y 5 salas regionales temporales; se extiende su competencia para conocer sobre constitucionalidad de los actos y se convierte en la última instancia para declarar la validez de una elección, ya sea de diputados, senadores o presidente de la República; y se instaura el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. A la par de estas reformas hubo otras de gran relevancia relativas a los Partidos Políticos, en cuanto a la concesión de espacios en Radio y Televisión, la distribución del financiamiento (30% igualitario y 70% proporcional a la última votación de diputados), el control de recursos privados (afiliados, simpatizantes, rendimientos bancarios), entre otras. También la integración de la Cámara de diputados se modificó quedando 300 legisladores electos en los distritos electorales uninominales y 200 legisladores de representación proporcional, en cuanto a los senadores se mantuvo en 128 sin embargo se redujo a tres por cada una de las 32 entidades del país, y 32 más por representación proporcional cerrada y bloqueada. Otra de las reformas consistió en que las autoridades del Distrito Federal se elegirían por voto, eligiendo a un jefe de Gobierno y 16 jefes delegacionales.

La Reforma Electoral de referencia tenía como prioridad el fortalecimiento del IFE y el Tribunal Electoral, otorgándoles atribuciones que les permitieran llevar a cabo su encomienda, se establecieron las condiciones para que los subsecuentes procesos electorales se llevaran a cabo en un mejor escenario; y así pasó el proceso de 1997 y 2000 en donde se presenta la alternancia en el poder llegando el Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República. Ante estas nuevas condiciones de contienda, en un ambiente de mayor equidad y transparencia, surge la confiabilidad de los ciudadanos y de los actores políticos, además se presenta algo muy importante “el equilibrio de poderes”, el Ejecutivo y su Partido ya no tenían mayoría en ninguna de las cámaras, y después pasó con las entidades del país, dando pie a lo que conocemos como pluralismo. Fue época de grandes e importantes cambios en el país, un gran avance de la democracia por vía de las elecciones.

Llegó el 2006 y no en el mejor escenario político ni social; las reglas electorales ya habían quedado rebasadas en varios aspectos, porque el desarrollo del Sistema Electoral mexicano ha sido un vaivén a lo largo de la historia, impregnado de experiencias, ensayos, pruebas, etc. que no es estático sino cambiante y complejo. Así que, en virtud de que los resultados para la presidencia de la República del proceso de 2006, fueron sumamente cerrados entre un contendiente y otro, las omisiones de la ley se hicieron más evidentes y se presentó nuevamente el fenómeno social de desprestigio y falta de credibilidad en la organización del proceso, lo que originó otra reforma electoral, nuevamente derivada de una realidad que superó a las reglas electorales, aparecieron elementos y nuevas circunstancias que había que regular y así en el 2007 se trabajó la reforma a la normatividad electoral.

Los puntos, a groso modo, que se regularon en la reforma de 2007 fueron los siguientes: financiamiento público para los partidos políticos, prohibición absoluta en la compra de espacios en Radio y Televisión por parte de los Partidos Políticos, reducción de tiempos de campaña, precampañas, modificación al periodo de duración del cargo de Consejeros y Magistrados Electorales y la facultad de las salas del Tribunal Electoral para controlar la constitucionalidad de las leyes electorales.  

Los cambios sistemáticos que se han presentado a través del tiempo han sido originados en su mayoría por circunstancias y experiencias que tuvieron, en su momento, en desequilibrio al país, sin embargo esos cambios, que si bien han costado mucho construir, se han dado en un ambiente de diálogo y negociación, estableciéndose compromisos para definir las reglas del juego, y eso es rescatable, los mexicanos hemos tratado de evitar que los cambios se generen con violencia y es algo que debemos valorar.

La mecánica electoral en materia de Partidos Políticos ha funcionado fortaleciendo este sistema, pues aumentó la capacidad competitiva, lo que permitió alcanzar mayores espacios en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), esto en su momento fue saludable para el quehacer político donde las divergencias y negociaciones se hicieron necesarias; pero una vez que los Partidos Políticos se consolidaron surgieron otros problemas, había que reglamentar su actuación y marcar límites, es así que muchas de las reformas electorales de la historia han sido dirigidas hacia ellos, con el propósito de ir poniendo candados a sus conductas. En la actualidad se han convertido en un poder de facto, ha sido tal el poder que ejercen, que deciden y dirigen el país, han surgido partidos que se manejan como empresas familiares que no cumplen con los fines que le confiere la ley. Y ante esto es necesario ahora equilibrar esta situación, porque ahora el Poder Ejecutivo propone iniciativas que son necesarias para el desarrollo del país y las diversas fuerzas políticas en el Poder Legislativo no pueden ponerse de acuerdo para avanzar y aprobar cuestiones determinantes en beneficio de México.

A falta de un Reglamento que regule la vida interna de los Partidos Políticos el Tribunal Electoral emitió una tesis de jurisprudencia a efecto de establecer las medidas mínimas que deben considerar los Partidos en sus documentos básicos: la existencia de una asamblea u órgano equivalente, mecanismos de protección de derechos para sus afiliados, procedimientos disciplinarios, procedimientos de elección, regla de mayoría y mecanismos de control de poder.

Existen varias reformas electorales pendientes de análisis y discusión, los legisladores deberán valorar cuestiones como la ampliación de los cargos de elección, la reelección, candidaturas independientes, formas de fiscalización, etc. puntos que están en el tintero y que han surgido de experiencias pasadas. Como se puede observar las reformas electorales son interminables es un área del derecho que requiere de actualización constante y permanente que vaya de acuerdo a una realidad dada, así que seguiremos en el estudio y análisis de esta interesante área.