Este jueves se levantó el acta de inicio de revisión de la Cuenta Pública 2016, la firma estuvo a cargo del auditor superior del estado, Raúl Brito Berúmen, y Judit Guerrero López, presidente municipal de Zacatecas.
Ante el síndico José Encarnación Rivera, el contralor municipal, Fernando Becerra Chiw, y del presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Valerio Núñez, y del personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE), inició el trabajos de fiscalización.
Tras recibir al auditor, la alcaldesa recordó que se recibió una nómina inflada y deudas de tres administraciones que afectaron las participaciones otorgadas por el estado, “eso nos coloca en una condición tremenda”.
Ante ese panorama, dijo, se requiere “saber en qué condiciones exactamente se recibió, tener las observaciones claras que nos permita asumir la responsabilidad de cada administración de lo que hizo o dejó de hacer, y en qué condiciones lo hizo; eso nos permite dejar las bases de un mejor desempeño”.
Pretendemos decir, agregó, así recibimos y así entregamos en muy breve tiempo, “ya cuando acordemos vamos a estar entregando y esperemos que entonces se recobre la normalidad en la disposición de tiempos y los ritmos necesarios; como administración nos hemos visto obligados a duplicar nuestro esfuerzo y a acelerar el paso”.
Mientas otras administraciones ya llevan cuatro meses, esta apenas lleva 59 días; “la expectativa de la gente es mucha y nos está empujando. Mientras los otros ya tenían delegados y comités de participación, nosotros apenas los estamos constituyendo. Vamos a ritmos apresurados, atendiendo lo que la ciudadanía exige”.
Judit Guerrero dijo que el ayuntamiento estará atento a recibir las orientaciones de la ASE, “hemos estado trabajando en conjunto y hemos platicado la pertinencia de mantenernos en una línea muy institucional; sabemos que el salir y declarar y denostar sin bases firmes para hacerlo, no le ayuda al clima que se vive en este momento en Zacatecas”.
“Lo que Zacatecas quiere es acuerdos, concordia. Que ya nos pongamos a realizar cosas y que avancemos; obviamente que se finquen las responsabilidades correspondientes, esperando que sean las instancias las que realicen su trabajo, las que finquen la responsabilidad, y nosotros hacer nuestro trabajo con mucha transparencia y compromiso, para que cuando nos toque entregar lo hagamos en las mejores condiciones, y quien nos suceda, que no pase por lo que nosotros estamos pasando”, externó.
En su mensaje, el auditor resaltó este acto institucional con el que se inician los trabajos de fiscalización, por lo que felicitó al ayuntamiento por haberla presentado en tiempo y forma.
“Viendo todos los problemas –por llamarlos de alguna manera– que se tuvo un presidente en el 2016, posteriormente un alcalde interino y seguido por un Concejo Ciudadano, es de reconocerse el trabajo de los miembros de este ayuntamiento, porque sé que es difícil llegar, ver en la computadora el programa de armonización contable y muchas veces no está alimentado correctamente y que muchas veces no se deja la evidencia de los asientos contables”.
De manera estricta, aclaró el auditor, esta administración no tendría ninguna responsabilidad por haber iniciaron en enero, “pero tiene la responsabilidad de presentar al cuenta pública y de atender las observaciones que les vaya haciendo la auditoría”.
Ofreció la disposición de ser más preventivos que correctivos, “de ayudarlos y asesorarlos de la mejor manera, con la única finalidad de que se rindan cuentas y sean transparentes como lo exige la sociedad”.
Detalló que la Ley de Fiscalización indica que este proceso se lleva seis meses, en sus distintas etapas: se dan a conocer los resultados preliminares y el acta de confronta, y luego se manda el informe a la Legislatura.
Posteriormente se otorgan 20 días hábiles para presentar las pruebas que consideren necesarias para desvirtuar alguna observación, presentar algún expediente incompleto, alguna justificación y sustentos de algún gasto que se hubiera hecho.
Por ahora todo es institucional, puntualizó Brito Berúmen, “pero las sanciones resarcitorias no son institucionales; si fuera el caso, se tendrían que abrir las audiencias de ley de manera personal. Las acciones resarcitorias no son de manera institucional, esperemos que no se llegue a eso”, concluyo.
El acta fue leída por Julio Alberto Reséndez Nava, director de Auditorías a Obra Pública, y enlace se nombró al secretario de gobierno municipal, Manuel Ibarra Santos.