Termino constitucional que ya fue vencido.

                                                              

“DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008

 

 

“QUINTO.-El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto…”

 

El Sistema de Penitenciario o Reinserción Social como ahora se le menciona, es un reto histórico para el sistema judicial y de ejecución de sanciones de nuestro país, el 18 de junio del año 2011 se vence el plazo de tres años que establece el artículo quinto transitorio respecto a la reforma constitucional del 2008.

Antes de iniciar con nuestro análisis jurídico, quisiera mencionar algunos datos estadísticos referente al sistema penitenciario en nuestro país, el tema de las cárceles, centros de readaptación o centros de internamiento tienen un problema de hacinamiento. Ante este problema se ha optado por construir más centros de internamiento aun cuando la construcción ha sido muy lenta no creemos que sea la mejor solución, en el ámbito internacional México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que Estados Unidos que ostenta el primer lugar en este rubro, cuenta con 756 reclusos por cada cien mil habitantes. El promedio internacional es de 145 reclusos por cada cien mil habitantes.

Para darnos una idea de la magnitud del problema que enfrenta nuestro país en el sistema penitenciario la desaparecida Secretaria de Seguridad Pública Federal, público en cuadernos mensual de febrero de 2011, que tenemos una población penitenciaria total a 229,426 internos de los cuales 4.52%  son mujeres. Del total 80.28% corresponden al fuero común y el restante 19.72% al fuero federal.

En cuanto a la dependencia de los Centros Penitenciarios, de la misma fuente se puede saber que existen ocho centros federales con capacidad de 13,214 internos; el total de centros penitenciarios de internamiento es de 429, con capacidad total de 182,905 espacios, en 195 de estos centros existe sobrepoblación.

Además de problema de sobrepoblación, el 60%  de lacárceles y/o centros de internamiento del país tienen sistemas de autogobierno y están bajo del control del crimen organizado, así lo dio a conocer el Presidente de la Comisión Nacional de  Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva en septiembre del 2012.

De acuerdo con los datos que dio a conocer el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2012, Plascencia Villanueva dio a conocer que entre 2010 y el 2012 en el país se registraron 14 fugas, en las que se evadieron 521 internos; 75 riñas que dejaron como saldo de 352 fallecidos y dos motines con un saldo de dos fallecidos y 32 lesionados.

Esta realidad del sistema penitenciario mexicano, debe encender una señal de alarma urgente, la cual debe ser atacada con reformas que ataque de raíz el problema de corrupción y falta de organización dentro de los Centros de Internamiento así como establecer perfectamente las reglas y procedimiento a seguir para el otorgamiento de beneficios, los cuales en razón a la transparencia y legalidad con  que se den, resulta ser la mejor arma para el control de los Centros de internamiento.

La intención de mejorar la estructura de las cárceles de nuestro país en buena, pero no va ser suficiente, ante la falta de reformas a las leyes y reglamentos que operan, la Federación y los Estados tienen la obligación de realizar reformas importantes que den una giro total a la operación de los Centros de internamiento en nuestro país. Se podrán construir cada año más cárceles pero no serán suficientes ante la falta de reglamentación y normatividad que de claridad a los internos sobre las reglas a seguir para poder cumplir con las penas que fueron impuestas por el Poder Judicial de la Federación y/o de los Estados en su caso.

Ante la falta inminente de acuerdos en el Congreso de la Unión las Cámaras de  Senadores y Diputados, no han aprobado la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, por esta razón el sistema penitenciario federal se rige bajo una Ley de normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados que fue publicada el 19 de mayo de 1971, no hay equivocación en la fecha, efectivamente el Sistema Penitenciario Federal se rige bajo una Ley publicada hace 42 años, la cual es totalmente obsoleta y falta de claridad en las reglas a seguir en la forma de cumplir con las penas establecidas así como en la forma de poder obtener beneficios preliberacionales.

Actualmente los internos sentenciados del Fuero Federal, cumplen sus condenas sin la claridad legal sobre cómo y cuándo y bajo que condición, podrán solicitar beneficios preliberaciones, situaciones que se definen mediante el estudios de un expediente y bajo criterio que pueden ser tan cambiantes con el estado de ánimo de los funcionarios que tienen la gran responsabilidad de resolver el otorgamiento de un beneficio de los sentenciados federales. No es posible que ante la falta de una Ley que tenga las reglas a seguir ante un problema por demás inminente en nuestro país, un sistema penitenciario tan complejo y grande se esté rigiendo por una ley que tiene vigencia de hace 42 años.

Será objeto de nuestro análisis el artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional del 18 de Junio del 2008,  tomando en cuenta el estado que guarda la implementación de dicho sistema de reinserción social como ahora se le denomina, valorando los comentarios anteriores, hago mención de las siguientes apreciaciones:

El dar la facultad tanto a la Federación como a los Estados y  Distrito Federal de adecuar  y/o implementar un Nuevo Sistema de Reinserción, derivado del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en lo que a su modalidad se refiere, sea regional o por delito. Abre una brecha sin precedentes en la historia de impartición de Justicia en el ámbito penal.

Su no observancia vulnera además las garantías individuales de toda persona consagradas en la Constitución, deja abierta la temporalidad de su cumplimiento y observancia y por ende en completa indefensión al individuo.

En ese orden de ideas y por lo que respecta a lo establecido en el transitorio Quinto en cuanto a la implementación de un Sistema de Reinserción, se deben citar varios aspectos que por principio de cuentas son determinantes para la obtención de un beneficio de libertad anticipada, prelibertad y/o remisión parcial de la pena y por consecuencia su reinserción social:

Es por ello y atendiendo a la problemática actual, en lo que al ámbito penal se refiere, principalmente el alto índice de criminalidad en gran parte de las entidades federativas. Lo que deriva en sobre población penitenciaria, aunado a las reglas y términos de concesión de beneficios en base a una Ley de Normas Mínimas obsoleta totalmente rebasada por la actualidad y criterios unilaterales para su aplicación, tratándose de sentenciados por el fuero federal, así como la gran mayoría de las Leyes que se aplican para el control de internos del fuero común en los Estados de la República,lo que impiden en un primer momento lograr una fehaciente y confiable reinserción del individuo.

No perdamos de vista que el Sistema de Reinserción tema de nuestro artículo se encuentra establecido en un Transitorio Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Junio del 2008, donde se establece además un tiempo específico para su aplicación, por consecuencia, estamos ante un retraso al tiempo límite para su implementación de un año.

De entrada se vulnera la garantía establecida en el art. 17 constitucional, párrafo primero:

 

“…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

 

Vale señalar los derechos que ampara el 18 constitucional en cuanto a la implementación de un Sistema que permita la capacitación, el trabajo y educación del sentenciado y que ello sea elemento determinante y  le permita en un futuro ser sujeto a una reinserción digna.

En lo referente a lo establecido en el Artículo 21 Constitucional  que delega de manera exclusiva a la Autoridad Judicial la imposición de las penas, su modificación y duración, sin que se cuente con una normatividad secundaria en la que se establezcan reglas de operación o lineamientos que permitan a dicha autoridad  tener los elementos necesario para su implementación sobre lo que a un Sistema de Reinserción derivado de la concesión  de un beneficio en  los que se establezcan las condicionantes para su aplicación.

 

Estos señalamientos nos permiten identificar las necesidades que por principio de cuenta debemos cubrir, modificación a las normas de ejecución de las penas, la integración de un órgano regulador del Sistema de Reinserción, así como el involucrar a las Autoridades y Empresas Particulares, donde se establezca su participación, lo que permitirá mayor  certeza y confiabilidad de que la persona sujeta a un sistema de reinserción cuente con los elementos suficientes para iniciar una vida digna y productiva, tanto para su bienestar personal como para la sociedad.

 

 

 

 

Lic. Samuel Montoya Alvarez