Durante la sesión legislativa de este jueves, los diputados de la LXI Legislatura aprobaron cuatro puntos de acuerdo y dos iniciativas de Decreto, entre los primeros están la solicitud a la Secretaría de Educación para que se flexibilicen los requisitos de admisión a los hijos de migrantes a las escuelas de educación pública en el Estado, particularmente el requisito de apostilla de documentos.

 

Un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se constituya una subcomisión al interior de la Comisión Legislativa de Educación Pública y Servicios Educativos, responsable de vigilar las estrategias planteadas en la reforma constitucional en materia educativa, para que la educación media superior esté al alcance de todos los jóvenes de nuestro país, con el fin de impulsar su pleno desarrollo.

 

Uno más que  exhorta al Titular de la Secretaría de Educación para que en los procedimientos de asignación de plazas que lleguen a celebrarse se respeten estrictamente las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás normatividad aplicable.

 

Y se aprobó el punto de acuerdo mediante el cual esta Legislatura celebra el respaldo del Gobierno de la República y del Congreso de la Unión, a la acción ejecutiva de responsabilidad migratoria impulsada por Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, lo que fue considerado como un paso histórico que se  traduce en un gesto de colaboración entre ambas naciones.

 

En relación a las  iniciativas de decreto aprobadas, se encuentran la  propuesta de archivar en forma definitiva las reformas promovidas el día 10 de diciembre del año 2013, las cuales han quedado sin materia, toda vez que el ordenamiento legal respecto del cual se propuso la modificación fue abrogado con motivo de la entrada en vigor de una nueva Ley de Educación.

 

Y una más que  permite la  implementación en el sistema educativo,  de programas que fomenten la igualdad de género y el respeto absoluto a los derechos humanos, que abran el camino a la superación de las mayores barreras representadas por  la inequidad de género, entre otras, el acceso igualitario al mercado de trabajo.

 

Desincorporación de  inmueble destinado al Campus de Innovación Tecnológica

La diputada Hilda Ramos (PRI) dio lectura a la iniciativa de decreto, por el que se solicita se autorice al gobierno del Estado a desincorporar de su patrimonio un bien inmueble para el desarrollo del Campus de Innovación Tecnológica. Se argumentó que dentro de los ejes estratégicos del plan estatal  de desarrollo, el impulso a la ciencia, tecnología e innovación, es un elemento indispensable para mejorar las condiciones de vida de los zacatecanos.

 

Con la donación del terreno se busca la creación de un campus que entre sus fines están el ser un instrumento de fomento y promoción para la economía del conocimiento, donde se vinculen de forma productiva academia, empresa y gobierno.

 

En voz de la diputada Elisa Loera de Ávila (PRI), presidenta de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se declara “Heroica” a la ciudad de Guadalupe.

 

En la exposición de motivos se dio a conocer que durante la Toma de Zacatecas, una vez lograda la victoria de los revolucionarios, esta ciudad se convirtió en el punto de encuentro de varios de ellos, los cuales posteriormente se reunirían en Aguascalientes para realizar la Convención que lleva el nombre de esta ciudad. “Guadalupe  ha sido un espacio que ha brindado importantes servicios a la entidad y a la nación; además, en la actualidad es uno de los espacios económicos, políticos y sociales más importantes del Estado; por ello, vale la pena reconocerla como Ciudad Histórica”, declaró la legisladora.

 

“Para seguir manteniendo y sobre todo para incrementar el potencial turístico zacatecano, es necesario que el sector público y privado generen innovaciones para ser aprovechados por los prestadores de servicios turísticos en beneficio de aquellas personas que visitan nuestros destinos y atractivos”, argumentó el diputado Héctor Pastor Alvarado (PRI), al presentar al pleno la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Turístico del Estado.

 

La propuesta  busca plasmar en dicha ley  los términos de Turismo Cultural y Turismo de Reuniones y Negocios; es decir, el entendimiento de turismo cultural como un viaje turístico el cual es motivado con el objetivo de conocer, comprender y disfrutar todos aquellos elementos que distinguen a una sociedad; y al Turismo de Reuniones y Negocios, como otra de las ramas del turismo que tiene como objetivo el impulso y promoción en la Entidad, de actividades relacionadas con aspectos laborales, de mercado, profesionales o económicas.

 

José Haro de la Torre, diputado del grupo parlamentario “Transformando Zacatecas” expuso al pleno la propuesta por la cual se adiciona un artículo 152 Bis del Código Urbano del Estado de Zacatecas.

 

La iniciativa busca coadyuvar con las autoridades dedicadas a la regulación de las gasolineras y estaciones de servicio para que dentro de la normatividad aplicable a dicho menester, se establezca la adecuada distribución geográfica, permitiendo con ello preparar al Código Urbano para trabajar conjuntamente con los ayuntamientos para normar la actividad gasolinera y mantenerla dentro de los lineamientos y normas de uso de suelo correspondientes.

 

Entre otros aspectos, el artículo que se adiciona establece que la ubicación de las estaciones de servicio en las que se expenda Gas LP o gasolinas, ubicadas en cualquier punto geográfico, deberán: Estar a una distancia mínima de 50 metros de lugares en los que concurran concentraciones superiores a las cien personas de manera recurrente; Su ubicación tendrá como mínimo una distancia de un kilometro cuadrado de la gasolinera más cercana, y Las medidas de seguridad se establecerán de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Energía.

 

El diputado Iván de Santiago presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adicionan los incisos I) y J) a la fracción XXII del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

Dijo que los sindicatos y fundaciones deben abrirse al escrutinio de la sociedad, lo anterior en aras de fortalecer y transparentar su función.

 

En la argumentación se añadió que deben ser considerados sujetos obligados cualquier persona de derecho público o privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los poderes, dependencias y entidades a que se refiere este artículo, o bien cuando reciban, por cualquier motivo, recursos públicos, ejerzan gasto público o reciban subsidio o subvención proveniente del erario público. Al respecto, solo estarán obligados a informar en relación a sus actividades realizadas con este tipo de recurso.