Con 24 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, se aprobó la cuenta pública de  Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Para hablar en contra del dictamen se subieron a tribuna la diputada María Guadalupe Medina Padilla y Soledad Luévano Cantú.

 

Se aprobaron los dictámenes de las cuentas públicas de los municipios de Apozol, Fresnillo, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Fresnillo, Enrique Estrada, Juchipila, Loreto, Santa María de la Paz, Sombrerete, Tabasco, Teúl de González Ortega y Villa de Cos.

 

Con la unanimidad de los legisladores, se aprobó el dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que solicite al gobierno de los Estados Unidos, que detenga las deportaciones de los migrantes mexicanos en su país.

 

Con 28 votos a favor y cero en contra se aprobó el dictamen respecto de la solicitud del ayuntamiento de Guadalupe, para enajenar un bien inmueble a favor de la C. Ma. Magdalena Hernández Salazar.

 

Con igual número de votos se aprobó la solicitud del ayuntamiento de Guadalupe, para enajenar un bien inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

Por unanimidad de los presentes, se aprobó el dictamen respecto de la iniciativa de Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro.

 

Considerado un asunto de urgente y obvia resolución, se aprobó por unanimidad de los legisladores, la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Educación, se garantice la educación gratuita y de calidad para los niños y jóvenes zacatecanos.

 

La diputada Soledad Luévano Cantú, promovente mencionó que las autoridades educativas del Estado han tolerado, y en algunos casos fomentado el cobro de cuotas escolares a los padres de familia, mismas que van de los 500 a los 2 mil pesos, condicionando la inscripción de los menores al pago de dicha cuota.

 

La Legislatura del Estado debe coadyuvar a que se garantice el derecho de nuestros niños y jóvenes a acceder a una educación gratuita y de calidad, tal y como se contempla en la constitución de nuestro país. En la discusión en lo general, el diputado Rafael Flores se inscribió para solidarizarse con la propuesta.

 

Los diputados de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, presentaron al pleno la iniciativa de punto de acuerdo que contiene el reglamento para el control y ejercicio del presupuesto de la Legislatura del Estado.

El reglamento precisa las atribuciones del Pleno como de las Comisiones de Régimen Interno y Concertación Política, y de Planeación, Patrimonio y Finanzas, en materia de ejercicio y control del presupuesto.

 

Se establecen atribuciones de la Secretaría General en materia de control y ejercicio presupuestal; vale la pena señalar que el Reglamento aún vigente, no establece ninguna facultad a cargo de dicha unidad administrativa, lo que significaba en los hechos, una debilidad estructural que imposibilitaba una adecuada supervisión del presupuesto asignado a esta Asamblea Soberana.

 

El diputado Rafael Gutiérrez Martínez presentó al pleno la iniciativa de punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las dependencias de agua y medio ambiente, así como a los organismos operadores de las plantas de tratamiento, cumplir con la normatividad que permita conservar y acrecentar la calidad, continuidad y cantidad de servicio.

 

Al menos el 40 por ciento de las aguas residuales son tratadas, y en tres décadas, el número de acuíferos sobreexplotados se han triplicado.

 

Propuso emprender una nueva etapa que permita alcanzar la consolidación del sector del agua potable alcantarillado –sanitario y pluvial- y saneamiento, que permitan a los organismos conservar y acrecentar, calidad, continuidad y cantidad del servicio, además de alentar políticas públicas que fomenten el uso racional del vital líquido tanto en cantidad como en calidad, así como una cultura de pago tanto de los usuarios como de los  entes públicos.

 

El diputado José Guadalupe Hernández Ríos dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que proponga a la LXI Legislatura, una reasignación presupuestal, a efecto de abrir, edificar o arrendar un inmueble para ser utilizado como casa del migrante.

 

El legislador expuso que el fenómeno de la migración se ha agudizado con el proceso de deportación que Estados Unidos de América mediante el programa «Comunidades Seguras»,  que ha perjudicado a miles de migrantes y sus familias. Se estima que actualmente se han deportado 1.4 millones de mexicanos, de los cuales 140 mil son niños.

 

La propuesta busca que Gobierno del Estado abra y administre, con la reasignación presupuestal, una Casa Migrante, que les brinde hospitalidad y cobijo temporal, además de asesoramiento y orientación en su tránsito por la entidad.

 

El diputado Gilberto Zamora Salas presentó la iniciativa que reforma el artículo 36 del Código Familiar del Estado, la propuesta en materia de Derechos Humanos, Derecho de identidad y Derecho al nombre, modifica el segundo párrafo del artículo 36 del Código Familiar del Estado.

Elimina la multa para quienes registren un nacimiento de manera extemporánea, es decir, para quienes no lo hagan en los noventa días posteriores del nacimiento.

La multa es de uno a tres días de salario mínimo), vulnera los derechos humanos del niño o niña cuyo registro se pretende; y al imponer la multa, el estado deja de coadyuvar con las personas que intervienen para la realización de este derecho, y recordó que es una obligación del Estado de proveer lo necesario para que el derecho de las personas a tener una identidad y un nombre sea una realidad.

 

El diputado Ismael Solís Mares leyó la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como la Ley Orgánica del Municipio.

 

Se pretende modificar las reglas y sentar las bases para la profesionalización del personal que opera en las áreas de registro civil, desde la dirección Estatal hasta las oficialías de los ayuntamientos.

 

Se propone conservar los dos perfiles de estudio que exige el Reglamento Interior del Registro Civil para el nombramiento de sus titulares y se plantea incluir un perfil más, esto es: Licenciatura en Derecho, para localidades con más de 15 mil habitantes; Pasantía de derecho, para municipios con más de cinco mil habitantes; y Pasante de cualquier carrera profesional, para localidades con una cifra menor a los cinco mil habitantes.

 

El diputado presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, Mario Cervantes González, leyó el dictamen aprobatorio, por medio del cual  se exhorta a las dependencias del sector agropecuario, para que estimulen la reconversión productiva del campo.

 

La comisión dictaminadora estimó fundamental trabajar para alcanzar en el Estado una agricultura moderna, sostenible, equitativa, capaz de mantenerse como sector dinamizador de la economía.

 

Coincidieron en que es fundamental fomentar el uso eficiente de las tierras de acuerdo con las condiciones agroambientales, disponibilidad de agua y otros elementos para la producción.

 

La diputada Érica del Carmen Velázquez, dio lectura al dictamen aprobatorio de la Comisión de Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia electoral.

 

La comisión dictaminadora mencionó que existe la necesidad de adecuar el marco normativo estatal, para que éste se encuentre en total concordancia con lo dispuesto y mandatado en la constitución federal. La aplicación de la reforma se dará un nuevo paso para la consolidación de la democracia como desarrollada, y modernizar al Estado mexicano.

 

En voz del diputado José Luis Figueroa Rangel se dio lectura al dictamen referente a la solicitud del ayuntamiento de Trancoso, para que se le autorice un acuerdo de compra de energía eléctrica a largo plazo.

 

Proponen autorizar al municipio para que celebre con la empresa que reúna los requisitos legales contrato de compra de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con el fin de generar energía eléctrica, en modalidad de autoabastecimiento, para satisfacer parcial o totalmente sus necesidades de consumo de energía eléctrica en el alumbrado público.

 

De acuerdo con los términos y condiciones que se establecerán en el contrato respectivo, a cambio de una contraprestación, por una vigencia de 15 años, prorrogables por otros 10 años más,  si las condiciones técnicas, económicas,  financieras y comerciales favorecen al municipio.