La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, aprobó el anteproyecto de acuerdo por el que se establece el financiamiento público previsto en la Constitución para los partidos políticos nacionales correspondiente al ejercicio presupuestal 2022.
En sesión los consejeros aprobaron el anteproyecto que establece que por concepto ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas, los partidos recibirán cinco mil 821 millones 851 mil 704 pesos.
La presidente de la Comisión, Claudia Zavala, recordó que a pesar de que el INE deberá presupuestar estos recursos para el próximo año, su definición es producto de lo previsto en el artículo 41 constitucional, así como en la ley electoral.
La distribución a cada partido quedará definida una vez que se concluya el desahogo de los medios de impugnación, por lo que estimó que a finales de agosto y, sin duda, el 1º de septiembre habrá claridad sobre la asignación de la bolsa sin que se tenga que detenerse la definición presupuestal, explicó.
El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, señaló que, al igual que en procesos anteriores, en este punto únicamente se considerará el monto total de las prerrogativas, por estar pendientes impugnaciones sobre los resultados del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
La definición de la bolsa total será finalmente distribuida entre los partidos con registro nacional en función de la fórmula aritmética constitucional que contempla el Padrón Electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de la cifra final.
Rubro de financiamiento público | Monto de financiamiento público |
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes | $5,543,960,204 |
Actividades específicas | $166,318,806 |
Franquicia postal | $110,879,204 |
Franquicia telegráfica | $693,490 |
Total | $5,821,851,704 |
El cálculo de la bolsa del financiamiento público anual se realizó considerando el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral nacional, con corte al 31 de julio de este año, que asciende a un total de 95 millones 170 mil 381 personas, así como el65% del valor de la UMAque corresponde a 58.25 pesos.
Definido este rubro, la Constitución prevé que el equivalente al 3% de estos recursos deben ser considerados para actividades específicas relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.
En tanto que la Ley General de Partidos Políticos establece que en año no electoral el equivalente del 2% de las actividades ordinarias permanentes debe ser considerado para franquicias postales y contemplar un monto que se distribuye igualitariamente para las franquicias telegráficas, a pesar de que no se han utilizado desde 2018.