La Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre soberanía nacional para garantizar la independencia, integridad, y autodeterminación de México ante cualquier intento de injerencia extranjera.

El dictamen establece que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, intervenciones, intromisiones o cualquier acto que atente contra la soberanía nacional,ñ.

Eso incluye los golpes de Estado, las injerencias en procesos electorales o las violaciones al territorio mexicano, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Asimismo, ninguna investigación o persecución podrá ser intervenida sin la autorización, y colaboración expresa del Estado Mexicano en estricto apego al marco legal vigente.

El diputado federal Ulises Mejía Haro, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó la importancia de esta reforma para fortalecer el marco legal en materia de seguridad y soberanía nacional.

Las modificaciones constitucionales buscan garantizar la aplicación estricta de la ley contra delitos que afectan la estabilidad del país y la seguridad de los ciudadanos.

Con esta reforma se establece en el Artículo 19 de la Constitución que el Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, la investigación y la protección de la víctima, testigos y comunidad.
Se determina la prisión preventiva oficiosa para delitos como feminicidio, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, corrupción, uso indebido de programas sociales con fines electorales, delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo, delitos con armas de fuego y explosivos, entre otros.

También se impone la pena más severa posible, y la prisión preventiva oficiosa a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación ilícita de armas al territorio nacional, y a extranjeros que realicen actividades ilícitas vinculadas con los nuevos párrafos del artículo 40 constitucional.

Se prohíbe cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios los términos de esta reforma, asegurando su plena vigencia y aplicación.