La Comisión Legislativa de Atención a Grupos Vulnerables presentó el dictamen mediante el cual se expide la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.

Lectura a cargo de la diputada Mónica Borrego Estrada, la comisión estimó que la iniciativa constituye un avance en cuanto a la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y tiene como propósito atender sus necesidades vitales, por tal razón exhortó a aprobar el dictamen en sentido positivo.

En una segunda sesión realizada este jueves, se discutió y votó la propuesta.

En la discusión en lo general, subieron a tribuna para hablar a favor de la iniciativa las diputadas: Mónica Borrego Estrada, Guadalupe Celia Flores Escobedo y Guadalupe Nalleli Román Lira.

La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad fue aprobada por unanimidad.

Fue aprobado con 27 votos a favor, el dictamen de la  Comisión Legislativa de Gobernación, respecto del expediente número DIV-VAR/027/2016, formado con motivo de la denuncia presentada por la Regidora María Encarnación Barrios Sifuentes, por considerar que no se acató el contenido del artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio, al designar al Contralor Municipal de una terna presentada por el Partido Revolucionario Institucional, resultando electo el C. Gabriel Rincón Martínez.

En el cuerpo del dictamen, se determina turnar los asuntos a la Comisión Jurisdiccional, con el fin de que imponga la sanción que corresponda al C. Oswaldo Sabag Hamadani, Presidente Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, ante las omisiones en que incurrió sin justificación legal alguna. Lo anterior, en razón de que le corresponde a la citada Comisión Jurisdiccional la imposición de sanciones a los servidores públicos de elección popular, como en el caso referido, por las infracciones en que incurran en el desempeño de su cargo, en términos de lo previsto en la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

Por unanimidad se aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el diputado José Luis Medina Lizalde, a fin de exhortar a los titulares e integrantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a la conformación de un equipo de expertos en Derecho, el cual deberá integrarse con los comisionados propuestos por los mismos, así como con la participación de académicos especializados en la materia, para que a más tardar en un plazo de noventa días se elabore una propuesta de agenda legislativa que tenga por objeto la armonización del orden jurídico local a las diversas reformas generales emitidas por el Congreso de la Unión, así como su adecuación a la realidad social de nuestro Estado.

Destacó  que el Punto de Acuerdo lo sustenta en congruencia con la convicción de que solo un esfuerzo plural, informado y concertado, será capaz de interrumpir una equívoca inercia, por lo que estima pertinente la conformación de un equipo de expertos en Derecho, integrado por comisionados ex profeso de los tres poderes, obviamente con la participación de académicos especializados en la materia, para que a más tardar en un plazo de noventa días elaboren una propuesta de agenda legislativa, a la cual deberá darse trámite inmediato en los temas de mayor consenso, dejando para su análisis posterior, aquellos que requieran de mayor debate y postura partidista.

Durante la discusión en lo general, la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo hizo uso de la tribuna para hablar a favor del Punto de Acuerdo.

El diputado Jorge Torres Mercado presentó ante las y los diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Zacatecas.

La propuesta de Ley presentada por el legislador Torres Mercado, es un ordenamiento reglamentario de los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo que dispone el artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Los objetivos de la Ley propuesta son establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de accesos, rectificación, cancelación y oposiciones, mediante procedimientos sencillos y expeditos; garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

De igual forma, proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal; garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales.

Por otra parte, promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley; y regular los medios de impugnación y procedimiento para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte del Instituto de conformidad con sus respectivas facultades.

Por su parte, la diputada Guadalupe Isadora Santivañez Ríos expuso ante sus homólogos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo al Código Familiar del Estado de Zacatecas, la cual pretende que dentro de las facultades del Juez del Registro Civil se encuentre la de exhortar a quienes registren a menores, de evitar el uso de nombres que puedan generar algún perjuicio al registrado.

Lo anterior, tras argumentar que en ocasiones los nombres empleados para dar la identidad a la que se tiene derecho suelen ser peyorativos, discriminatorios o carentes de sentido, generando así un daño a la integridad del menor.

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés hizo uso de la Tribuna, para presentar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la Fracción IV del Artículo 111 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, para proponer que cada Ayuntamiento, a través de su Dirección de Agua Medio Ambiente y Sustentabilidad, rinda un informe cada seis meses a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Gobierno del Estado, en el que se exponga la política pública que se lleva a cabo respecto al servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

La finalidad de ello es establecer una coordinación que se traduzca en un correcto y eficiente ejercicio de la prestación de servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En su oportunidad, el diputado Omar Carrera Pérez sometió a la consideración de los asistentes, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 1758 Bis del Código Civil del Estado de Zacatecas, para que se prohíba por un año al arrendador de un inmueble para actividad comercial, ocupar el inmueble con el mismo giro que su anterior inquilino ya sea por sí mismo o a través de otra persona.

Considera también, que el plazo que se pretende otorgar permite al comerciante reubicarse, contando con el tiempo suficiente para que él tenga la posibilidad de acreditar nuevamente su actividad comercial en un nuevo lugar. Sentencia el legislador que lo anterior no constituye un perjuicio para el arrendador, pues éste es libre de rentar su finca para cualquier otra actividad comercial, siempre y cuando no se pretenda realizar la misma actividad, pues de ser así estaría sujeto a que transcurrieran el término de 12 meses para llevar a cabo la relación contractual.

El legislador Carrera Pérez aseguró que esta propuesta se constituye a manera de garantía, que opera en favor de los arrendadores de un inmueble para el desarrollo de su actividad comercial, con la finalidad de que se respete su derecho como posesionario del bien, así como el acreditamiento de la actividad comercial que el mismo realiza.