En la jornada legislativa integrada por seis sesiones, se discutieron y aprobaron los ordenamientos jurídicos  complementarios al Sistema Estatal Anticorrupción, como lo son la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la Ley de Justicia Administrativa; también se avaló  la Iniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza al Gobierno del Estado la enajenación en calidad de compra venta, de un predio que servirá para la edificación de una tienda de auto servicio.

Durante la sesión previa al inicio del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, el Pleno de la Asamblea se constituyó en Colegio Electoral, a fin de elegir la Mesa Directiva  encargada de dirigir los trabajos parlamentarios, quedando integrada de la siguiente forma: Arturo López de Lara Díaz, Presidente; Le Roy Barragán Ocampo, Vicepresidente; Guadalupe Nalleli Román Lira, Primer Secretaria; y Guadalupe González Martínez como Segunda Secretaria.

Con el aval de 27 votos a favor de las y los diputados asistentes, fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión Legislativa de Vigilancia, respecto a la iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, mediante la cual se reorganiza el sistema de fiscalización en la entidad.

La Iniciativa en cuestión se suma a otros ordenamientos legales emitidos en el marco del Sistema Anticorrupción, por ejemplo, la Ley de Justicia Administrativa, que solventa en gran medida, diversas inconsistencias, toda vez que se establecen las bases para que todas las instancias vinculadas con el combate a la corrupción trabajen de manera coordinada, respetando los ámbitos de competencia respectivos.

La nueva normatividad reduce los tiempos de trabajo para el ente fiscalizador, y mejora los parámetros técnicos de los informes a fin de que sean más comprensibles, desprovistos de vaguedad; serán objetivos, y deberán tener información sustentada por evidencia de fiscalización suficientemente apropiada.

Con las reglas que derivan del Sistema Nacional Anticorrupción se fortalece a la Auditoría como un ente de amplio alcance, del mismo modo se desarrolla la capacidad para identificar cambios económicos y sociales de carácter estructural, elaborar un sistema de análisis y mitigación de riesgos para evaluar las políticas y los programas gubernamentales, evaluar el desempeño global y sectorial de los programas y de las políticas públicas, y diseñar una estructura organizacional eficiente, todo bajo un enfoque de alta especialización. En el mismo sentido, se establece la vinculación de los sistemas estatales anticorrupción y de transparencia, así como la permanente coordinación entre la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para cerrar la pinza en el combate a la corrupción.

 

De igual forma, por unanimidad de la Asamblea, fue aprobado con 28 votos a favor, el dictamen presentado por las Comisiones de Seguridad Pública y Justicia, y de la Función Pública, mediante la cual se expide la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción y que se integra con 133 artículos normativos y 11 transitorios, disposiciones que se insertan en siete títulos.

En los artículos transitorios, se precisa el momento de la entrada en vigor de la Ley y la mención expresa de que, a más tardar el 31 de octubre del año en curso, la Legislatura del Estado comenzará el procedimiento de designación de los Magistrados integrantes del Tribunal, estableciendo que el citado órgano jurisdiccional se integrará por tres Magistrados, los cuales serán designados mediante el procedimiento constitucional establecido en el artículo 113; durarán en su encargo siete años y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Con la aprobación de esta Ley, se establece que los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y aquéllos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose, hasta su resolución final, conforme a las disposiciones que se encuentren vigentes en el momento respectivo.

Durante la discusión en lo particular, el diputado Le Roy Barragán Ocampo hizo uso de la Tribuna para reservar el dictamen, a fin de adicionar un Artículo 12 Transitorio, para establecer las funciones del Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El dictamen fue aprobado con la reserva propuesta.

 

Finalmente, con 25 votos a favor y 1 en contra, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado a desincorporar de su patrimonio un predio de más de 13 mil metros cuadrados, así como el edificio comercial de 5 mil 848 metros cuadrados, ubicado entre las calles Educadores y Restauradores del Fraccionamiento Dependencias Federales en Guadalupe, para su posterior enajenación en la modalidad de compraventa con la empresa Lusso Bienes Raíces, S.A. DE C.V.