Noemí Luna

Cuando el poder se viste de democracia, pero actúa como tiranía, ¿seguimos en una república o ya vivimos en una dictadura?  

En México estamos siendo testigos de cómo el oficialismo, liderado por Morena y sus cómplices, el PVEM y el PT, han convertido la democracia en una fachada grotesca para ocultar su creciente autoritarismo.  

Con una mano en la Constitución y la otra en su propia agenda, violan impunemente las leyes, las instituciones y traicionan al pueblo que dicen representar, mientras consolidan su poder a cualquier costo.  

Desde el sexenio pasado se inició la crisis de constitucionalidad.

Fue promovida desde el propio Ejecutivo federal, quien despotricaba contra todo y contra todos cada vez que se le contradecía o se le obligaba a cumplir la ley.  

Su reacción siempre fue polarización, encono, venganza y llamado a la desobediencia de los mandatos judiciales.  

Esos sentimientos de Andrés Manuel López Obrador por no cumplir sus caprichos son los que hoy tienen a México en esta desafortunada situación de división, confrontación entre la sociedad y de avasallamiento a la oposición y a quienes consideran enemigos.  

Recordemos la famosa frase de AMLO que lo hará pasar a los anales de la historia: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

Una corta oración que muestra el desprecio que siente por la legalidad y las instituciones. Esas que durante seis años violentó y quiso exterminar.  

Esa herencia la entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través del paquete de 20 reformas que envió al Congreso de la Unión; 18 de ellas constitucionales.

Ella es la receptora del legado -circunscrito al canon de los populismos- para seguir y concluir la obra de destrucción de la República.

Sólo bajo esas circunstancias se explica la premura y la aprobación de 10 de las reformas en menos de un mes.

Todas esas modificaciones podrían considerarse ya como una nueva Constitución. La del oficialismo y la destrucción de México.

Desde su llegada al poder, el oficialismo ha emprendido una campaña para polarizar a la sociedad y desmantelar nuestras instituciones democráticas.

Ahora, amparándose en un supuesto respaldo popular que no obtuvieron legítimamente en las urnas, se dedican a violar la ley, desacatar órdenes judiciales y atemorizar a los jueces que, con integridad y valentía, defienden la legalidad y la división de poderes.

Este autoritarismo encubierto es una amenaza directa a nuestra República.  

El Poder Judicial, en 15 entidades, ha otorgado alrededor de 70 suspensiones para implementar la reforma judicial. Ninguna ha sido acatada por el Ejecutivo.  

La más reciente suspensión es la dictada por la Jueza Nancy Juárez, que ordenó a Claudia Sheinbaum bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), con pena de sanción.  

Otra vez se negó a acatar la disposición. Su argumento es que la jueza se extralimitó en sus funciones, aseguró que nadie está por encima del pueblo y amenazó con denunciar. De ese tamaño es el absurdo desacato e intimidación del Ejecutivo.  

Le recuerdo a la Presidenta que la historia nos enseña que las guerras y las peores masacres en el mundo fueron impulsadas por opresores, bajo la justificación de salvar al pueblo.

El vocero de los trabajadores del Poder Judicial, Carlos Ávila, fue claro: los amparos pueden anular cualquier acto legislativo.   Claro, todas y todos lo sabemos, menos la Presidenta.

El amparo es un medio fundamental para frenar actos legislativos, ejecutivos o de cualquier autoridad que vulneren los derechos de las y los mexicanos, garantizando así el Estado de Derecho.

Tal como sucede ahora con la reforma judicial.

Desde el Partido Acción Nacional exigimos respeto absoluto a la Constitución y condenamos enérgicamente la violencia e intimidación ejercida contra las personas juzgadoras que emitieron amparos en contra de la reforma judicial.

Hacemos un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie ante los flagrantes incumplimientos del Ejecutivo a las resoluciones judiciales.

Y demandamos a la Presidenta que garantice la legalidad y la haga cumplir.  

En el PAN no descansaremos hasta garantizar que el poder no esté por encima de la Constitución.  

Como mexicanos no podemos seguir siendo testigos pasivos de la destrucción de nuestras instituciones y la violación de nuestras leyes.

¿Hasta cuándo permitiremos que el autoritarismo avance bajo el disfraz de democracia?   Noemí Luna Diputada Federal