El Estado y municipios de Zacatecas podrán endeudarse, los segundos con cargo a sus participaciones de conformidad con la autorización realizada hoy por la Legislatura del Estado
Los diputados autorizaron la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de Zacatecas; la votación fue de 24 sufragios del PRI, PAN –incluido Osvaldo Conteras- y el PRD; en contra votaron Luz Domínguez, Geovana Bañuelos y Saúl Monreal Ávila; el único de abstención fue de la panista Noemí Luna Ayala.
Dentro del dictamen se establece la necesidad de replantear y reformular los esquemas jurídico-financieros para obtener mejoras económicas para el Estado y los municipios, sin desajustar las finanzas y obtener esquemas de financiamiento viables y seguros.
Para eso se propone modernizar la legislación estatal y tomar esquemas actuales de financiamiento para sanear las finanzas del Estado, se propone actualizar la ley en la materia y actualizar el concepto de inversión pública.
En el cuerpo de la normatividad propuesta se establece:
“Refrendar la solicitud que el Titular del Ejecutivo envíe a la Legislatura para contratar empréstitos directos adicionales a los montos a que se refiere la fracción II de este artículo y, en su caso, para otorgar en garantía y/o fuente de pago de las obligaciones que contraiga, con cargo a los bienes, derechos e ingresos que les correspondan, cuya afectación se les autorice de conformidad con la que dispone la legislación aplicable;
“Afectar, previa autorización de la Legislatura, como fuente o garantía de pago, o ambas, sus bienes del dominio privado; así como, sus derechos e ingresos de las participaciones que en ingresos federales le correspondan o aquellos derivados de contribuciones, cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones federales o cualesquier otros ingresos federales o locales de los que puedan disponer, de conformidad con la legislación aplicable, así como celebrar los instrumentos necesarios para la formalización de los mecanismos mediante los cuales se realice la afectación, en su caso, en el entendido que las demás entidades públicas previstas en esta Ley podrán adherirse a los mecanismos que formalice el Estado para pagar o garantizar las obligaciones derivadas de la deuda que contraigan, cuando así convenga”.
EN CONTRA
Los dos de los tres diputados del PT presentes en la sesión votaron en contra de la iniciativa; el diputado Saúl Monreal Ávila estableció que la propuesta no fue analizada y es el camino para que el gobernador haga una solicitud por cuatro mil 900 millones de pesos a pagar por el pueblo una ve convertida en deuda.
“En medio de una severa crisis de inseguridad que vive el Estado, la falta de oportunidades para la gente, el olvido del campo y la ganadería, ahora el Gobernador se pretende endeudar de nuevo a la ciudadanía zacatecana”, señaló.
Planteó la búsqueda de otros mecanismos para conseguir dinero para el Estado “¿Por qué debe ser el pueblo quien pague todas las fechorías de la pasada administración y las incapacidades del Gobierno?””, preguntó.
LUZ DOMÍNGUEZ
Por su parte, la diputada María de la Luz Domínguez Campos, de Convergencia, dijo que la iniciativa no fue analizada con exhaustividad ni se remitió a comisiones segunda de Hacienda y Vigilancia, de conformidad con el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Pero en lugar de que esta Legislatura determine mecanismos jurídicos que promueva la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos públicos en la administración estatal y municipal, exigiéndole estrategias y acciones que superen su problemática.
“Por el contrario les generamos las reformas jurídicas para seguir promoviendo un actuar ligero de funcionarios públicos irresponsables que a costa del endeudamiento público ponen en riesgo la viabilidad de los gobiernos actuales y futuros y lo peor sitúan en riesgo el desarrollo y progreso de las futuras generaciones”.
Lamentó que se pretenda reformar la Ley de Deuda Pública para que sea considerada como inversión pública productiva los déficit imprevistos en la Hacienda Pública del Estado o Municipios, significa otorgar un cheque en blanco para aquellos funcionarios que irresponsablemente solicitan préstamos, tienen desorden administrativo, y van acumulando enormes déficit que impactan negativamente en el ejercicio de la función pública y en perjuicio de la sociedad.