Para dar cumplimiento a este objetivo, los ayuntamientos avanzan en el nombramiento de enlaces municipales ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de cumplir con la Ley en la materia.

A la fecha, se tienen confirmados 52 enlaces municipales; restan por generar y consolidar las unidades administrativas en seis gobiernos locales.

Los ayuntamientos, por Ley, a través de estas figuras administrativas tienen la responsabilidad de formular y desarrollar acciones municipales de atención a personas con discapacidad, cuyo objeto sea su bienestar integral.

Asimismo, difundir programas que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad en el municipio, proporcionar asistencia psicológica y asesoría jurídica, a través de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

También realizar estudios socioeconómicos, investigaciones de campo y diagnósticos en materia de personas con discapacidad, con la finalidad de prestar una mejor atención y establecer, en los programas de desarrollo urbano y obra pública, los ajustes razonables que permitan lograr la accesibilidad universal.

Finalmente, cuando las personas con discapacidad, beneficiarias de algún programa público, manifiesten y comprueben que no pueden trasladarse personalmente a realizar trámites o recibir apoyos o servicios, el Ayuntamiento garantizará este derecho, al acudir al domicilio particular del beneficiario a realizar la entrega correspondiente.