Los tropiezos de Rigoberto López.
Por Gabriel Contreras Velázquez
Algo no cuadra en la respuesta que ofreció Rigoberto Martínez López, Comisario Ejidal de Cedros, Mazapil, a la columna que publicamos aquí el pasado martes 18 de junio, titulada “José Narro traicionó a los ejidatarios de Cedros”.
A través del debido ejercicio del derecho de réplica, La Jornada Zacatecas difundió el documento del representante legal del ejido. Sin embargo, su contenido es parecido a la columna que publicó Miguel Ángel Reyes, el pasado 13 de junio en el portal Las Noticias Ya, en contra del periodista Andrés Vera Díaz, propietario de PerióMetro.
La narrativa coincide con la propaganda que acostumbra a divulgar el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, y no representa nítidamente el lenguaje cotidiano de Rigoberto Martínez. En la respuesta, el Comisario Ejidal confirma que en todo momento hubo una petición real de dinero para disolver el bloqueo, incluso desde las mesas de diálogo que encabezó el exsubsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto.
Fue ante la ausencia de voluntad de Peñasquito de pagar uno de los “adeudos pendientes para con nosotros”, que la Asamblea Ejidal del pasado 29 de abril mantuvo la negativa para abrir los accesos de la mina que anteriormente José Narro había apalabrado con el subsecretario. Como “representante” de CAVA, y sin tener acciones en la misma empresa, el Comisario Ejidal vio por el bien de Ascensión Carrillo López, no por el bien del ejido de Cedros.
En su respuesta, Rigoberto Martínez demuestra que no conoce o no ha leído detenidamente el acuerdo firmado por las partes, pues de los 19 puntos de una especie de pliego petitorio, todos están sometidos a una “revisión”. Si su asesor Narro Céspedes no le advirtió la diferencia entre “revisar” y obligar a las partes a llegar a un acuerdo, lo más probable es que rompan nuevamente con la mina en cuestión de semanas o días.
A ello se suma un elemento que habría que aquilatar en su justa medida. Entre el domingo y lunes pasados, el Comisario Ejidal difundió un poderoso mensaje en sus redes sociales. En el texto se aprecia lo siguiente: “Malditos aquellos que con si (sic) voca (sic) defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.
Horas antes, los ejidatarios que bloqueaban los accesos de la mina Peñasquito, se vieron casi obligados a disolver el paro, debido a que -como se dijo en una entrega anterior- la decisión ya había sido tomada en la Ciudad de México por el senador José Narro Céspedes y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Empero, el acuerdo todavía se suspendía en un hilo delgado. Si no llegaba la transferencia por 57 millones de pesos de Peñasquito a la empresa Construcciones Industriales y Transportistas CAVA S.A. de C.V., por aquel “adeudo anterior”, Chon Carillo hubiera mantenido la negativa a disolver el bloqueo esa misma tarde como lo manifestó públicamente. El acuerdo, sin respaldo legal, no se lo impedía.
La asamblea del sábado antes del mediodía tenía carácter ficticio. A mano alzada, los ejidatarios dieron validez a un documento que a la fecha carece de validez jurídica, simple y sencillamente porque no plasmó su firma el único representante legal facultado para ello: el comisario Rigoberto Martínez López. En cambio, aparecen las rúbricas del senador José Narro Céspedes, su empleado Felipe de Jesús Pinedo Hernández, y el empresario jalisciense Jorge Alberto Díaz de Sandi Chávez.
La aparición de Díaz de Sandi dentro del conflicto con Peñasquito es reciente. Accionista mayoritario y administrador único de la empresa Distribuidora de Desechables JAM S.A. de C.V., incorporada en Guadalajara, Jalisco; hasta el 2017, de acuerdo con información de medios locales de comunicación en aquel estado, el empresario también era gerente en Destiladora González González, específicamente en el área de producción de agave.
Díaz de Sandi no es especialista ni tiene conocimientos específicos sobre conflictos sociales en el ámbito minero, de extracción mineral, o de los derechos de los pueblos. ¿Por qué el empresario fue enrolado por Narro Céspedes y Pinedo Hernández como asesor de los ejidatarios de Cedros? La pregunta podría llevarnos a las fuentes de financiamiento del bloqueo.
No obstante, la presencia de un empresario jalisciense en el apartado de rúbricas de un acuerdo de índole federal, y no así la firma del comisario ejidal nos habla de las disparidades internas en el mismo grupo de inconformes y sus asesores.
En la división también se encuentran ejidatarios que mantienen contacto con este espacio, y que expresaron su descontento con el acuerdo que alcanzaron sus “asesores” en la Ciudad de México sin antes consultar a los inconformes de Mazapil.
Otros más han preferido asistir con el periodista Andrés Vera Díaz para pedirle, a través de una contraprestación monetaria, que además de apoyar su lucha con algún comentario en Facebook, pudiera replicar a este espacio para contradecir los argumentos vertidos.
Ante la negativa del periodista para realizar lo mismo de lo que fue acusado por Miguel Angel Reyes semanas atrás (en una demostración de total incongruencia pues ahora no le reprochan, sino que le piden que escriba en respaldo a su “lucha”) los ejidatarios tuvieron que recurrir a La Jornada Zacatecas -no sabemos si fueron con la misma oferta económica- para dar la supuesta versión de Rigoberto López con todas las inconsistencias que aquí se han apuntado.
Así, el discurso de la “prensa lacaya de la mina” se viene abajo con los audios que Andrés Vera difundió ayer a través de PerióMetro, lo mismo que a través de la página en Facebook Agenda Política por quien redacta estas líneas, donde un ejidatario realiza esta peculiar petición. Así, poco a poco, la pantomima de los “luchadores sociales” descubre su rostro real.

Casualidades: Vista en retrospectiva, la decisión del cabildo de cancelar el contrato de arrendamiento de luminarias para el municipio de Zacatecas, que la exalcaldesa y recién estrenada directora del COBAEZ, Judit Magdalena Guerrero López, había heredado a Ulises Mejía Haro, fue acertada.

Con el cambio en el cobro de cuotas al pasar de un esquema proporcional a uno homologado debido a que el alumbrado público es un derecho colectivo, pudiera haber modificado los ingresos del municipio para utilizar el Derecho del Alumbrado Público como garantía para pagar a la empresa regiomontana CELSOL S.A.P.I. de C.V. por el arrendamiento de lámparas.
Ese hubiera sido un argumento interesante que los que se hacen pasar por “oposición” en el ayuntamiento capitalino, pero en los hechos identificados como monrealistas, podrían haber aprovechado antes de contradecir su voto por en Comisiones a favor, luego en contra en el Cabildo, para modificar la fórmula de cobro del alumbrado público, por mandato de la Suprema Corte.
Ruth Calderón Babún estaba más ocupada en hacer caso a una funcionaria municipal, emparentada con una comisionada del IZAI, que aseguró erróneamente que este articulista trabajaba en el ayuntamiento capitalino. La revisión minuciosa de la nómina que maneja Lourdes Delgadillo Dávila obligó a ambas funcionarias al conocido: disculpe usted, fue nuestro error.
Aunque todo parece apuntar a que la misma funcionaria estaría involucrada en la filtración de facturas de publicidad institucional, emitidas por medios “contrarios” al monrealismo para evidenciarlas en páginas apócrifas de Facebook. Un asunto en el que debería involucrarse de oficio el contralor municipal José Francisco Rivera Ortiz.
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