Autoridades electorales en periodo de gracia.
Por Gabriel Contreras Velázquez
Las instituciones del sistema electoral mexicano, tal y como las conocemos, viven un periodo de gracia al que le restan escasos meses. La reforma electoral del 2019, que en sí representa un cambio en la estructura del modelo electoral y no en los paradigmas que lo guían, estaría por concretarse a partir del mes de septiembre.
El diputado suplente Sergio Carlos Gutiérrez Luna, que tomó la curul de Horacio Duarte Olivares (ex representante del Morena ante el INE), espera tener en sus manos el proyecto definitivo y consensuado de reforma político electoral en el mes de agosto. El objetivo es arribar a la elección del 2021 con una nueva estructura electoral diseñada por y para la Cuarta Transformación.
El eje rector de la reforma: la centralización, ahora sí, de todo el sistema electoral mexicano en una institución de índole nacional. En consecuencia, la desaparición de las autoridades electorales estatales. Este no es un esquema desconocido. La propuesta de reforma electoral 2014 cuenta como preámbulo a la anhelada homologación operativa en una sola institución.
En el seno del Pacto por México, el Partido Acción Nacional empujó la idea de la centralización institucional después de atestiguar el nivel de cooptación que habían alcanzado las autoridades electorales durante los procesos electorales del año 2013 en 14 estados, mayoritariamente gobernados por el Revolucionario Institucional.
Fueron estos comicios donde la máquina electoral tricolor despertó viejos anhelos del monopolio institucional que mantenía en el viejo régimen, y Zacatecas no tardó en refrendar su condición de “estado más priísta del país”. Uno de sus operadores electorales -ahora avecindado en la Regeneración Nacional- Simón Pedro de León Mojarro fue autor de la proclama un año antes.
También fueron esas mismas elecciones donde el ex coordinador de delegados de la otrora Secretaría de Desarrollo Social -hoy Bienestar-, fue acusado por Acción Nacional ante la probable comisión de diversos delitos electorales. Situación que devino en la creación de la Comisión Especial para el Seguimiento a los Procesos Electorales, en el Senado de la República.
En su reunión del 24 de mayo del 2013, según el Informe de la Visita de la Comisión Especial al municipio de Xalapa, Veracruz, el exsenador jalisciense José María Martínez Martínez comentó “sobre el presunto desvío de recursos públicos en beneficio de un partido en Veracruz como el motivo y justificación de la creación de la Comisión y manifestó su preocupación por la aparente situación de retroceso democrático del estado percibido por algunas organizaciones civiles.”
Durante la asamblea en la que estuvo presente Simón Pedro en calidad de representante de la exsecretaria, Rosario Robles Berlanga, el de Tepechitlán se comprometió con la Comisión del Senado a cumplir el adendum del Pacto por México para el blindaje electoral, de programas sociales, y de la intervención del Gobierno Federal en los comicios locales.
Los resultados en urnas midieron y nivelaron las fuerzas tricolores con las de la oposición albiazul, del Sol Azteca y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, debido a la evidente injerencia del Gobierno Federal en las votaciones, el PAN llevó a la Cámara de Diputados la reforma electoral en el camino de la centralización normativa e institucional.
Una especie de primer contrarreforma a la autonomía de cada instituto y tribunal electoral que, quedó claro, había sido desvirtuada en cotos de poder y negociación local. En Morena únicamente revivieron la intencionalidad de la reforma 2014 (junto con la propuesta de reducción en un 50% al presupuesto de los partidos), con la ventaja de contar ahora con las primeras mayorías en el Congreso de la Unión con las que podrán formalizarla casi a capricho.
Actualmente, la relación administrativa de los institutos locales y el INE es de sujeción a los parámetros y lineamientos de la autoridad nacional. La autonomía se mantiene todavía en términos presupuestales y de composición de los órganos locales, no así en las directrices de sus programas operativos, los cuales se encuentran ahora, en su mayoría, dentro de una misma línea nacional.
Una vez concluidos los foros de discusión de la iniciativa de reforma, en próximos días será el turno de los legisladores promoventes Pablo Gómez Álvarez y Sergio Gutiérrez, de reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y posteriormente con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la mesa está la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de no procesar la iniciativa de reforma hasta después de las elecciones del 2021. O bien, como se tenía establecido en la agenda legislativa de la Regeneración Nacional para el primero periodo ordinario de sesiones (que recién concluyó), inaugurar cuanto antes el modelo de “austeridad electoral”.
El 30 de marzo del 2020 concluye el periodo para realizar los ajustes definitivos en el modelo institucional electoral, o bien para saber si los cambios serán aprobados hasta concluida la elección concurrente 2021. Pese a ello, es un hecho que los OPLEs y los tribunales juegan ya tiempo extra.

Casualidades: Y la oposición monrealista en el ayuntamiento capitalino se dividió. La curiosa ausencia de los regidores Luis Eduardo Monreal Moreno, Ma. Guadalupe Salazar Contreras y Orlando Mauricio Torres Hernández, en la sesión de cabildo de este lunes 24 de junio, inclinó la balanza para que el pleno lograra destituir a Juan Manuel Rodríguez Valadez como secretario del Ayuntamiento.

A puerta cerrada, tal como lo solicitaron los regidores, la minoría compuesta por Sergio Alejandro Garfias Delgado, Fátima Estefanía Casterllón Pacheco, Susana de la Paz Portillo Montelongo y Ruth Calderón Babún, mantuvieron un sufragio en contra de la salida de “El Manix”, que se llamaba a sí mismo operador de David Monreal Ávila dentro de la presidencia municipal.
Previo a su salida definitiva, “El Manix” promovió el rediseño del Reglamento de la Sindicatura para otorgar a Ruth Calderón facultades semejantes a las de las secretarías del ayuntamiento, con lo que pretendía convertir a su aliada en una presidenta municipal alternativa.
Al conocer del contenido del nuevo reglamento, Ulises Mejía Haro omitió su rúbrica dentro del documento publicado en el Periódico Oficial. Con ello dejó sin efectos las modificaciones que buscaban darle poderes paralelos a Ruth Calderón, y aprovechó la sesión ordinaria para llamarle la atención a la síndico sobre esta intentona y sobre el descuido en su oficina desde donde se filtran documentos del ayuntamiento, como las facturas de medios de comunicación.
En este espacio publicamos el pasado viernes 24 de junio sobre los rumores crecientes en el ayuntamiento que apuntaban a que este articulista trabajaba en la presidencia municipal. Además de falsos, personal del ayuntamiento intentó achacarlos a la funcionaria Patricia del Río Venegas, a quien debo una disculpa y rectificación, pues no fue ella la responsable. Contrario a esto, la contadora incluso intentó aclarar a distintos colegas las acusaciones ficticias que se esparcían.
Un regidor al que se consultó sobre el asunto confirmó a este espacio que Patricia es un elemento valioso, siempre institucional, dentro de la administración capitalina. Y otorgó plena confianza a la contadora a quien nunca ha visto envuelta en situaciones conflictivas. Nuevamente quedó demostrada su probidad.
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