CONTORSIONISMO LEGISLATIVO EN MORENA ZACATECAS.

Por Gabriel Contreras Velázquez

En la bancada legislativa de Morena Zacatecas no desperdician oportunidad para mostrar sus diferencias, desequilibrios y extravíos. Durante la sesión ordinaria de este jueves, dos temas evidenciaron pusieron la muestra.

Uno de estos, la reducción presupuestal para Estancias Infantiles, caló hondo y dibujó los grados de separación interna de los de la Regeneración Nacional. El exhorto de obvia y urgente resolución que propuso el diputado José María González Nava, del PRI, invitó a la remediación de recursos.

Hipotéticamente, los de la Cuarta Transformación debían sostener la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para, arbitrariamente, reducir la cantidad de dinero que a partir de este 2019 recibirán los padres de familia que se benefician con este apoyo. En Zacatecas alrededor de 7 mil 600 familias.

Hipotéticamente también, la decisión del presidente de la república para recortar el presupuesto en un 50% giró en torno a “irregularidades”. No sabemos a ciencia cierta qué “irregularidades” encontraron, sólo conocemos que los colectivos de mujeres que se organizaban alrededor de las Estancias Infantiles hoy son estigmatizadas de corrupción desde el gobierno federal.

En el lenguaje de la Cuarta Transformación todo lo que estorbe a los propósitos de la Regeneración Nacional es o parece corrupción. No esperaban que, en un modelo que se sostiene gracias a la organización social y el cooperativismo, las responsables de las Estancias Infantiles en todo el país salieran a las calles para exigir respeto, dignidad y estado de derecho.

La Cuarta Transformación atentó contra las formas básicas de organización, mismas que sostienen y renuevan el tejido social que el gobierno dice querer reparar. De ahí que las protestas, en cascada y estructuradas, fueran la primera reacción a la medida de “austeridad”.

La ecuación es muy simple: Si el gobierno encontró anomalías, que el gobierno imponga las medidas correctivas correspondientes. De otra forma no se construye estado de derecho; más bien se destruyen las instituciones y se atenta contra la sociedad inyectando desconfianza y polarización.

El pasado miércoles, y con declaraciones desafortunadas que buscaban minimizar un problema que escaló a protestas afuera de Palacio Nacional en contra del presidente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, cantinfleó aquello de que la solución era que los abuelos cuidaran a los nietos y recibieran un estímulo por ello. Para entonces la crisis había cristalizado.

En sentido contrario, el gurú de la bancada monrealista en Zacatecas afirmó: “Las demandas de maestras, madres y padres de familia son legítimas”. Esto de acuerdo con la consigna del coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila vía Twitter el pasado miércoles 6 de febrero.

“Los grupos parlamentarios de Morena, PES y PT en el Senado hemos ofrecido actuar como interlocutores en la búsqueda de una solución al problema que enfrentan las Estancias Infantiles en el país”, aseguró el fresnillense en la plenaria de Morena.

Sin resonancia en Zacatecas, el debate local en la Legislatura este jueves se redujo a que Mónica Borrego Estrada cuidara sus intereses personales y de familia invertidos en las Estancias Infantiles a las que están asociadas. Votó a favor de la propuesta del priísta.

Héctor Menchaca Medrano intentó mediar posturas y replicó el vago argumento de la Delegada de Programas de Desarrollo en Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles: faltan las reglas de operación.

Omar Carrera Pérez, por “congruencia” dijo votar en contra del exhorto porque,  debía de “cuidar” a su presidente, pues gracias a López Obrador ganó la reelección. Argumento que, por cierto, echó en cara Ricardo Monreal a los morenos de Jalisco hace algunas semanas. “Que nadie se crezca” pidió.

Así de dispares son las posturas en un tema que saben que políticamente lastima. Por un lado, la Regeneración Nacional reconoce las “legítimas demandas”. Por el otro el Gobierno Federal acusa (sin el debido procedimiento previo), de corrupción, provocando una reacción negativa en el ánimo de los seguidores de la Cuarta Transformación a un programa social que alcanza a beneficiar a 315 mil menores de edad a nivel nacional.

Es un modus operandi parecido al que se utilizó en la histriónica “guerra” contra el huachicol. Crear un enemigo, envestirlo de corrupción, afianzar el discurso de la Regeneración Nacional y crecer en adeptos con una estrategia que lo que en realidad buscaba era importar menos gasolina de los Estados Unidos.

La pregunta obligada: si las gasolinerías vendían combustible robado ¿por qué no se revocaron los permisos de los concesionarios?

Si las guarderías generaban un esquema de “palancas a nivel estatal entre las secretarías y los empresarios del estado” ¿Por qué no revocaron los permisos a quienes se prestaban a las supuestas anomalías?

¿Por qué al gobierno federal le está costando tanto trabajo pisar los callos de los políticos a los que acusa de corruptos, ya sea en el emporio de las gasolineras o en la asignación de Estancias Infantiles?

¿Por qué satanizar y estigmatizar a la sociedad, que no en su conjunto forma parte de las conjeturas de corrupción que lanzan de manera irresponsable desde el Poder Ejecutivo? Además, minimizan la legítima protesta social y reducen su base votante. Van viento en popa.

#Coincidencias: El otro tema de incongruencias entre los diputados morenos de Zacatecas lo puso Armando Perales Gándara.

Resulta que el legislador exhortó al Gobierno Federal a “analizar y construir” las reglas de operación para el Programa de Adquisición de Maquinaria Agrícola, de la SADER. La propuesta debía de votarse en el pleno como de urgente y obvia resolución. El diputado no lo creyó tan importante.

Probablemente desconozca que el gobierno federal tiene como plazo máximo el último día hábil del mes de febrero, para publicar todos los lineamientos de los programas sociales. Su iniciativa, de aprobarse, llegará tarde y sin mucha pertinencia real.

Tarde también, y con poca vehemencia, se le vio al diputado Gándara exigir al Coordinador Nacional de Ganadería, David Monreal Ávila, pronunciarse por las reglas de operación del Crédito Ganadero a la Palabra, pues no las contempla el texto del Presupuesto 2019.

El Gobierno Federal tuvo que recular para reclasificar los nuevos Programas Prioritarios en el Anexo 25 del Presupuesto, pues ninguno de ellos estaba sujeto a reglas de operación. Todavía el 28 de enero, Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, prometió que todos los programas contarían con lineamientos. El tiempo se agota y no hay resultados. De ello Armando Perales no ofreció reflexión alguna.

Twitter: @GabrielConV

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