Por: Manuel Ibarra  Santos

El gobierno de Alejandro Tello formuló en el transcurso de esta semana algunas propuestas públicas dignas de analizar, que prefiguran el rostro emergente de la nueva administración, la que se encuentra, por cierto, en un escenario de dificultad financiera. Destaco dos de ellas: 1).- la iniciativa para crear el sistema estatal anti/corrupción y 2) el plan de racionalidad, austeridad y disciplina financiera que presentó el Secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro.

La reducción, eliminación y combate a la corrupción  es una de las más altas prioridades, porque dicho fenómeno es causal de innumerables y variados problemas sociales: pervierte y obstaculiza la economía, profundiza la desigualdad, incrementa la violencia criminal, detiene el desarrollo y, por si fuera poco, dinamita la confianza ciudadana en las instituciones públicas y sus representantes.

Una línea estratégica exitosa que puede ayudar a cumplir el objetivo de minimizar los efectos perniciosos de la corrupción en el desarrollo, implica el compromiso de involucrar en ello a todos los actores de la sociedad civil y política. No debe faltar, por lo tanto, la participación decidida de los Poderes Constitucionales en la entidad.

En esta convocatoria, será fundamental también el rol protagónico del Poder Judicial en Zacatecas (en este tema no ha dicho ésta boca es mía), y más aún cuando nuestra entidad registra los más elevados  niveles de impunidad en materia de justicia penal, con una cifra negra del delito del 94.8%, cuando el promedio nacional es del 92.5%. Y es que, debe quedar claro, el combate a la corrupción no puede ser posible sin el decisivo combate a la impunidad.

La propuesta para crear en Zacatecas el sistema estatal anti/corrupción, mismo que por raciones jurídicas, tendrá que homologarse con las leyes nacionales en la materia, contiene interesantes iniciativas como para estudiarse y discutirse con racionalidad.

EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

La propuesta de Alejandro Tello para crear el sistema estatal  anti/corrupción contempla la modificación y reforma de una serie de normas constitucionales y  secundarias para fortalecer y cimentar una renovada estructura institucional de combate  frontal a este flagelo. Se ha considerado, entre otras cosas, dotar de mayor autonomía a la Procuraduría de Justicia, crear una fiscalía anticorrupción, fortalecer el trabajo de la  Secretaría de la Función Pública y dotar de fuerza (“dientes”) a la Auditoria Superior del Estado.

En relación al ente público fiscalizador (ASE) se ha previsto en el contenido de la ley correspondiente, eliminar los principios de anualidad y posteridad, por su obsolescencia, e incorporar la categoría jurídica que permita auditar y revisar en tiempo real las cuentas públicas.

Pero más allá de estas y otras definiciones importantes, se tendrá que tipificar, por oficio. en las normas jurídicas respectivas, el delito de “corrupción” y modernizar los procesos de adquisiciones públicas, porque sin esta condición, se hará más complejo enfrentar el problema de la corrupción, fenómeno que cuesta al país más de 347 mil millones de pesos por año, según Transparencia en México (TM).

RACIONALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Para cerrar el círculo de la acción, el Secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro  oficializó el programa de racionalidad, disciplina y austeridad en el gasto, con el compromiso de “no más deuda pública”, manejo escrupuloso del gasto público y gestión de recursos para fortalecer los proyectos de inversión productiva para el desarrollo.

Jorge Miranda fue prudente bajo una consigna de honestidad: el pueblo zacatecano requiere de resultados,  no de escándalos y pleitos. Si hay algo que castigar, esto se hará por las vías jurisdiccionales  competentes.

Los zacatecanos se encuentran a la expectativa y en espera de un gobierno al servicio de los ciudadanos.