Por Silvia Montes Montañez

LA ACENTUADA escasez de gas registrada en las últimas tres semanas parece tener su explicación en el aumento de precio en este insumo fundamental para la cotidianidad de la vida en el estado, por supuesto el cambio molestó a la población, pero mucho más el incremento en el transporte público.

 

FALSO el spot que asegura disminución de costos por la reforma energética.

 

QUIZÁ no debió generarse esta expectativa tan a priori, porque si bien la reforma es una realidad avalada por congresos de los estados, es necesario concretar las leyes secundarias que regularán los cambios. Por ahora, iniciamos el año con incrementos en el gas y la gasolina.

 

OBVIAMENTE estas decisiones desalientan y provocan enojo.

 

TAMBIÉN generan reacciones de partidos y políticos que encuentran en estos temas el magnífico nicho para la politización, sin embargo en casos de esta naturaleza, es obligado actuar –y lo más pronto posible- cumpliendo con el papel que le corresponde a la oposición.

 

LO HACEN   todos cíclicamente de acuerdo al papel que les toque jugar.

 

POR AHORA salió ya el partido Movimiento Ciudadano (MC) con señalamientos que, naturalmente, endosan la factura al gobernador del estado, en el caso del transporte público, con llamados a “corregir el rumbo de las equivocadas políticas públicas que sólo dañan a las familias de la entidad”.

 

SON PALABRAS de Saúl Monreal Ávila.

 

Y SON también asuntos complicados de los que ningún gobierno ha permanecido al margen porque se trata de situaciones de carácter nacional que impactan a los estados ¿Qué hacer si la materia prima para movilizar el transporte está subiendo periódicamente?

 

RECORDEMOS que en las decisiones igual interviene el Congreso de la Unión.

 

PERO la responsabilidad, ya consumados los cambios que regularmente se negocian entre partidos y sus fracciones en las Cámaras de Diputados y Senadores, se traslada invariablemente a los representantes del Poder Ejecutivo en sus distintos órdenes, especialmente federal y estatal.

 

SOSTIENE Saúl que el aumento en el transporte público contribuye al deterioro de la economía de los zacatecanos y acusa al gobierno de “una decisión unilateral” que no tomó en cuenta a la ciudadanía ni tampoco consultó a los a los concesionarios.

 

DUDO que los concesionarios ignoraran esta determinación y tampoco creo que Tránsito del Estado esté presionando a los que se han negado a aplicar el aumento, con la amenaza de castigarlos por incumplimiento de una disposición gubernamental.

 

NO ESTARÍA en sus cabales un gobierno con semejantes actitudes y esto es cuestión de sentido común, pues los incrementos y las cuestiones impositivas son profundamente antipopulares y no es sencillo afrontarlas, mucho menos promoverlas como se sugiere.

 

EL TEMA está en la mesa y durará, probablemente, sólo el tiempo en que los usuarios se acostumbren, como siempre.