Los recursos públicos se destinan con honestidad a los grupos más vulnerables, y cada funcionario de la administración estatal está instruido a ejecutar cada programa con estricto apego a la ley.

Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), de la administración estatal, compareció en la Legislatura del estado como parte de la Glosa al Tercer Informe de Gobierno, y para enfrentar la impunidad, se realizaron 57 auditorías en 10 ayuntamientos y 47 dependencias y entidades del Estado para verificar la correcta ejecución del gasto público.

Del total, 17 las hizo la SFP, 23 conjuntas con la SFP federal y 17 las realizaron órganos internos de control; el 44 por ciento de las auditorias estuvieron orientadas a la ejecución de la obra pública.

Puntualizó que se dio seguimiento de seis auditorías directas, que practicaron en periodos anteriores al que se informa y a 15 auditorías que realizaron de manera conjunta.

Se han substanciado 44 procedimientos de Responsabilidad Administrativa, contra de 69 servidores públicos de la administración pública estatal y dos particulares, por presuntas faltas administrativas derivadas del ejercicio indebido de sus funciones.

En 16 procedimientos, las faltas administrativas de los servidores públicos fueron calificadas como graves; cuatro por cohecho, 10 por desvío de recursos, uno por tráfico de influencias y participación ilícita, y uno por peculado, por lo que fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.

Conen relación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, emitieron ocho inhabilitaciones que van de seis meses hasta 20 años, 21 suspensiones y 14 amonestaciones.

En la actual administración a través del Sistema de Atención Ciudadana atendió mil 917 asuntos; de los cuales, mil 51 quejas y denuncias y 866 peticiones, sugerencias y reconocimientos, y han concluido mil 543 asuntos que representan el 81 por ciento del total.

Se implementó el modelo lúdico “Proyecto construcción de ciudadanía en población infantil para la prevención de la corrupción en Zacatecas” en cinco primarias, el cual fue liderado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Se desarrollaron 117 talleres de valores y constituyeron siete comités de contraloría escolar del programa “Vigilando Juntos”, con la participación de tres mil 403 niñas y niños de 56 escuelas primarias en 28 municipios, para contribuir a la generación de una nueva cultura de la prevención y la legalidad.

La SFP tiene supervisores distribuidos en las diferentes regiones del estado, quienes efectuaron dos mil 917 visitas a mil 34 obras derivadas de programas federales y estatales.

Se participó reuniones del COVAM del “Programa  2×1 Trabajando Unidos con los Migrantes” para el ejercicio fiscal 2019, y se dio seguimiento a la recepción, análisis y aprobación de proyectos; e informaron acerca del estatus de obras que quedaron en proceso, correspondientes al 3×1.

A través de la plataforma para el registro de Proveedores y Contratistas denominada RUPCOVA, en la presente administración expidieron 2 mil 581 cédulas: mil 684 a proveedores y 897 a contratistas.

En transparencia, de septiembre del 2018 a agosto del 2019, se registraron en el Portal de Transparencia 560 mil 243 visitas, de las cuales 205 mil 579 son nuevos usuarios que residen en México, Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Ecuador, India, Guatemala y Bolivia.

Fueron capacitados a 49 integrantes de comités de Control Interno, y se dieron 49 talleres de Autoevaluación de Riesgos a la Integridad, y eso permitió detectar factores de riesgo que obstaculizan la actuación integra de los servidores públicos.

En su oportunidad los diputados hicieron sus bloques de preguntas, Raúl Ulloa Guzmán preguntó sobre el procedimiento de licitación que se desahoga del gobierno; los mecanismos de vigilancia y control para simplificar y modernizar la contratación de servicios. ¿Qué monto se observó a Zacatecas y qué mecanismos se han implementado en la entidad para disminuir el número de observaciones? Fueron otras preguntas. Respecto de Milpillas y la Feria Nacional de Zacatecas, quiso saber cuál es la función de la Secretaría y las observaciones hechas.

Lizbeth Márquez Álvarez preguntó si existe alguna denuncia sobre presunta corrupción en el programa 3×1, y en quiénes recaen las responsabilidades ¿en los migrantes?; además cuestionó sobre la denominada Estafa Maestra, solicitó se dé a conocer si hay responsables en Zacatecas.

Alma Gloria Dávila quiso saber de las auditorías al ISSSTEZAC y los avances Sobre los programas auditados pidió conocer los proyectos regionales y los de educación media superior. Relató que de manera conjunta se han trabajado algunos temas entre la Función Pública y la Legislatura, específicamente en asuntos de trabajadores que desempeñan plaza en el gobierno federal y en el municipal, así como algunos casos de nepotismo, pero preguntó hasta dónde se avanzará y hasta dónde intervienen en la autonomía municipal.

Edgar Viramontes Cárdenas consideró que la tarea no es sencilla y el combate a la corrupción es una de las asignaturas pendientes, no se trata sólo de castigar, sino también de prevenir; ya causado el daño es difícil resarcirlo, destacó. Preguntó si no se ha informado de manera oficial de las inhabilitaciones que ha habido en el Estado.

Gabriela Pinedo Morales dijo que se habla de auditorías a los gobiernos estatales, y salvo Querétaro, ningún otro comprobó el gasto que la federación les dio. Zacatecas se encontró dentro de las tres primeras que tenían que devolver más dinero. Habló de las dobles plazas que se detectaron. Preguntó qué pasó con ese caso, porque es humanamente imposible que una persona cumpla con dos tiempos completos.

Dolores Hernández Escareño abordó el tema de la modificación en el padrón de registro de proveedores contratistas, detallando que para quienes desean acceder, se les pide experiencia técnica y certificación, pero para sacar estos trámites y meterse a licitaciones públicas, ya sean municipales o estatales, tardan de 3 a 4 meses, ante esto, el legislador preguntó por qué no se simplifican los trámites. 

Eduardo Rodríguez Ferrer reconoció la labor de la secretaria, ya que dijo no es fácil desempeñar su tarea, pues se necesita un amplio conocimiento del servicio público. Señaló que dentro del informe se expone que hubo particulares sancionados, sin embargo, es mucha la diferencia en los señalamientos de actos de corrupción entre particulares y funcionarios. Preguntó cuáles son las impresiones de la funcionaria sobre al nuevo producto legislativo avalado por esta Asamblea, en referencia a la nueva Ley de Adquisiciones. Sobre el tema Milpillas y la FENAZA, cuestionó si están auditadas por la federación, ¿se puede realizar auditoría sobre auditoría? En lo que respecta al periodo 2019, preguntó cuándo comenzara la revisión de la FENAZA.

Luis Esparza Olivares celebró que el gobernador del Estado le apueste a la transparencia y a la rendición de cuentas. Mencionó que en el 2017, la entonces PGJEZ realizó una compra por más de 10 millones de pesos de un georeferenciador que nunca sirvió para nada, y esas acciones hablan de impunidad y daño al erario público; preguntó qué se ha hecho al respecto y si fueron aplicadas sanciones.

Héctor Adrián Menchaca Medrano preguntó ¿Cuál es la evaluación en el rubro presupuestario de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué dependencia de las evaluadas presentan deficiencias en la aplicación de los recursos públicos? ¿En este periodo 2019, se han generado o presentado ante la Fiscalía alguna denuncia contra servidores públicos que constituya responsabilidad penal? Finalmente, el diputado hizo entrega de una solicitud para que se le haga llegar en físico o electrónico, las auditorías realizadas por la Secretaria de la Función Pública.

Ma. Edelmira Hernández Perea señaló que de conformidad con el tercer informe de gobierno, queda claro que para esta administración ha sido prioritario disminuir los índices de impunidad y corrupción, a través de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción. Calificó como de especial relevancia que se haya suscrito el acuerdo de coordinación y materia de control interno, fiscalización, prevención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental. Hasta el momento se han signado 22 acuerdos con ayuntamientos, pero siendo 58 los municipios de Zacatecas, quiere decir que menos del 40 por ciento han sido formalizados. Preguntó qué avances se tienen y cuáles son las razones por las que no se ha llegado a acuerdo con la totalidad de los municipios.

Omar Carrera Pérez dijo que la constante de los tres informes es la presentación de resultados administrativos, pero no de resultados contundentes contra la corrupción. 95 mil millones de pesos se han manejado en tres años y son muy pocas las sanciones. Agregó que quienes se han inhabilitado, luego de ampararse han ganado por deficiencias en los procedimientos, o ¿cuál es el motivo? Cuestionó. Sobre las auditorías a la feria en 2017 y 2018, qué pasó con los resultados, requirió el legislador. Los titulares de los Órganos de Control, ¿no están siendo designados a modo? ¿Cuánto ha crecido la plantilla laboral de la Secretaría? Fueron otras de sus preguntas. Agregó que se ha dado cuenta que los funcionarios siguen llevándose los vehículos oficiales a su casa, preguntó por qué se les permite. También inquirió datos respecto a si hay bonos que se otorguen en la dependencia y quién los consciente.  Expresó que la Secretaría no debe convertirse en una agencia donde no hay castigo de nada, la gente está molesta porque no hay combate a la corrupción. Concluyó preguntando qué Secretaría tiene más quejas, cuál es el número de funcionarios que actualmente están siendo investigados y cuál es la consecuencia legal que se tendrá y en qué tiempo.

Ma. Isabel Trujillo Meza  sobre las más de mil quejas y denuncias que se recibieron en la Secretaría de la Función Pública, ¿realmente se da atención al respecto? ¿Qué se ha logrado? Preguntó la legisladora.

Navidad Rayas Ochoa estableció que existe un subejercicio terrible de los programas federales. Hasta el momento, según Finanzas, es porqué Educación no acelera las adquisiciones; se tiene un subejercicio del 58 por ciento y ya casi concluye el año fiscal. La Secretaría de Educación no siguió los procesos de licitación en todos los arrendamientos hechos este año para las oficinas que descentralizó y los arrendadores no están en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado. Preguntó a cuántas auditorías ya no se les pudo hacer un procedimiento porque prescribieron por inactividad o impulso procesal y cuántos procedimientos ya iniciados prescribieron; ¿cuántos funcionarios fueron sancionados y cuentan con una firme resolución? ¿Cuántos fueron por incumplimiento de la declaración de situación patrimonial?

José María González Nava preguntó ¿Qué estrategia se está tomando para disminuir los montos observados por la Secretaría de la Función Pública Federal? ¿Qué medida se está implementando para mantener firme la inhabilitación a funcionarios ante las instancias jurídicas? ¿Cómo inciden los despachos externos en el control y ejercicio de los recursos públicos por los entes auditables? ¿Qué porcentaje de denuncias ciudadanas son atendidas y cuál es el seguimiento y las facultades para llegar a las últimas consecuencias? ¿Qué acciones se realizan para promover la participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos?

Pedro Martínez Flores señaló que la falta de confianza en las instituciones ha crecido por la falta de resultados a la sociedad. Dio a conocer que en julio se publicaron en redes sociales varias denuncias en contra de servidores públicos del sector salud por presuntas compras amañadas, y preguntó qué ha pasado con esas investigaciones, en qué etapa van. También externó que las primeras sanciones emitidas fueron para funcionarios de salud, pero los señalamientos siguen y no se sabe si ya inició procedimientos; ¿se hará o se protegerá al doctor Breña y a quienes han sido sus coordinadores administrativos? Cuestionó.

Karla Valdez Espinoza solicitó a la funcionaria revelar por qué en la administración pasada solo fueron inhabilitados algunos funcionarios mientras otros no bajo el argumento de que se encontraban en proceso de solventación. ¿Quiénes los inhabilitados? Inquirió. También pidió se dé a conocer la razón por la que los actuales funcionarios que tienen observaciones aún no han sido sancionados.