Por: Manuel Ibarra Santos 

 

• El fin, fortalecer la transparencia y erradicar prácticas discrecionales.
• Se ponen límites, también, a los excesos de las burocracias de todo tipo.
• El carácter obligatorio del examen de oposición marca una nueva etapa en la educación.

 

 

            MANUEL IBARRA SANTOS.

 

 

Por primera ocasión en la historia se realizó, el pasado fin de semana, por mandato constitucional  y con el carácter de obligatorio, el concurso para el ingreso al servicio profesional docente en el país, como producto de la reforma educativa nacional aprobada el 2013 por el Congreso de la Unión, hecho que puede generar un horizonte de nueva racionalidad jurídica y académica, en beneficio de la calidad de la educación.

 

 Esta iniciativa pudiera resultar un avance significativo para la  enseñanza pública mexicana si se respeta el espíritu de los principios de legalidad y de rendición de cuentas.

 

 Dos son los objetivos esenciales del concurso de plazas docentes: 1).-Fortalecer la transparencia en la selección del profesorado mejor calificado; y 2).-Erradicar las prácticas discrecionales y corruptas en el otorgamiento de espacios laborales en el sistema educativo.

 

A partir del 2013, con las reformas jurídicas promovidas, la Constitución de la República respalda y tutela la obligatoriedad del examen de oposición como requisito indispensable para ingresar al servicio docente, principio contemplado en el Artículo Tercero de la Carta Magna, en su fracción tercera.

 

 La propia Ley General del Servicio Profesional Docente señala, en su artículo 21, que “el ingreso al servicio en la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante concurso de oposición, preferentemente anualizados, que garanticen la idoneidad  de los conocimientos y las capacidades necesarias de parte de los profesores”. Hacer lo contrario, es ir a contrapelo de la Ley, oponerse a la legalidad y es operar ilícitamente.

 

 

Por otra parte también es pertinente aclarar que el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicios profesionales continuos, como lo establece la propia normatividad al respecto, derecho que no podrá ser violado por ningún funcionario por importante que éste sea.

 

 

EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:

 

 

De acuerdo a fuentes de la propia SEP, más de 193 mil profesionistas se registraron en todo el país a presentar su examen de oposición de ingreso para competir por una de las más de 25 mil plazas concursadas  en la República.

 

Según la tendencia en las estadísticas de los participantes en este examen, el 67 por ciento  de ellos son mujeres y el restante 33% son hombres, lo que refleja la fuerte influencia del criterio de feminización  que domina las filas de los trabajadores de la educación mexicana..

 

 

EXAMEN DE OPOSICIÓN Y LA NUEVA RACIONALIDAD JURÍDICA.

 

 

El concurso de plazas para el ingreso al servicio docente construye la plataforma de una nueva racionalidad jurídica que busca proscribir y reducir las prácticas corruptivas, basados en los tradicionales criterios patrimonialistas de la venta, herencia o asignación discrecional de espacios laborales a los profesores, práctica negativa que para desgracia se había convertido en una constante.

 

La iniciativa del examen obligatorio de oposición está respaldada por sólidos fundamentos jurídicos que procuran también poner límites a las burocracias de todo tipo, que durante décadas han medrado con el tráfico de plazas laborales, factor que ha repercutido negativamente en la calidad de la educación de los mexicanos.

 

Se inicia de esta manera, por lo tanto, una nuevo trayecto pedagógico, que ojalá eche raíces jurídicas profundas, en donde la asignación de plazas laborales en el sistema educativo se fundamente, no en factores nepóticos, sino en perfiles desempeño, con la finalidad de que lleguen los más calificados.

 

EL RETO DEL CONCURSO DE PLAZAS.

 

Zacatecas debe ser, en ese sentido, un ejemplo incuestionable de transparencia y legalidad en la asignación de plazas docentes en el sistema educativo, para que lleguen los más preparados y no los más influyentes y corruptos.

 

La educación de las nuevas y futuras generaciones, demanda y merece realizar ese esfuerzo.