Por David Monreal Ávila

• Reflexiones sobre el pasado y futuro de nuestra Carta Magna.

Hoy celebramos el cumpleaños número 102 de nuestra norma fundamental, que en su tiempo fue una de las más adelantadas en cuanto a derechos sociales se refiere, pues fue fruto de una lucha armada e ideológica que logró colocar al centro de las discusiones jurídicas al ser humano y su desarrollo, antes que a las instituciones.

El 25 de mayo de 1911, fecha de la aceptación en la Cámara de Diputados de la renuncia del presidente Porfirio Díaz, marcó una clara influencia en movimientos sociales a lo largo del mundo, como fue el caso de la revolución rusa de 1917, que en muchos sentidos compartió contexto y circunstancias con la mexicana, ya que ambas naciones se encontraba en un periodo de transición en el que las fórmulas feudales y el incipiente capitalismo convivían oprimiendo de forma desmedida a los trabajadores.

Por ello la consagración de los derechos laborales en el artículo 123 de la Constitución del 17 fue un parte aguas para el mundo jurídico, ya que dichas disposiciones usualmente quedaban plasmadas en leyes reglamentarias; sin embargo, dado el protagonismo del campesinado y el sindicalismo en la revolución, fueron elevados a nivel constitucional.

Asimismo, otras libertades fueron garantizadas con el fin de reflejar las demandas de un pueblo cansado de la opresión de la dictadura porfirista, con gran énfasis en la protección de los derechos agrarios, de prensa, religiosos y de asociación.

Una peculiaridad de nuestra constitución es que en su texto indica que “reforma la Constitución de 1857”, por lo que personas como el jurista porfiriano Jorge Vera Estañol, la calificó de ilegítima, por no haber seguido el proceso de reforma establecido en la del 57. En contraparte, por haber sido la obra de un Congreso Constituyente y no de un Congreso Constitucional, se considera casi de forma unívoca que es una constitución nueva y no una reforma.

A pesar de que doctrinalmente nuestra ley fundamental es clasificada como rígida (al establecer un proceso distinto y especial para las reformas en materia constitucional), desde su promulgación ha tenido más de 700 reformas, y casi la mitad se han hecho en los últimos 20 años. De hecho, el abogado Luis Raigosa en su ensayo “las edades del constitucionalismo mexicano” denomina a esta etapa de intenso reformismo como la edad del constitucionalismo sometido.

En la nueva etapa democrática que vive México, las reformas constitucionales ya no están vinculadas a los intereses de la clase política y empresarial, por lo que lo natural sería que en este sexenio existan mucho menos cambios al texto y por el contrario se regresen a los principios básicos, como ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las relaciones diplomáticas, el salario mínimo y las remuneraciones de los servidores públicos.

A 102 años de su nacimiento, nuestra Constitución Política toma un segundo aire para que los ideales de justicia, igualdad y libertad, pasen de la tinta a la vida de todas las familias mexicanas.
Sabemos que el tejido social está dañado y sabemos que existe resistencia al cambio, pero de forma pacífica y con un apoyo inédito de la ciudadanía, estamos recuperando el legado de los héroes que entregaron sus vidas por construir un futuro donde el bienestar, la paz y la tranquilidad, sean fruto de la justicia.