Por Aquiles Córdova Morán 

 

Han pasado más de tres meses desde que el alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán, Puebla, Manuel Hernández Pasión, fuera brutalmente asesinado en las goteras mismas de la ciudad de Zacapoaxtla, en el mismo estado, y casi el mismo tiempo de que el gobernador Antonio Gali Fayad y sus funcionarios encargados de la seguridad pública aseguraron tener plenamente identificados y vigilados a los autores materiales, y que su arresto era cuestión de horas o, a lo sumo, de días. A la fecha no existe una sola detención; es más, ni siquiera un mínimo avance que pudiera indicar una voluntad seria de hacer justicia. 

Como varios medios informativos y algunos columnistas profesionales han publicado en varias ocasiones, no quedan ya dudas acerca de que el asesinato de Manuel fue un crimen político ejecutado por pistoleros plenamente ligados por lazos consanguíneos y laborales con el alcalde panista de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, razones por las cuales tampoco se necesita ser Sherlock Holmes para descubrir que dicho funcionario metió las manos hasta los codos en el crimen de sus parientes y empleados. Eso sin tomar en cuenta que, además, los movimientos de Lobato Toral, antes, durante y después de los hechos, apuntan claramente hacia él al margen incluso del parentesco y la relación laboral. 

También es un hecho establecido plenamente que entre Manuel Hernández Pasión y Lobato Toral no existió nunca conflicto alguno de por medio que pudiera explicar el asesinato del primero. Incluso la relación oficial entre ambos se redujo siempre al mínimo indispensable y nada más. De aquí desprenden, todos los que conocen del crimen y están interesados en su esclarecimiento, que Lobato Toral no actuó en su propio interés sino como cabeza visible de la mafia caciquil que domina desde siempre en varios de los municipios más marginados y empobrecidos de la Sierra Nororiental poblana, en la que destaca la familia Aco, originaria de Huitzilan de Serdán. 

Los poderosos intereses económicos de los Aco, el origen poco claro de su inmensa fortuna, alimentada por sus relaciones estrechas con funcionarios estatales y federales que les han canalizado ingentes recursos de los programas de apoyo al campo, de proyectos productivos fantasma destinados al desarrollo de la cafeticultura y el aprovechamiento de la pimienta, de fomento al desarrollo integral de los pueblos indígenas a través de “cooperativas” teóricamente manejadas por los interesados directos pero, en realidad, por personeros de los caciques, ligan a esa familia (los Aco) con todos sus similares de la Sierra para hacer negocios comunes y procurarse apoyo y protección mutua, y la opinión pública de la zona está perfectamente enterada de sus movimientos. De aquí que toda esa opinión se incline mayoritariamente a pensar que el crimen de Manuel Hernández Pasión fue ordenado por esa pequeña oligarquía caciquil, en cuyo nombre y representación habría actuado Lobato Toral. 

Si las cosas hubieran quedado hasta aquí, sería claro que el crimen debía ser considerado simplemente como un vulgar delito del orden común efectuado en pandilla, lo cual es un agravante; pero la actitud asumida, públicamente incluso, por la autoridad judicial poblana, la inacción del Secretario de Gobernación de Puebla, Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, y del Secretario de Seguridad Pública, Jesús R. Morales Rodríguez, así como la palabra incumplida del gobernador José Antonio Gali Fayad, cambian completamente la naturaleza del problema: se configura claramente un acto de protección abierta para los asesinos de Manuel por parte de las más altas autoridades políticas y judiciales de Puebla y el hecho pasa a ser un acto de violencia y terror, si no directamente ordenado, consentido al menos por el Estado mismo. 

Y es obvio, en ese caso, que no solo cambia la calificación del hecho, sino la naturaleza intrínseca, la motivación profunda del mismo. En efecto, no entraña el mismo contenido político y social un crimen perpetrado por una pandilla caciquil que uno cometido con protección oficial. Esto último, en caso de ser cierto, va preñado de ominosos riesgos para todo el país y resulta indispensable no cerrar los ojos ni la boca ante tamaña amenaza. Es indispensable preguntarse cuándo, cómo y por qué se presenta el terror y la violencia oficializados y cuáles son, o pueden ser, sus verdaderos propósitos.  

Y ya se sabe, el crimen y el terror estatales son siempre una de las primeras manifestaciones visibles del agotamiento de un modelo económico y de sus complementos naturales, el modelo político y el aparato encargado de aplicar la ley y hacer justicia. Cuando el modelo económico ha caducado, resulta cada vez más incapaz de responder con eficacia a las necesidades sociales, sobre todo las de los grupos menos favorecidos; se ve obligado cada vez más a aplicar medidas “antipopulares pero necesarias” que lo van divorciando del apoyo popular hasta llegar al enfrentamiento abierto con las masas. En este punto, se hace evidente a los que gobiernan que el derecho y las leyes que lo regulan son cada vez más inaplicables a la realidad y, a la larga, las empiezan a sentir como un estorbo, como una camisa de fuerza que los maniata y les impide moverse con más soltura y rapidez hacia sus verdaderos objetivos, que son el cuidado, protección y fomento de los grandes intereses privados beneficiados por el modelo. 

Decide entonces hacer resueltamente a un lado esos estorbos y sustituirlos por recursos más expeditos, abarcantes y contundentes; y esos recursos no son, no pueden ser otros, nunca han sido otros que el terror y la violencia ejercidos abierta (aunque no expresamente) por el Estado mismo. Para que esta política tenga éxito, para que juegue el papel domesticador que se busca, resulta indispensable que el pueblo se dé cuenta claramente de dónde viene la amenaza; de ahí el carácter burdo de las maniobras de ocultamiento que más parecen auto denuncias que verdaderos deseos de camuflaje. En pocas palabras, el poder público se orienta resueltamente, en tales circunstancias, a la dictadura abierta. Y quien lo dude, que repase brevemente los sucesos de Alemania a raíz del ascenso de Hitler al poder. 

Es verdad que en problemas como éste es irresponsable exagerar el significado de las cifras; es mejor no olvidar aquello de que “una sola golondrina no hace verano”. Pero también es cierto que el caso de Manuel Hernández Pasión dista mucho de ser único en México y que, por el contrario, los delitos cuya impunidad deriva de la inacción u omisión oficiales se están multiplicando peligrosamente, a grado tal que crece la tentación de pensar que, si no hemos completado la cifra crítica para temer una dictadura, nos falta poco para ello. De ahí la necesidad de urgir al gobierno poblano para que actúe enérgicamente en el caso, se vuelve un asunto de interés nacional, de salud pública para el país entero. 

En Huitzilan de Serdán las tensiones y los peligros crecen por horas, y no es histeria advertir al Gobierno poblano y a la opinión pública del inminente riesgo de que se cometan nuevos asesinatos de líderes antorchistas. Sin ir muy lejos, este fin de año el neo morenista Alonso Aco y su Rasputín de cabecera, el cura Martín Hernández, montaron una provocación francamente inaudita: fueron a Huitzilan a montar un “show”, con procesión de año nuevo y banquete incluidos, en las narices mismas de los ofendidos y burlándose sangrientamente de los familiares y amigos de Manuel. Solo la disciplina y el amor a la paz de los antorchistas impidieron que la situación se saliera de control. ¿Por  cuánto tiempo más podrá repetirse el numerito sin consecuencias, señor gobernador Gali Fayad? ¿Qué va a ocurrir si asesinan a un nuevo líder antorchista en Huitzilan? 

Este 15 de enero, con motivo del “primer informe de resultados” del Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la mayoría de la Sierra Nororiental, saldrán a las calles de Puebla a exigir justicia y a denunciar el peligro que corren sus líderes. ¿Informará algo el gobernador sobre los asesinos de Manuel? Por mi conducto, y a través de este medio, los dos millones de antorchistas que hay ya en el país brindan todo su respaldo y solidaridad a la protesta de sus hermanos poblanos, y suman enérgicamente su voz a las exigencias de justicia y pleno respeto a la vida y a la libertad de organización y de lucha de todos los poblanos, y de los humildes indígenas de la Sierra Nororiental en especial. ¡Señor Gobernador Gali: esperamos y deseamos justicia y aplicación plena del Estado de Derecho por el bien de todos! Nada más, pero nada menos.