COMUNICADO DE HORTENSIA ARAGÓN

Los escandalosos casos de corrupción imperante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la difusión de las grabaciones dadas a conocer el día de ayer puso de nueva cuenta en el escaparate de la opinión pública, hace imperativo dar marcha atrás a las reformas a la Ley del IMSS recientemente aprobadas por los legisladores, conocidas como Ley Simi, en las que se avaló la posibilidad de otorgar a farmacias particulares parte del jugoso negocio de la venta de medicamentos.

Las conversaciones telefónicas entre un miembro de la industria farmacéutica y un posible funcionario del Seguro Social reveladas ayer, dejan en claro los usos y costumbres que se practican al interior del IMSS forman parte de las operaciones cotidianas que se practican en toda la administración pública federal.

El negocio de la compra de medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a laboratorios farmacéuticos establecidos en nuestro país oscila, según palabras de su director en poco más de 22 mil millones de pesos, cantidad nada despreciable para mantener latente la tentación de realizar negocios a la sombra de las reglas establecidas.

La forma en que se aprobó la denominada Ley Simi, obviando su discusión en las comisiones correspondientes y avalada por fast track por la mayoría priista en la Cámara de Diputados con la anuencia del presidente de la Mesa Directiva de dicho organismo, además de la ausencia de reglas claras para el canje de vales por medicinas y la omisión de un padrón de los participantes en dicho concurso hacen necesaria su revisión.

Los diputados dieron un lapso de 90 días, a partir del pasado 26 de octubre, para emitir las reglas para la participación del programa de canje de vales por medicamentos que, reiteramos, beneficiaría a un puñado de familias y no propiamente a los derechohabientes del IMSS. Los legisladores están a tiempo de aprobar mayores recursos para el sector salud a fin de no entregar un negocio a la familia de Jorge Emilio González Martínez, lo cual, aunque se niegue reiteradamente por parte de los diputados afines abonaría a la paulatina privatización del IMSS.