Al inicio de la comparecencia del fiscal general de justicia del estado, Francisco Murlllo Ruiseco, los grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, plantearon sus inquietudes, con la coincidencia de mejorar la administración de justicia; el fiscal sólo dio cifras de un informe que entregó previamente.

El primer diputado en participar fue Adolfo Zamarripa, de Nueva Alianza, y recordó que desde el inicio de la administración gubernamental se planteó reducir la violencia o delitos que afectan a la población.

Dijo que a su fracción le preocupa que la inseguridad se consolide por falta de directrices que garanticen los derechos humanos, y “existe la percepción ciudadana de que se incrementaron los problemas de inseguridad, violencia, narcotráfico, corrupción, desapariciones forzadas y ejecuciones, ente otros”.

Remató con que Nueva Alianza trabaja en fortalecer el estado de Derecho y la gobernabilidad democrática y dar respuesta y soluciones a Zacatecas.

La diputada Susana Rodríguez Márquez, del PVEM, se refirió a la homologación de procuraduría a fiscalía, con nueva autonomía den ministerio público y hacer tangible la procuración de justicia.

“Ser procurador o fiscal tiene diferencia conceptual, al margen de eso la urgencia y reclamo social radica en el combate a la corrupción al aplicar con dureza las pena”, y añadió que las expectativas son altas y se esperan resultados, y no llegar a concluir que fiscal y procurador sean lo mismo, y la autonomía un espejismo.

Dijo al fiscal que la tarea sea sencilla ni las soluciones a la vuelta de la esquina, cuando hacen simulacros, y los homicidios no cesan, ni la extorsión, ni el tráfico de personas, ni los feminicidios, ni la extorsión  Algo no funciona.

Javier Calzada Váquez, diputado por el PES, dijo que la percepción de inseguridad púbica se mantiene y la sociedad tiene poca confianza en la policía y en la aplicación de justicia, porque los delincuentes en contacto con la víctima suelen advertir a la víctima que el ministerio público o la policía les darán aviso si hay denuncia.

“Entonces amenazan de muerte, y se quiera o no, se crea la sospecha de que las autoridades encargadas de dar justicia son parte del mismo sistema criminal, y  nada se hace para revertir esa tendencia”.

Cuestionó el nombramiento de la fiscal en Trata de Personas, Lorena Oropeza Muñoz, porque se ve como un pago de favores, dado que generó  inconformidad en colegios de abogados y en la sociedad.

Por el PT, la diputada Gabriela Pinedo Morales, dijo que para su fracción la procuración de justicia es un área sensible, y recordó que la persecución del delito se multiplicó cuando el ex presidente Felipe Calderón declaró al guerra a la delincuencia organizada en el 2011.

Dijo que hoy en Zacatecas la percepción de desempeño del Ministerio Público sobresale en el primer puesto del total de estado, con 68.9 de calificación, pero pregunto cómo conciliar el desempeño efectivo con el de muy alta impunidad en el que se ubica el estado.

citó cifras delos casos de la desaparición forzada de personas y pidió saber el registro que se tiene en el tema, en particular los realizados por elementos de las policías estatales y municipales; exhortó al fiscal a dar dé atención a los delitos de violencia de género, la alerta de género, ente otros mecanismos.

Juan Mendoza Maldonado, diputado por el PRD, citó tres historias de delincuencia, e inició con el incidente de la “taquería Sierra de Álica”, cuando se involucró a un ex candidato a diputado local por el PVEM y siete personas más, porque en el evento hubo violencia lesiones y disparo de arma de fuego.

Como segundo hecho expuso el secuestro de un constructor en enero del 2017, a la luz del día y en ciudad gobierno, sociedad y la cámara de la construcción hicieron presión social “usted al parecer estaba fuera de la ciudad, a su regreso a los cinco días por arte de magia, se detuvo a los responsables y se rescató a la víctima y había seis policía de Trancoso”.

En el tercer caso, citó la posible comisión del delito de violación de un comandante de la policía ministerial a una mujer, hecho que ocurrió en una patrulla. y luego de la denuncia pública de la activista Mara Muñoz,  se integró la carpeta de investivación.

Pedro Martínez Flores, diputado por el PAN, dijo que los tiempos actuales de respeto a los Derechos Humanos, logra que las instituciones tengan capacidad de respuesta y mejorar las condiciones de seguridad ante la amenaza del crimen a la tranquilidad ciudadana.

Recordó que la fiscalía es el resultado de una evolución institucional y de contar con instancias de procuración de justicia profesionales y agregó que la corrupción no genera que se denuncie. Agregó que Zacatecas es el segundo estado con crecimiento delictivo.

Agregó que el PAN hace votos para que con la creación de fiscalías especializadas, de órgano interno de control, eliminar  vicios como esquemas de corrupción internos, falta de transparencia y capacitación, entre otros.

Por el PRI, la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado recordó la instauración del sistema acusatorio adversarial, como un avance ante el incremento de las actividades ilícitas en el país.

Como la mayoría de los diputados, dio cifras del INEGI, pero estableció que de acuerdo con la encuesta de percepción de seguridad pública, 19,2 por ciento por cada 100 mil habitantes cometen delito, y ”estamos por debajo de la media nacional”.

En el PRI –añadió- preocupa el avance de ataque a mujeres y remató al decir que el trabajo no es sencillo, pero se dotó de herramientas legislativas necesarias  para mejorar las condiciones y dar mejores resultados.

La diputada Navidad Rayas por el MORENA, recordó que en la transición a fiscalía se dio el compromiso de combatir la corrupción,  y se dio autonomía plena y patrimonio, “pero los ciudadanos no notamos mejora alguna en la procuración de justicia”.

Pidió a Murillo Ruiseco no maquillar cifras, y modificar la noción de autoridad, porque persiste el problema son la impunidad,  la corrupción y el ineficiente seguimiento de denuncias, y entender que toca pacificar y reconciliar a Zacatecas

Criticó el informe presentado a los diputados, porque es una relatoría de reuniones, dijo que sostuvo, con datos aislados, cuando el fiscal ofreció nueve objetivos como alentar la denuncia en delitos del fuero común y desarticular bandas criminales