Ante la creciente inseguridad y nulas garantías de os cudadanos ante la inseguridad, David Monreal Ávila, senador de la República, exhortó al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a diseñar diseñen políticas, programas sociales y estrategias para erradicar este problema.

Dijo que en los últimos años la seguridad pública, en la mayor parte del territorio nacional, se vio transgredida; la población siente temor al salir a las calles o incluso al interior de su vivienda no se sienten seguros, así lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”. 

La ENVIPE estimó 23.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2015.

El Senador zacatecano señaló que “durante la presente Administración Federal el índice delictivo no ha disminuido, las acciones, programas y  políticas no han tenido los resultados esperados, muestra de ello son las alarmantes cifras en materia de inseguridad y violencia. El Estado ha fallado en una de sus principales tareas: la seguridad pública”. 

Puntualizó que “en enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una de esas modificaciones consistió en eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, y otorgarle esas funciones a la Secretaría de Gobernación; es decir, las atribuciones relativas a la seguridad pública, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito”.

Por otra parte, recalcó que “no existen datos oficiales por homicidios dolosos. El INEGI asevera que fueron más de 20 mil defunciones por homicidio registradas en 2015, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 17 mil”. 

El Estado está perdiendo el monopolio absoluto de la violencia física, muestra de ello son las constantes agresiones que han sufrido las fuerzas armadas por parte del crimen organizado, situación que es inimaginable bajo un Estado Democrático de Derecho. Cuestionó que “si esas cobardes agresiones han sufrido las fuerzas armadas, ¿qué se puede esperar la población?”.

Pareciera que el Gobierno Federal no tiene rumbo ni brújula, en materia de seguridad. Sin lugar a dudas la seguridad y la procuración de justicia son una tarea ardua que necesita la participación de la sociedad civil, expertos en la mataría y de los tres niveles de gobierno, cuestión que en México ha sido ausente o mínima.

Presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los tres órdenes de gobierno para que elaboren, en coordinación con la sociedad civil y expertos en materia de seguridad pública, políticas, programas sociales, estrategias y acciones eficaces y eficientes que erradiquen de una vez por todas la inseguridad que prevalece en el territorio nacional”.