La democracia al igual que otras formas de gobierno, es un sistema que si bien no es perfecto, es perfectible, y en el caso de régimen democrático en el ámbito electoral en México, necesita modificar una serie de elementos para avanzar hacia su perfeccionamiento.

Planteó promover el debate de las ideas y proyectos políticos, mayor control ciudadano, así como inclusión y el respeto a los derechos fundamentales.

Dijo que la democracia electoral tiene grandes retos, como velar por el derecho a evitar la comprar de voto y el uso de recursos públicos ilegales en campañas electorales, garantizar la equidad en las contiendas, promover el respeto entre los contendientes, entre otros.

La historia democrática de nuestro país se ha ido formando a partir de importantes reformas a su marco jurídico electoral, a lo largo de 30 años, el sistema normativo se ha modificado respondiendo a las trasformaciones políticas del país.

Uno de los avances significativos que había tenido la democracia en México, en el aspecto electoral, con las reformas Constitucionales de 1990, 1994 y 1996 fue encaminar al país hacia la construcción de instituciones autónomas, con credibilidad, transparencia, ciudadanizadas y democratizadas.

En justicia electoral, esas reformas habían representado avances asimismo, abrieron la puerta a flexibilizar y abrir los mecanismos de participación ciudadana, así como mayores posibilidades de representación para las minorías.

El legislador indicó que de acuerdo al Informe de Latinobarómetro en su edición 2015 señala que los latinoamericanos son los más insatisfechos con su democracia. En Promedio, sólo 37 por ciento de los latinoamericanos dice estar satisfecho con la democracia, pero en México se obtiene la menor satisfacción con la democracia (19 por ciento) de la región.

Mientras que la satisfacción con la democracia de parte de los ciudadanos disminuyó de 41 por ciento en 2006 a 19 por ciento en 2015 de mexicanos que se sentían satisfechos con su funcionamiento.

Lo mismo ha sucedido con la confianza en las instituciones políticas. Entre 2006 y 2015 los partidos políticos disminuyeron la confianza de 30 por ciento a 16 por ciento; la policía de 31 por ciento a 24 porciento.

La del gobierno aumentó hasta 2006, cuando alcanzó un máximo de 47 por ciento de confianza, y luego cayó a 21 por ciento en 2015.

Tampoco la gran inversión que las últimas décadas se ha hecho al sistema electoral mexicano se ha visto reflejada en mejores resultados, por ejemplo en los últimos 10 años se ha invertido más en infraestructura democrática (financiamiento estatal de partidos, salas especializadas del Tribunal Electoral, más burocracia para llevar a cabo las nuevas atribuciones del INE) pero la confianza en las autoridades electorales se ha minado. Entre 2007 y 2015 la confianza en el INE se redujo de 7.1 a 6.1, en una escala del 0 al 10.

Todo esto a pesar de que el gasto público en el sistema político-electoral en México sin lugar a dudas a tenido un crecimiento desmedido, ya que mientras que en 1998 los partidos políticos recibían un total de 2 mil 111 millones de pesos, para el año 2015 (donde hubo elecciones de renovación de la Cámara de Diputados), los partidos recibieron un total de 5 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 173 millones de pesos fueron destinados a gastos de campaña.

En números redondos aquel proceso electoral representó para el Estado mexicano un costo de 8 mil 548 millones de pesos, lo cual significó que en promedio cada voto tuvo un costo de 103 pesos, lamentablemente esto no se ha visto reflejado ni en la eficiencia de los gobernantes, ni de los procesos electorales.

Otro de los problemas que obstaculizan a la democracia electoral es la compra y coacción del voto, de acuerdo con datos de la Séptima Encuesta Nacional Electoral (2015), elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y por el Comparative Study of Electoral Systems (CSES), señalan que el dispendio de regalos, apoyos o “ayudas” a los electores por parte de los partidos políticos resulta sorprendente, ya que según los encuestados en las elecciones de presidentes municipales el 58% dice haber recibido un regalo y en segundo lugar en las elecciones nacionales de diputados 50% lo manifestó.

La manera de operar esta práctica ilícita se ha ido sofisticando, sin embargo expertos en la materia han señalado que en la mayoría de los casos siguen operando viejas prácticas, que empiezan por la construcción de redes a nivel seccional y “lo que hacen los partidos es que estas redes las tienen meses antes de la elección y justo el día mandan a sus votantes a las ocho de la mañana, muy temprano a votar, posteriormente al mediodía hacen un corte y esto lo hacen checando sus listas de movilizados contrastándolas con las listas nominales.”

Un hecho que permite y facilita la práctica de compra de voto es el acto conocido coloquialmente relleno de urnas, una práctica que consiste en depositar boletas electorales de una sección electoral en otra, esto debido a que si bien en una casilla se entregan un número determinado de boletas, esto es aprovechado para sustraerlas, marcarlas de acuerdo a los intereses del partido político de su interés, y son depositadas en otra urna de otra sección.

Actualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla una serie de medidas de seguridad para evitar este tipo de prácticas ilegales, sin embargo no resultan suficientes ante la alevosía y astucia de quienes pretenden ganar elecciones con dinero.

En este sentido, explicó, la presente iniciativa tiene por objeto establecer dentro de los requisitos que deben contener las boletas electorales señaladas en el artículo 266, la sección electoral y el tipo de casilla y de igual manera, establecer que aquellos votos que sean depositados en una urna que no corresponda a la sección electoral marcada en la boleta, sean considerados nulos.

Con estos cambios, se estaría combatiendo una de las prácticas más recurrentes en las elecciones y que mayor daño causan a la democracia electoral. En razón de lo anterior, quizá sea impreciso pretender revertir la crisis de credibilidad política sólo a través de la agenda electoral. Puede ser tiempo de poner en el centro de la atención y de las decisiones de la democracia las condiciones de la vida de la población que permita dar mayor certiduble y confianza al ajercer los derechos políticos.

Además de esta falta de credibilidad de los ciudadanos en el sistema democrático mexicano y de la poca eficacia del sistema electoral, resulta asombroso la enorme carga que representa para la ciudadanía mantener un esquema como el actual. Finalizo.