En la sesión de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores discutieron ampliamente la suspensión del proceso de selección de candidaturas judiciales para 2025, tras la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de acatar una medida cautelar. Este tema, que ha polarizado opiniones, pone en el centro el equilibrio entre las reformas constitucionales y la independencia judicial.

El diputado Zenyazen Escobar García (Morena) argumentó que las reformas al Poder Judicial son inimpugnables por ser de carácter constitucional y señaló que la suspensión podría afectar a más de 800 cargos programados para renovarse en 2025. Defendió la transparencia del proceso y afirmó que se seguirá avanzando en la reforma para garantizar la participación democrática.

Por su parte, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez (Morena) condenó la suspensión, calificándola como un freno a los avances democráticos en el Poder Judicial. Aseguró que desde el Congreso se tomarán decisiones responsables para continuar con el proceso y garantizar que quienes se registraron puedan participar en igualdad de condiciones.

Sin embargo, desde la oposición, el senador Juan Antonio Martín Del Campo (PAN) respaldó la decisión del Comité de Evaluación, argumentando que la suspensión refleja los problemas de una reforma apresurada que pone en riesgo la independencia judicial. Abogó por detener el proceso hasta garantizar su equidad y señaló la importancia de respetar las decisiones judiciales.

Mientras tanto, el senador Waldo Fernández González (PVEM) enfatizó la necesidad de avanzar en la reconstrucción del Poder Judicial como parte de la pacificación social del país, lamentando lo que describió como una resistencia arbitraria del Poder Judicial a las reformas aprobadas por el Congreso.

En el debate, también se destacó la postura de la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca (PRI), quien instó a la clase política a trabajar unida en beneficio de la ciudadanía y a garantizar un marco democrático que responda a las necesidades de la nación.

El tema, cargado de implicaciones legales y políticas, continúa dividiendo opiniones, mientras el país observa cómo se desarrollará este enfrentamiento entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un contexto de reformas clave para el futuro de México.