Por: Gabriela García

Activista del Movimiento Antorchista

Resulta muy contradictorio que las constructoras hagan miles de costosas viviendas que van destinadas a la venta cuando la gente recibe un salario muy bajo y se está pasando por una crisis económica e incertidumbre laboral agravada por la pandemia, es verdad que representa una ventaja el que estos fraccionamientos cuenten con todos los servicios y permisos del gobierno.

La única explicación es que las empresas se benefician económicamente y ofrecen contratos ventajosos dado que los inversionistas tienen todo el apoyo gubernamental para garantizar la ganancia, que es el objetivo que mueve a la iniciativa privada y como ejemplo tenemos a Bugambilias, Las Quintas, Villas y San Agustín. En cambio, son graves los problemas de las colonias populares en las que las familias compran un terreno que luego lotifican con la unidad el esfuerzo de los beneficiarios y aquí, en lugar de contar con el apoyo de los gobiernos resulta que no se les da permiso de construir, luego se niega la posibilidad de conectar los servicios elementales argumentando que son colonias irregulares.

Es notorio que los constructores mueven sus influencias y tienen a servidores públicos que los orientan y ayudan a cambio de algún beneficio económico por proyecto o de forma permanente, o bien ellos mismos son accionistas de estas compañías. En cambio, en el segundo caso siempre se han marginado por no contar con gente dentro del servicio público que les pueda orientar y agilizar los trámites de regularización, luego facilitar la introducción de agua potable, drenaje, electrificación, pavimentación de calles, en fin, atender a esta gente que no pudieron acceder a los créditos en programas  como el Fovissste e Infonavit.

En consecuencia, las familias tienen que comprar un lote irregular a bajo precio con la finalidad de edificar el patrimonio de acuerdo a sus posibilidades en la que van construyendo de cuarto en cuarto para completar y dar a su familia una vivienda digna sacrificando la alimentación, el vestido, calzado o educación.  La población no tiene otra salida, es por eso que  buscan un lugar alejado de la zona urbana para ya no pagar renta, pues ésta más el incremento del costo de los servicios son un barril sin fondo, pero al mismo tiempo ha provocado el crecimiento sin planificación en las orillas de las ciudades.

En Guadalupe, Zacatecas existen extensas zonas urbanas que se fundaron por esta vía, según estimaciones son unos 230 asentamientos, cerca del 50 % de la zona urbana las que enfrentan la situación de irregulares, sin servicios, llenas de basura e incomunicadas, son, entre muchas otras, Tierra y Libertad, Arte Mexicano, San Judas Tadeo, Jorge Obispo, etc.

Han pasado distintas administraciones municipales y no han logrado o  no han querido intervenir en el ordenamiento territorial a pesar de que el lograrlo sería en beneficio a las arcas municipales porque aumentaría la recaudación fiscal por el pago del impuesto predial.

Al inicio de la administración del morenista Julio Cesar Chávez Padilla, sus funcionarios fueron a domicilios para ofrecer que una vez asumiera el cargo todo cambiaría y sería un paraíso, pero  hoy que termina el trienio ya no se han parado en estos sitios, por lo que se descubre que todo fue un engaño más, porque no llegaron programas sociales que se ofrecieron como la panacea social y tampoco existe obra pública que mejore el entorno y brinde mejores condiciones de desarrollo para abandonar la marginación.  

Por lo dicho, urge que la gente acepte el engaño de que fue víctima y los vecinos se organicen con la finalidad de ir resolviendo los problemas en colectivo para poder lograr desarrollo y progreso en colonias populares por medio de la gestión social en el gobierno municipal, estatal y federal para lograr un pedacito de tierra en este hermoso país y den a sus familias un lugar en donde vivir.