Al reiterar su compromiso y exigencia por la justicia, la veracidad y el irrestricto respeto, divulgación y salvaguarda de los Derechos Humanos, el Senador de la República, David Monreal Ávila indicó que en el suelo de Tlatlaya y de las fosas clandestinas de Iguala, emergen las consecuencias de un Estado que se convierte en el lobo de sus habitantes.

 

Donde no impera el Estado de derecho, y en cambio, la corrupción se disfraza de legalidad, la impunidad se legitima en la retórica de las autoridades involucradas y responsables.

 

Abundó al decir que es donde el sufrimiento, el dolor y el miedo se entretejen en la vida cotidiana de millones de mexicanos, y se diluye en la esperanza de que un día las cosas puedan cambiar”.

 

Relató: Dos de octubre de 1968, jueves de Corpus de 1971, Aguas Blancas en 1995, Acteal de 1997, Viejo Velazco y San Salvador Atenco en 2006, y ahora Tlatlaya e Iguala en 2014, han sido actos inhumanos que consistieron en asesinatos, persecuciones o abusos excesivo de la fuerza, contra la población civil por motivos sociales y políticos, perpetrados por las autoridades o por particulares que actuaron bajo su tolerancia.

 

En todos estos casos, el Estado mexicano es el responsable por acción y omisión de dichos actos, que bien se pueden considerar muchos de ellos de Lesa Humanidad, y que nunca se han esclarecido, y lejos de los discursos de Estado, no ha existido una verdadera intención de frenar este tipo de actos inhumanos e indignantes en contra de la sociedad, mucho menos han asumido su responsabilidad.

 

Ante estas fechorías, los tres órdenes de gobierno y su élite política, siguen pugnando por difundir una realidad utópica, en contraste, la sociedad civil se mantiene expectante, temerosa, refugiada en movimientos y luchas sociales.

 

“Se admita o no, el Estado ha fallado en una de sus principales y primordiales funciones, preservar la paz y garantizar la vida a sus pobladores”.

 

Se tiene un México bárbaro, hoy en día, la violencia extrema configura la forma suprema de definición de asuntos públicos ante la imposibilidad de resolverlos por vías institucionales y pacíficas.

 

Abundan los escenarios en que policías reprimen con saña por el mero gusto de mostrarse superiores; ministerios públicos que consideran el debido proceso como mero accesorio y como el asesinato de una veintena de personas en Tlatlaya, Estado de México para  posteriormente tratar de encubrirlo; o ahora el caso atroz, inhumano e indignante, donde el crimen organizado legalizado como parte de la policía municipal detiene y ejecuta a 17 estudiantes normalistas y desaparecen a 43 más, cuyos presuntos restos ahora comienzan a emerger de fosas clandestinas, con marcas de terror.

 

Es inaceptable cualquier tipo de represión a la protesta social, pero más aún es indignante cuando esto ocurre contra estudiantes, porque no es un delito manifestarse, ¿Quién va a resarcir el dolor de las familias que han perdido a sus hijos?, desde aquí me uno al sufrimiento de las familias de los estudiantes y personas asesinadas en los hechos de Iguala.

 

Son más que evidentes las acciones del Estado en contra de la sociedad, pues diversos han sido los mecanismos que ha utilizado para descalificar las protestas civiles que no tienen otro objetivo que el de mostrar su inconformidad con todos los actos de atropello a sus libertades y derechos establecidos en la Constitución Política Federal.

 

Además de la vida que les arrancaron a los estudiantes normalistas, a la gente de Iguala le han robado su libertad, su derecho a vivir bajo la protección del Estado, han llenado sus vidas de miedo, pero sobre todo les han arrebatado su tranquilidad.

 

Exigió castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, reparación integral del daño y adopción inmediata de medidas, ante estos indignantes hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, de los cuales el Estado mexicano es responsable.