Por Osvaldo Avila Tizcareño  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene los derechos y obligaciones de los ciudadanos del país que se lograron con la lucha histórica a través de los movimientos revolucionarios que modificaron la estructura económica y la perspectiva social, así se concibió la ley de leyes que actualmente nos rige: en 136 artículos y 19 transitorios se precisan las garantías individuales y determina quién es el responsable de ejecutarlas, así como los mecanismos con los que cuenta el ciudadano para hacerlos efectivos.

Nuestra Carta Magna es un documento íntegro que contempla todas las aristas de una sociedad dinámica y multicultural, por lo que de cumplirse a cabalidad la ley, sin duda, existirían condiciones óptimas para la convivencia social y, a la par de ello, se lograría un nivel mínimo de bienestar para la mayoría de los mexicanos.

Por esa razón, se requiere con urgencia que lo anterior se haga efectivo, pues hoy vivimos un momento particularmente complejo, donde día a día la inmensa mayoría de ciudadanos ha constatado que crecen los problemas en todos los ámbitos; existe una terrible crisis de inseguridad que le cuesta la vida a centenas de mexicanos; suman más de 132 mil víctimas en lo que va del actual sexenio.

Por otra parte, la inflación alcanza casi dos dígitos y el precio de algunos productos resulta inalcanzable: el tomate cuesta más de 15 días, el aceite comestible casi 50 pesos; las tortillas, más de 20; el gas, 700 pesos y a pesar de la promesa de bajar el precio de las gasolinas a 10 pesos esta hoy ronda los 23 pesos, y francamente es inalcanzable la canasta básica.

Además, el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos es histórico, a pesar de la promesa reiterada de resolverlo, ahora se alega incapacidad para la distribución, pues según se afirma los fármacos existen en bodega, pero el primero de septiembre el presidente Andrés Manuel y su funcionario estrella, Hugo López Gatell, iniciaron una cruzada contra las llamadas farmacias similares que son las únicas a las que tiene acceso la población a falta de un sistema de salud pública eficaz.

A esto se suma la ausencia de servicios de calidad como el agua entubada, la energía eléctrica, la pavimentación de calles o carreteras dignas que son el resultado de la política centralista que ha desaparecido programas como el ramo 23 o el 3×1 y así podríamos seguir enlistando los males que vivimos, pero basta decir que resulta francamente inconcebible tal circunstancia, pues existe el marco legal que daría pie a una situación distinta. Por eso se requiere con urgencia acompasar lo estipulado en la carta magna con la realidad diaria, como ejemplos, cito algunos de los artículos para constatar la terrible incongruencia. Veamos.

Artículo 3: Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado – Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Artículo 4: Toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Artículo 6: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 9: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

La enumeración anterior es tan sólo una muestra de la existencia de la referencia legal que debería ser efectiva; del artículo 1 al 29 están contenidos los derechos humanos y las garantías individuales, y como ha quedado demostrado, derechos elementales como la libertad de expresión, la libre asociación, el derecho a la educación, la salud, la alimentación o la vivienda son garantías elementales a las que tenemos derecho, pero como apuntaba al principio la crisis generalizada en todos los ámbitos da cuenta de la incongruencia entre la realidad y lo contenido en la ley.

Por todo esto, es necesario que entendamos con urgencia la apremiante necesidad de la conformación de una gran fuerza social que haga efectivos los derechos y que sin miedo a represalias levante la voz, que no admita excusas o infinidad de limitaciones presupuestales, que entienda bien que a pesar de que los gobernantes juraron harían valer la ley, sólo el pueblo organizado logrará hacerlo efectivo.

Sorteando múltiples dificultades, eso hemos hecho los antorchistas por más de 48 años, pero hoy más que nunca se requiere del pueblo organizado que asuma una actitud firme y decidida ante retos presentes y futuros a pesar de los peligros que deba enfrentar. Consciente de la situación viene a mi memoria un fragmento de la poesía Desafío Postrero, de Ismael de la Serna: “Yo llevo en mi espíritu encendida, la hermosa luz del entusiasmo ardiente; yo amo a la libertad más que a la vida, yo no nací para inclinar la frente”.