El adeudo contable que dejó la Administración gubernamental anterior es del orden de 2 mil 200 millones de pesos, afirmó durante conferencia de prensa Alejandro Tello Cristerna, secretario de Finanzas.

Ante este desfalco financiero  el Contralor Interno del Estado, Guillermo Huizar Carranza, anunció el desarrollo de una minuciosa investigación para fincar responsabilidades, y se comprometió a entregar los primeros resultados en sesenta días.

Acompañado por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado y el Contralor Interno, el titular de la SEFIN destacó que, si bien la situación financiera es delicada, la capacidad de gestión del Gobernador Miguel Alonso Reyes permite dar viabilidad a lo que resta del año. El gobierno no puede parar, la obra pública no se puede suspender, ni se puede dejar de prestar los servicios a la población, aseveró Tello Cristerna.

El secretario aclaró que, al cierre del mes de agosto, los pasivos eran de 2 mil 400 millones de pesos, pero que, en virtud de que ya se han estado liquidando algunas cantidades, a la fecha la suma del desfalco financiero es de los dos mil 200 millones de pesos.

Subrayó que el endeudamiento con uno o varios bancos no es por ahora una alternativa viable para superar la difícil la situación financiera, sino que, en primera instancia, la mejor opción es, con el apoyo de los legisladores federales, solicitar al gobierno de la República una aportación especial, un recurso extraordinario, para salir del adeudo a corto plazo.

De manera objetiva y enunciativa, el titular de la SEFIN desglosó  el adeudo contable heredado por la anterior Administración estatal y dijo que el monto contempla cheques emitidos pendientes de fondear, cheques pendientes de emitir, acreedores diversos, contribuciones por pagar, documentos por pagar a corto plazo y retenciones en nóminas por pagar.

También, créditos a largo plazo, adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adeudo con el INFONAVIT y pasivos PPS, correspondientes a la construcción de Ciudad Gobierno, adeudo relativo a la construcción del nuevo Hospital General y adeudo que corresponde al proyecto de industria aeroespacial.

Tello Cristerna indicó que la suma total de los compromisos a corto plazo, con algunas salvedades, es de 1 mil 258 millones de pesos, muchos de los cuales en una u otra forma tienen que estarse cumpliendo.

Asimismo, dijo que los adeudos a mediano plazo, para el ejercicio 2011 -esto es, los que no es necesario pagar de inmediato y se les puede dar cauce el año entrante- son retenciones en nóminas por pagar; es decir, planes de previsión social, documentos por pagar a largo plazo y, por último, Ciudad Gobierno, un adeudo identificado a mediano plazo por el orden de 489 millones de pesos.

Más adelante, explicó que a largo plazo están los compromisos correspondientes a los créditos que van venciendo de manera natural del 2012 al 2016, y que son del orden de 455 millones de pesos.

Informó que existen convenios firmados con la federación en distintos rubros, que van del orden de 110 millones de pesos. “Aquí no hemos podido cumplir nuestra parte, ahí está el recurso federal, no tenemos la liquidez inmediata para cumplirlos”. Además, añadió, “tenemos un adelanto en el gasto educativo que no significa concretamente un adeudo, pero que si llega diciembre y nos dan una ampliación presupuestal, se convertiría en una falta de liquidez para poder cumplir al magisterio”.

Afortunadamente, explicó el Secretario Tello Cristerna, mediante gestiones del Gobernador Alonso Reyes y de los legisladores federales zacatecanos, hay la posibilidad de que se haga a Zacatecas esa ampliación presupuestal; es decir, que se nos tome como una ampliación 300 millones de pesos. Si logramos este recurso extraordinario, sólo de esa manera lograremos darle la viabilidad a los meses que restan de año en las distintas, aseveró el funcionario.

El contralor Huizar Carranza  consideró que la delicada situación financiera del Gobierno del Estado es producto del exceso en el ejercicio del presupuesto. De haberse respetado éste, en los términos en que fue aprobado, no tendríamos los problemas por los que vamos padeciendo. La disposición constitucional obliga a los funcionarios públicos  a nunca erogar ninguna cantidad que no esté previamente aprobada en el presupuesto, estableció.

Por su parte, el Oficial Mayor Le Roy Barragán Ocampo, afirmó que en el 2004 el Gobierno del Estado tenía 5 mil 631 trabajadores de base, de contrato y de confianza, y que al término del sexenio cierra con 8 mil 079, esto es, 2 mil 348 trabajadores más, más lo que incrementó la nómina del ISSSTEZAC, situación que está en revisión en coordinación con el sindicato.

“Desde luego, no estamos con la intención de violentar ningún derecho de los trabajadores, en la revisión tendremos mucho cuidado con este aspecto de los derechos laborales y, en su caso, los empleados de confianza o de contrato que tuvieran que irse por alguna razón, serán liquidados conforma  al ley”, puntualizó el oficial mayor.