Con el pretexto de combatir al crimen organizado, el gobierno de México aceptó el establecimiento de agencias de seguridad y espionaje de Estados Unidos en territorio nacional, quienes califican el desempeño de militares y policías y controlan todo lo que ocurre en el país; lo cual demuestra “una política entreguista de la soberanía nacional”, denunció el senador del PRD, Carlos Sotelo García.

En el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, el legislador hizo un llamado a los diputados federales a no convalidar una ley que garantice el establecimiento de un gobierno “autoritario, una dictadura que pueda enviar al Ejército mexicano contra huelguistas, luchadores sociales y conflictos electorales”.

El vicecoordinador de los senadores del PRD, integrantes del Frente Nacional Patria Para Todas y Todos del Partido de la Revolución Democrática y miembros de organizaciones sociales realizaron una clausura simbólica del edificio ubicado en Paseo de la Reforma 265, lugar donde, aseguraron, opera la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) del Plan Mérida.

Carlos Sotelo afirmó que este edificio “es el cuartel general” de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y de Defensa de Estados Unidos, donde operan los agentes del Pentágono, de las agencias Central de Inteligencia (CIA) y Federal antinarcóticos (DEA), así como de los burós Federal de Investigación (FBI), y de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), entre otros organismos que investigan a las organizaciones del crimen organizado y vigilan a dependencias gubernamentales como las secretarías de Marina, de Defensa Nacional y Seguridad Pública.

El legislador colimense señaló que con la Iniciativa Mérida, aprobada por el Congreso federal estadounidense con el pretexto de apoyar a México en la lucha contra el crimen organizado, Felipe Calderón negoció y aceptó el establecimiento de centros de espionaje de EU en territorio nacional para fortalecer una supuesta lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad sólo favorece los intereses geopolíticos y a los vendedores y traficantes de armas de aquel país.

Indicó que al negarse rotundamente a combatir el lavado de dinero del crimen organizado y sólo enfrentar de manera territorial a los cárteles de la droga, el gobierno estadounidense genera una espiral de violencia y sangre que en los últimos años ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos.

Dijo que esta guerra es una “impostura”, ya que sólo beneficia a los vendedores y traficantes de armas de Estados Unidos (…), a los banqueros y empresarios estadounidenses y mexicanos que se llevan la parte del león en el jugoso negocio del lavado de dinero del narcotráfico. Los verdaderos barones de la droga no están en la sierra de Sinaloa o Michoacán, sino en las mullidas oficinas de los centros bancarios de Miami y Nueva York”.

“Nunca en la historia reciente de nuestro país, nuestros militares, marinos y policías habían estado tan entregados a un gobierno extranjero. Sin invadir nuestro territorio, el gobierno de Estados Unidos, desde aquí, desarrolla una guerra contra el pueblo de México, aparentando una guerra contra el narcotráfico”, expresó.

Acompañado por integrantes del PRD, como Saúl Escobar, Mónica Soto, Camilo Valenzuela y Lucio Borreguín, Carlos Sotelo dijo que “ante la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para contener la actividad de los cárteles de la droga, las agencias de inteligencia de Estados Unidos controlan todo lo que ocurre dentro de territorio nacional”.

Alertó que desde el edificio de Reforma 265 los agentes estadounidenses diseñan programas de certificación para los altos mandos de la PGR y las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad Pública; es decir, “agentes extranjeros califican la capacidad técnica y profesional de nuestros militares y policías para enfrentar al narco”.

Incluso, aseguró que con la complicidad de Felipe Calderón, el gobierno de EU tiene contemplado el ingreso a territorio mexicano de “mercenarios de élite bajo el esquema de agentes de empresas de seguridad privada, supuestamente también para coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico, (lo que significa que) serán impunes en casos de daños colaterales contra civiles inocentes”.