Consciente de la necesidad de transparentar las actividades gubernamentales, la candidata al Senado por la coalición Todos por México, Claudia Anaya Mota, aseguró que trabajará desde el Senado de la República para aprobar la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, armonizándola con el marco jurídico existente.
La aprobación de este instrumento jurídico tiene como objetivos: Homologación de procesos a nivel federal, estatal y municipal; maximizar la digitalización de trámites a fin de evitar prácticas de corrupción en servidores públicos; reducir la discrecionalidad y por lo tanto la opacidad en el uso de recursos públicos, el fraccionamiento de grandes contratos para incentivar la participación de medianas empresas y empresas locales.
Dar máxima publicidad a la información relevante, principalmente de los contratos con disponibilidad total de la información; preferencia de contratación para empresas sustentables, socialmente responsables y con mayores índices de transparencia y la calificación y certificación nacional a proveedores del sector público.
Todo eso “conllevará a tener un Registro Nacional de Proveedores, de modo que no sea necesario integrar en cada proceso de contratación los expedientes completos, sino que el sistema valide de acuerdo a su evaluación e historial, la factibilidad de un proveedor”.
Claudia Anaya señaló que la ley de contrataciones de obra pública debe estar estrechamente vinculada con las diferentes leyes e instrumentos existentes para transparentar las actividades gubernamentales, “pues es precisamente a través de las obras de infraestructura donde se han denunciado más casos de corrupción en el país”.
Consideró que “entre más abiertos sean los procesos de contratación de obra pública, entre más sistematizados sean los procesos gubernamentales, cuánto mayor acceso a la información pública tengamos como sociedad, será más fácil erradicar la corrupción y contar con obras de mayor calidad”.
Por último, aseguró que “desde Congreso de la Unión, no solamente debemos aprobar iniciativas de ley que den mayor certeza a los procesos y que den mayor confianza a los ciudadanos respecto a las actividades gubernamentales; además de aprobar, hay que estar pendientes de la implementación de cada uno de los instrumentos jurídicos que nos damos como país, para verificar que cada ley aprobada cumpla con la exposición de motivos que la fundó”.