6 de agosto de 2015

Reclamamos al Gobierno de la República  el cumplimiento de las promesas sobre el respeto  a nuestras garantías constitucionales

 

* Por la vía del hecho se nos niega justicia, educación  de calidad y desarrollo social

 

AL LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

Presidente de la República

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

Una y otra vez, por todos los medios a nuestro alcance, hemos demandado al GOBIERNO DE LA REPÚBLICA que resuelva graves problemas que afectan a la seguridad y a la vida digna de millones de mexicanos, problemas que, de acuerdo con la ley que nos rige, corresponde resolver a ese nivel de gobierno. Una y otra vez, por medio del encargado directo de atender nuestros asuntos, el señor Subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava, se nos ha dicho y repetido que todos nuestros reclamos son absoluta y completamente justos y apegados a derecho y que, por tanto, serán atendidos, nunca se nos ha dicho o insinuado siquiera que lo que pedimos contravenga alguna disposición legal o sea un imposible. No obstante, sin faltar a la verdad, casi todos los asuntos están en la misma situación que cuando fueron expuestos por vez primera, se encuentran en punto muerto y algunos, incluso, han empeorado drásticamente. Quede constancia pública en esta ocasión, como indicador inobjetable de la resistencia oficial a culminar las soluciones, así como de nuestra indiscutible paciencia, que sólo en los últimos seis meses el citado funcionario federal ha cancelado las reuniones en 19 ocasiones, la última de las cuales –hasta ahora- tuvo lugar apenas el pasado martes 4 de los corrientes en que fue pospuesta, sin hora ni día precisos, “hasta la semana próxima”.

Sobre el escritorio del Subsecretario de Gobernación esperan soluciones desde hace muchos meses, e incluso varios años, los siguientes problemas que afectan gravemente a cientos de miles de mexicanos de los que ya están bastante empobrecidos y marginados:

 

¡JUSTICIA, SEÑOR PRESIDENTE!

 

EN EL ESTADO DE MÉXICO, están a punto de cumplirse dos años del secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, padre de nuestra compañera, la Lic. Maricela Serrano Hernández, actual diputada federal electa. Cada vez está más claro que ese crimen tuvo un móvil político: amedrentar a Maricela Serrano, en ese entonces alcaldesa de Ixtapaluca, y junto con ella a todo el antorchismo nacional, y hacer que renunciáramos a nuestra lucha por sacar a ese municipio del atraso en que caciques enquistados en el PRI lo habían tenido.

Después de una declaración con amplia cobertura mediática nacional, aparecida hace casi un año, y la presentación de algunos sujetos que se dijo eran los responsables de los delitos mencionados, las autoridades de la PGR dieron por zanjada la cuestión y no se ha vuelto a poner atención a los reclamos de justicia verdadera. A estas alturas, ni siquiera se ha terminado de demostrar la culpabilidad de los detenidos como autores materiales y no se les ha consignado por delincuencia organizada, en el expediente no aparece el móvil del crimen ni el detalle de cómo secuestraron a la víctima, lo que abre la nada remota posibilidad de que simplemente se les haya inventado un delito del que a la postre se librarán; además, y como dato muy representativo de lo que sucede con frecuencia en nuestro sistema de justicia, el jefe de la banda, el enlace con los autores intelectuales, “sufrió un ataque y murió en un hospital”. No hay, Señor Presidente, ninguna investigación que lleve a la captura de los que ordenaron el crimen, a pesar de que hay señalamientos concretos que involucran a Armando Corona, diputado local priista del Estado de México. Tan burdamente construido está el caso que ni siquiera ha sido entregado el cuerpo de la víctima a sus familiares, a pesar de que, según las autoridades, los “autores materiales” confesaron su responsabilidad y dijeron en dónde estaban el cuerpo de don Manuel Serrano y de otras víctimas que supuestamente también habían secuestrado. Esa impunidad ha abierto el camino a nuevos crímenes contra antorchistas: dos nuevos secuestros, que han sido hechos del conocimiento de las autoridades, y multitud de anónimos reivindicando los crímenes y lanzando bestiales amenazas de nuevos ataques. ¿No es el Estado mexicano el encargado único de garantizar la seguridad y la justicia a todos los mexicanos sin distinciones?

EN EL ESTADO DE OAXACA, los campesinos de Santo Domingo Yosoñama son asesinados por defender sus tierras de los embates de un grupo criminal fuertemente armado y enquistado en Mixtepec, un municipio vecino. Cuando planteamos el problema a la Segob y al gobierno de Oaxaca, al inicio de esta administración federal, habían sido asesinadas cinco personas, entre ellas Miguel Cruz José, integrante de nuestra Dirección Nacional; al día de hoy, la cifra ya llegó a 21, entre las que se cuentan niños de no más de 10 años que fueron balaceados y calcinados bestialmente junto con sus padres. Sin duda estamos ante una de las peores masacres ocurridas recientemente en el país, pero no hay un solo responsable detenido y nunca se han cumplido los ofrecimientos de la Secretaría de Gobernación: resolver el conflicto y desactivar a la mafia que ahí opera.  De cinco ocasiones que el Gobierno de la República nos ofreció reunirnos con el gobernador Gabino Cué y otros actores políticos con influencia en la zona, no se cumplió ninguna, ni hay fecha próxima para abordar el asunto. Al parecer, veintiún vidas segadas de mexicanos no son suficientes para declarar prioritario un asunto.

 

¡EDUCACIÓN DE CALIDAD Y APLICACIÓN DE LA LEY!

 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, como en otras partes del país, la educación está literalmente concesionada al grupo de golpeadores de la CNTE que se opone, entre otras cosas, al programa Escuela de Tiempo Completo, que forma parte de la nueva Ley de Educación. No hay ningún argumento para su oposición; simplemente, la educación ahí es controlada por una mafia que hace y deshace a su antojo en las escuelas con la abierta complicidad del gobierno que ha quedado documentada en múltiples ocasiones. Nuestra organización, junto con muchos miles de michoacanos, exige que esas escuelas sean liberadas del control mafioso que padecen y se conviertan en centros educativos de tiempo completo. La respuesta oficial ha sido la misma: promesas de solución absolutamente incumplidas. Quizá sea representativo de la connivencia oficial, la paladina declaración de Armando Sepúlveda López, secretario de Educación en el estado de Michoacán, en el sentido de que el Tiempo Completo y la planta de profesores no se les autoriza a tres escuelas primarias porque él “tiene compromisos”. Aquí también Señor Presidente, sólo pedimos que se cumpla la ley.

 

¡LOS PROGRAMAS SOCIALES NO DEBEN SER RETENIDOS!

 

Desde el año pasado, coincidentemente con el inicio de nuestros reclamos en los puntos arriba mencionados, el Gobierno de la República ha congelado el suministro de apoyos sociales que mexicanos pobres recibían en varias entidades, una especie de venganza para castigar su protesta legítima. Se trata de pequeños apoyos para mejorar su vivienda mediante programas de la SEDATU y para apoyar la producción agropecuaria mediante programas manejados por la SAGARPA. De igual manera, se ha tornado lenta, hasta casi paralizarse, la asignación de recursos gestionados por nuestros compañeros diputados para realizar obras públicas en varias entidades, y no se entregan los recursos a los que tienen derecho municipios gobernados por antorchistas, como Chimalhuacán e Ixtapaluca, que entre ambos suman una población superior al millón y medio de habitantes; tampoco se cumple con la entrega de los terrenos para crear el Centro Estratégico de Recuperación Ambiental de Oriente, que dará empleo a 50 mil familias de Chimalhuacán. Sobre todos estos asuntos hay acuerdos, fechas y montos para liberar recursos públicos a familias que acrediten necesitarlos, pero en la realidad no hay ningún avance.

Señor Presidente: Muy atenta, pero apremiantemente, solicitamos que el Gobierno de la República cumpla sus compromisos y haga cumplir la ley. Nada más.

 

MUY RESPETUOSAMENTE

 

LA DIRECCIÓN NACIONAL

DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA