La Unidad Técnica de Fiscalización del INE, identificó gastos de los partidos políticos a través de publicidad, y no permitidos por la normativa vigente aplicable para la Revocación de Mandato, de acuerdo con el informe de los gastos de los partidos políticos, y de las actividades de fiscalización.

El Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que el es un informe de “no es concluyente y, en este momento al menos, no resulta vinculante, sólo es descriptivo de la actividad de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Y explicó que son los resultados de observación, monitoreo y, en su caso, solicitudes, emplazamientos de información para establecer hechos, pero aclaró que podrían derivarse conductas que, probablemente, constituyan infracciones a la normatividad.

Y recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando declaró concluido el proceso de Revocación de Mandato, ordenó al INE y a la Sala Especializada “continuar los procedimientos iniciados y, en su caso, investigar hechos que pudieran constituir infracciones a la ley en la materia”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, agradeció a la Comisión de Fiscalización la presentación de este informe y recordó que “no está haciendo nada más que atender los mandatos que le ha dado este Consejo General”.

Córdova diferenció que una cosa son los hallazgos y otra cosa es la imposición de sanciones. “Estoy seguro que los partidos que se apegaron a la ley, como siempre ha ocurrido, no serán objeto de sanciones; si hubo algún actor político que no se apegó a la ley, como siempre ha ocurrido también, va a ser objeto de sanciones en los términos de la Constitución y de la ley”.

Pero, aclaró, ése no es el momento del que estamos hablando. “Este es un informe en el que se presentan hallazgos y que se presentan justamente, el corte de caja, conforme a los lineamientos que han sido validados por el Tribunal Electoral”.

La consejera Carla Humphrey expuso que en este informe “si bien se tiene evidencia de conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad y que, de acreditarse, ameritarían la imposición de alguna sanción, en este momento no se hace pronunciamiento alguno, sino únicamente se da cuenta del hallazgo”.

Además, se pronunció a favor de “la propuesta que se presenta en el informe de que las irregularidades y demás infracciones que se detecten concluyan su análisis, no hasta la fiscalización de los informes anuales, pues ello implicaría una demora excesiva y pérdida del sentido de oportunidad”.