Los jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Lidia María Ortíz Carrillo, Raúl García Martínez y Miguel Ángel Zamudio Cortés compartieron a través de una Mesa Redonda denominada “Acceso a la Justicia con perspectiva de Género” sus experiencias, retos y visión sobre esta delicada tarea.

“Esta actividad dirigida al personal jurisdiccional de la institución obedece a la voluntad de las señoras y señores Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) para demostrar a la sociedad que verdaderamente se hace un trabajo transparente, siempre  al servicio de la impartición de justicia, principio básico del Estado de Derecho”, destacó la Licenciada Marisa Álvarez Crespo, Titular de Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos  del TSJEZ, quien fungió como moderadora del encuentro.

Miguel Ángel Zamudio Cortés, Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de la Capital resaltó que Zacatecas soporta una “Alerta de Género”, misma que implica la realización de determinadas acciones para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, por ello, en las competencias del Poder Judicial los juzgadores tienen diferentes tareas, una de ellas, el acceso a la justicia con perspectiva de género.

Señaló la importancia que implica identificar cuestiones de desigualdad e inequidad para poder resolver. Y puntualizó: “El juzgar con perspectiva implica motivar reforzadamente, identificar las alegaciones de violación de derechos humanos, revisar las categorías sospechosas que atentan contra la dignidad humana. Implica herramientas e instrumentos de análisis que nos lleven a que en la redacción de las resoluciones utilicemos un lenguaje adecuado, refiriéndonos a las partes por igual. La tarea que tenemos es identificar si entre los contendientes hay alguna categoría sospechosa, haciendo una acción afirmativa”.

Raúl García Martínez, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez, destacó desde el ámbito penal la importancia de “las medidas de protección” que son instrumentos procesales que han sido puestos a disposición de las víctimas para prevenir el delito, así como, evitar que se sigan surtiendo los efectos de la consumación del mismo.

Dijo que existen diez diferentes medidas de protección, de las cuales, hay tres particularmente que se relacionan con las funciones del juzgador: La prohibición de acercarse a la víctima, la limitación de acercarse a su domicilio y la separación inmediata del domicilio, esto cuando el imputado representa un riesgo para la seguridad de la víctima.

Destacó el uso del “Principio de la Buena Fe”, así como las consideraciones que debe tomar el juez y si las medidas son idóneas para eliminar el riesgo hacia la víctima, la temporalidad de la misma y la capacidad y responsabilidad de los operadores del sistema, como son los ministerios públicos y juzgadores.

Lidia María Ortíz Carrillo, juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de la Capital, hizo hincapié en que esta es una tarea que se realiza durante todo el procedimiento, es decir, no solo en la sentencia, lo que significa que todos y cada uno de los que participan en el proceso debe involucrarse.

Dijo que desde el ámbito familiar el aparato jurisdiccional tiene el reto de garantizar a las familias desintegradas los derechos que les corresponden, como es el acceso a los alimentos y la guardia y custodia de los menores, identificando las situaciones de desventajas entre las partes involucradas, ya sean de tipo económico o al tener una discapacidad, entre otros.

El magistrado Armando Ávalos Arellano, presidente del Tribunal Superior de Justicia, agradeció la asistencia y voluntad del personal para participar en esta actividad, así mismo, reconoció la preparación de los jueces para exponer temas tan sentidos como es el “Acceso a la Justicia con perspectiva de Género”.