Por Gabriel Contreras Velázquez

La gobernabilidad del país se despachará nuevamente desde la Secretaría de Gobernación. El modelo que la magistrada en retiro, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, propuso al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se acerca al enfoque tradicional del órgano político por antonomasia.

En un vuelco institucional, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto absorbió todo el entramado de seguridad pública, nacional e interior en una misma “súper-secretaría” de Gobernación, que hoy regresa a su naturaleza original: el vaso conductor entre las instituciones del estado. “La clave será el diálogo, diálogo, diálogo”, asegura Sánchez Cordero.

“Por instrucción de Andrés Manuel ya hablé con todos los gobernadores la noche del primero de julio. La orden fue mandarles un saludo y establecer un canal de comunicación abierta, institucional y cortés con todos.” Así, la magistrada en retiro inauguraba una nueva fase de integración y coordinación.

Al día de hoy, Sánchez Cordero, en reuniones ejecutivas, ha conocido de los problemas que requieren de atención prioritaria en al menos siete entidades. Sus interlocutores, como lo prometió al concluir la elección, serán los gobernadores.

Francisco Vega de Lamadrid por Baja California, Héctor Antonio Astudillo Flores por Guerrero, Miguel Ángel Riquelme Solís por Colima, Francisco García Cabeza de Vaca por Tamaulipas, Quirino Ordaz Coppel por Sinaloa, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano por Sonora, y Alejandro Tello Cristerna, por Zacatecas (el pasado viernes), han sido los primeros mandatarios en abrir diálogo con el próximo Gobierno Federal.

Todos ellos, y ella, convergen en un tema en común: la seguridad. La petición legítima para reforzar la política pública de mayor urgencia, habla de que los ejecutivos estatales no estaban del todo satisfechos con la estrategia para contrarrestar los efectos de la lucha contra el narcotráfico, con la administración de Enrique Peña.

Lo mismo que en la Conferencia Nacional de Gobernadores que en las reuniones uno a uno, es palpable la preocupación de los representantes de los 32 estados de la república. En los hechos, la inseguridad atraviesa por políticas inconclusas; esas mismas que heredarán los nuevos mandatarios de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Chiapas y Tabasco.

El gobierno de López Obrador cargará con la corresponsabilidad de la lucha contra el narcotráfico desde el día uno de su sexenio, el próximo mes de diciembre. La información que reciben de los gobernadores les ayudaría a comprender el contexto y el desarrollo en que se encuentra el fenómeno delictivo.

¿Reforzarán o modificarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Regionalizar la atención a las zonas que han incrementado sus indicadores de inseguridad? Los qué y los cómo de la coordinación entre entes de gobierno no son del todo claros. Hasta ahora lo que es ciencia cierta es que Morena se ha desdicho en regresar a los militares a los cuarteles. Confirmada también la desarticulación de la Secretaría de Seguridad Pública de la súper secretaría de Gobernación.

Ahora bien, en la Cuarta Transformación el “diálogo, diálogo, diálogo” y la gobernabilidad dependerán también de la apertura que reciban de otros poderes del estado. La crisis política en el seno del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, dejó sentir todo el peso de las mayorías de Morena en aquella entidad como en el Senado de la República.

En manos del coordinador de los senadores Ricardo Monreal Ávila, queda ahora la interlocución con el priista hidalguense Omar Fayad Meneses. El gobernador ha sido señalado de promover reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad para protegerse de la composición mayoritaria de Morena.

Las modificaciones que procesaron los diputados de la anterior legislatura, antes de ceder el cambio de poderes, quitan ahora la posibilidad de que un mismo partido (el de mayoría) encabece, por tres años, el órgano encargado de las finanzas y de repartir la integración de las comisiones, dando paso a la rotación de bancadas para dirigir la Junta de Gobierno.

De paso, los diputados salientes abrieron la posibilidad al gobernador de reestructurar y refinanciar la deuda estatal, y le autorizaron para poner en marcha proyectos de inversión en la superficie total de la reserva territorial de Zapotlán de Juárez, una vez que se constituya en garante, aval u obligado solidario, subsidiario o sustituto de obligaciones financieras.

El detonante: los trabajos de la última sesión ordinaria de la Legislatura saliente no se realizaron en el recinto oficial, sino en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma únicamente con la participación de legisladores del PRI, PRD, PAN, PES, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

La maniobra fue calificada como “furtiva” y germinó un escenario ideal para que Morena justifique ahora la injerencia de poderes en el estado de Hidalgo. El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, cercano al ala de poder de Enrique Peña e interlocutor con Omar Fayad, ahora intenta recomponer la vía política para salvar al gobernador.

#Casualidades: Poco a poco, pero el discurso de Judit M. Guerrero López ya toma otra forma. Como se dijo en este espacio en una entrega anterior, la presidenta municipal prometió al concluir la elección del 1 de julio “no dejaré deudas”. Ahora reconoce que los boquetes en las finanzas que heredará Ulises Mejía Haro ascienden a 146 millones de pesos.

Sin ser esta una cifra oficial, pues surgió como un mero trascendido, Judit sigue sin ofrecer información puntual sobre las condiciones de deuda, en el portal de transparencia del municipio. Pese a ello, INAI e IZAI otorgaron un reconocimiento conjunto al ayuntamiento en noviembre del 2017, por “la totalidad de la carga de información” que no proporcionaba datos actualizados.

Sobre las obras en el primer cuadro del Centro Histórico tampoco hay información pública consultable, y se desconoce si el proyecto continuará en las calles de González Ortega, Allende y Doctor Hierro, como se planeó originalmente.

Probablemente no le dure mucho el gusto a Judit Guerrero para presumir pasivos manejables. Esta misma semana el cabildo intentaría dar luz verde al arrendamiento parcial de luminarias en el municipio, y al proyecto de instalación de parquímetros. Ambos registrarían deuda adicional a 10 años por más de 230 millones de pesos.

Twitter: @GabrielConV